Las movidas del Gobierno en sus procesos de paz a 11 días de terminar el año

A menos de dos años para que el gobierno del presidente Gustavo Petro culmine, y con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, la política de ‘paz total’ entró en fase de definiciones. Desde la oficina del Consejero Comisionado de Paz parecen ser conscientes de ello y durante los últimos días se han movido, junto con sus delegaciones, para dejar atados varios compromisos.

El más reciente, y quizás el que cobra mayor relevancia por el calibre del anuncio, es el acuerdo de cese del fuego firmado entre el frente Comuneros del Sur y la delegación del Gobierno, liderada por Carlos Erazo. Esta tregua, que se extenderá por 180 días, podría dar inicio de manera paralela con la concentración de los integrantes de ese grupo en zonas de ubicación temporal.

Esto quiere decir que el cese del fuego, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos de negociación, podría marcar el inicio del tránsito hacia la vida civil de varios de los integrantes de esta disidencia del Eln. De hecho, su principal vocero, Royer Edgardo Garzón Alvarado, alias Jairo, señaló que el objetivo es que varios de los integrantes puedan conformar un movimiento político en el futuro, tema para el cual el Gobierno ya estableció una comisión cuyo objetivo será analizar la viabilidad jurídica de este pedido.

“Esta concentración arrancará en la primera quincena de enero y se va a desarrollar durante un transcurso de dos meses. En la medida que Comuneros vaya saliendo del territorio, irá haciendo presencia la Fuerza Pública, primero a través de la Unipep (Policía de la Paz). El propósito es que no sea ocupado por otros grupos armados”, señaló Erazo.

El cese del fuego estará acompañado de un mecanismo de monitoreo y verificación que funcionará en Andes Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santa Cruz de Guachavés. El otro acuerdo alcanzado tiene que ver con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur. Aunque no se habla de fechas concretas, las partes indicaron que este procedimiento será realizado por el Gobierno y contará con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA).

Acuerdos en Medellín

18 meses después de que el Gobierno visitó la cárcel de Itagüí para instalar un espacio de conversación sociojurídica con los líderes de las 12 principales estructuras del crimen organizado de esa ciudad, se concretó el primer documento con acuerdos concretos. Son cinco puntos que tienen como propósito, según la delegación de paz que lidera la senadora Isabel Zuleta, desescalar la violencia en el Valle de Aburrá.

El más destacado -y el que más ha suscitado reacciones- es el compromiso de las bandas de cesar la extorsión en 25 barrios desde el 19 de diciembre y hasta el 19 de enero. Este delito fue uno de los que más creció durante la tregua firmada por las bandas el 1.° de septiembre del 2022. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre el impacto de la ‘paz urbana’ en la seguridad de las ciudades, durante los 606 días previos al cese se denunciaron 1.497 casos en los municipios del Valle de Aburrá y en los 606 que estuvo vigente el armisticio hubo 2.511. De ahí que desde el Gobierno insistan en este asunto.

“El esfuerzo de quienes lideran las estructuras es incentivar a quienes están activos para que desescalen este tipo de violencias relacionados con la extorsión. Eso no quiere decir que estos serán los únicos barrios sobre los cuales se estará trabajando, sino que hay un mayor compromiso sobre estos barrios”, señaló Zuleta.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, afirmó ayer que el objetivo es que este compromiso no tenga carácter temporal. “Frenar la extorsión en Medellín por un mes, pero buscamos que sea un acuerdo definitivo. Estamos ante un proceso inédito. Los procesos de paz de las bandas que implican recuperación del territorio”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

El primer mandatario no solo se refirió al proceso de Medellín, sino que también hizo una breve mención de los otros dos espacios que el Gobierno instaló. “Estos procesos que comenzaron en Quibdó, Buenaventura, Medellín y Bello deben traer seguridad de vida a la población”, añadió.

Sobre Quibdó, el hecho más significativo es el cese del fuego anunciado por los voceros de ‘Los Mexicanos’, ‘Locos Yam’, ‘RPS’, ‘Los Z’ y ‘Revolución Cabi’. En un pronunciamiento publicado la semana pasada, informaron que esta determinación se tomó luego de “extensas conversaciones” con voceros autorizados por la Presidencia de la República y que se extenderá hasta el 31 de enero de 2025.

Cada uno de estos procesos carece de certezas en términos de oferta jurídica para los miembros de estas agrupaciones armadas, lo que de cara al sometimiento representa un enorme reto para el Gobierno.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional declaró inexequible, a través de la sentencia C-525 de 202, que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que más de dos años después de la llegada de Petro aún no pasa por el Legislativo.

En los últimos días, el Gobierno también firmó un compromiso con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ -grupo surgido tras la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’- que dejó abierta la puerta para un plan piloto de sustitución de cultivos en 3.000 hectáreas.  

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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