En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 22 de los 32 gobernadores de Colombia expresaron su profunda preocupación por la grave crisis que atraviesa el sector arrocero del país.
Los mandatarios departamentales advirtieron que la caída de los precios, el aumento de los costos de producción y la competencia desleal de las importaciones amenazan con llevar a la quiebra a miles de productores y poner en riesgo la soberanía alimentaria del país.
En el documento, los gobernadores solicitan al Gobierno Nacional la adopción de nueve medidas urgentes para rescatar al sector arrocero y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entre las peticiones se encuentran la reactivación del incentivo al almacenamiento, la creación de un fondo de estabilización de precios, el fortalecimiento del presupuesto del Ministerio de Agricultura y la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes.
"La caída de los precios por tonelada, de casi un 20% frente al 2024 y de casi 30% al 2023, amenaza a la mayoría de los productores con una posible quiebra que afectaría a toda la cadena; cultivo, transformación y agroindustria de este importante producto fuente de empleo e ingresos para 25.000 unidades productoras rurales, generador de 441.700 empleos directos", señala la misiva.
Los gobernadores resaltaron la importancia del sector arrocero para la economía colombiana y la seguridad alimentaria del país, al ser el arroz el principal cereal en la dieta de los colombianos: "Según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dentro del sector agropecuario y subsector agrícola aporta el 2.92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial".
Asimismo, alertaron sobre el riesgo de que la crisis actual genere un estallido social y que sea aprovechada por grupos armados ilegales para promover economías ilícitas: "Nos preocupa que no se encuentre pronta solución a las justas demandas de los productores de arroz, aunado a la difícil situación de orden público por la cooptación territorial ilícita de grupos armados al margen de la ley, quienes eventualmente ante la quiebra de los campesinos y productores arroceros, podrían aprovechar para promover con violencia las economías ilícitas", advirtieron.
La pregunta
Reactivar el incentivo al almacenamiento como herramienta de solución inmediata para los productores de cara a la cosecha 2025.
Crear vía decreto presidencial, el Fondo de Estabilización de precios para el arroz paddy, garantizando que el valor de la carga llegue a los precios requeridos, contemplando no solo la recuperación de costos sino la motivación de generación de valor agregado a la economía campesina local de su producción. Se sugiere un mínimo de $220.000 por carga.
Fortalecer el sector agropecuario a través de la inyección de presupuesto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para crear y financiar los fondos de fomento agropecuario, los fondos de estabilización de precios, los incentivos financieros, entre otros.
Fortalecer los instrumentos y/o productor del portafolio financiero ofrecido al sector arrocero, creando líneas de crédito flexibles, con plazos convenientes (mínimo a 12 meses, dando lugar a la venta oportuna de la cosecha conforme a los mejores momentos de demanda), modificando la clasificación de los agricultores ante la Comisión de Crédito, especialmente en las líneas de crédito e incentivos Finagro, para que independiente del área sembrada todos los arroceros puedan acceder a incentivos y tasas especiales.
Incluir dentro de la oferta de crédito, la financiación para el desarrollo y mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento de arroz, con el ánimo de regular el precio del producto en los momentos de taco de la cosecha (línea Finagro).
Velar por mantener, ampliar y proteger la producción nacional, a través del control de importación e imposición de aranceles a productos de origen extranjero, contemplando el aumento en los aranceles temporales o salvaguardas a la importación de arroz, con el propósito de evitar la quiebra del sector arrocero local y con ella el deterioro de la seguridad nacional, causal de excepción consagrada en el artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes para garantizar que dichos acuerdos no perjudiquen la producción nacional, a causa del cambio drástico en las condiciones durante las negociaciones y las condiciones actuales del mercado. Se sugiere reexaminar especialmente el acuerdo de la Comunidad Andina (CAN), con más de 50 años de suscripción, y aplicar salvaguardas para los acuerdos vigentes con Ecuador y Perú.
Intervenir el oligopolio de la industria molinera, como medida para controlar el precio del arroz e impedir la especulación que afecta directamente el costo de producción y el margen de utilidad por hectárea.
Priorizar el mejoramiento y mantenimiento vial en los principales corredores de tránsito agropecuario, con especial énfasis en las vías estratégicas para el arroz.
La carta, firmada por 22 gobernadores de diferentes regiones del país, concluye con un llamado al Gobierno Nacional para que proteja la producción nacional y salvaguarde el trabajo de los campesinos y agricultores: "Es nuestra responsabilidad darle al campo y a las manos que lo labran el valor que se merece".