Las responsabilidades que pueden asumir las regiones, entre los ajustes necesarios en el acto legislativo del SGP

La idea de modificar el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones que ya no será 46,5 por ciento, sino que la cifra quedará en 39,5 por ciento  y debe incluir, de acuerdo con varios expertos una actualización de las reglas fiscales subnacionales, y una reforma tributaria territorial.

Ya que aseguran que  hacer esa modificación es imposible sin una reingeniería del Estado, en donde se transfieran funciones del Gobierno central a los gobiernos locales. 

El cambio, de acuerdo con Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana debe transferirle competencias y funciones a los gobiernos locales, además de actualizar las reglas fiscales subnacionales y sacar adelante una reforma tributaria territorial que incremente capacidades para generar recursos propios y que también  fortalezca la transparencia, el acceso a información y la participación ciudadana en los gobiernos territoriales.

Mauricio Salazar, Director del Obsevatorio señaló que hay unas actividades que el Gobierno Nacional Central ha tomado de las regiones, "que podrían volver a retomar las zonas del país, como lo es el hacer colegios y eso según cálculos del Ministerio de Hacienda son 15 billones de pesos, entonces por ahí se empieza", dijo.

Salazar agregó que se podrían retomar proyectos de  políticas públicas, "se podría hacer todo lo que es el pago de renta ciudadana o el manejo de la justicia local que eventualmente se le podrían pasar de manera paulatina a las regiones. Este sin embargo, es uno de los puntos que hay que analizar con cuidado y profundidad por que requiere de una reingeniería del Estado para pasar funciones de un lado a otro y eso es lo que falta el estudio de esas funciones y cambios que no se han tenido en cuenta en medio de este acto legislativo y que es factible pasar del Gobierno Nacional a los locales".

Para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la labor de definir estas funciones es una tarea que tiene que pendiente el Gobierno Nacional.

En ese mismo sentido, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo apunta que el reducir el porcentaje del 46,5 al 39,5  por ciento y ampliar el período de transición de 10 a 12 años no resuelve el problema de fondo que es  la inflexibilidad del gasto público y la incapacidad de transferir competencias por 2 o 3 puntos del PIB. 

"Lo primero que se debe hacer es un estudio técnico que cuantifique cuánto gasto es posible trasladar y cómo se realizará, ya que transferir recursos sin mejorar los mecanismos de gestión y control probablemente generará ineficiencias, más allá de empeorar la ya delicada situación fiscal", argumentó

En la opinión de exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la  reflexión sobre las nuevas competencias y la reducción del Estado Central es lo que se tiene que definir.

"Esa discusión nadie la ha hecho hasta ahora, y es ahí en dónde yo siento que la decisión que se adopta es con un porcentaje salido de la manga, porque nadie tiene claro si ese es el monto o no, y si puede responder a las competencias que pueden asumir los entes territoriales o las entidades de la nación que se van a eliminar o a reconfigurar", detalló.

Restrepo agregó que esas entidades que podrían desaparecer aún no se conocen, "uno podría pensar que se trata del Departamento de Prosperidad Social, DPS; que tiene además una cantidad de gestiones en materia de educación y bienestar social. Esto también podría pasar con el Fondo de Infraestructura Educativa, que es el que se encarga de los colegios y que depende del Ministerio de Educación. Pero, eso nadie lo ha estudiado, en ese mismo sentido, tampoco se sabe si  existe capacidad de los entes territoriales para hacer esas infraestructura educativa. Todo esto debió pensarse antes de si quiera asignar una cantidad de ingresos  y es algo que no se ha evaluado".

De acuerdo con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el recortar diez puntos del gasto del Gobierno Nacional "para poder acomodar las mayores transferencias fiscales, no va a ser una tarea fácil, el dejar de recibir esos puntos va mucho más allá de los viáticos, de la papelería o  gastos que se pueden recortar. Esas decisiones tienen detrás un costo político, y nada de eso se puede hacer sin sacudir muchos sectores  que ya están acostumbrados a operar de una determinada manera. Por ejemplo, los recursos que van a la infraestructura para la construcción de vías".

Cárdenas enfatizó en que el punto de partida en el caso de la infraestructura está en que "la totalidad de la red secundaria y la red terciaria de vías deba ser mantenida y expandida por los departamentos y municipios. Pero lo mismo podría decirse de la red de transmisión eléctrica que lleva el servicio a los municipios. Esto podría quedar en manos de los gobiernos locales con los mayores recursos y eso que no hablamos de las necesidades de educación y salud que tiene cada territorio. Esto es lo que se debe evaluar yes muy complejo hacerlo en una legislatura".

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