Aunque aún resta por definir los tiempos, la ubicación exacta de las zonas y cuántos hombres se concentrarán, el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría adjudicarse un segundo éxito relativo en materia de paz —tras la entrega del material de guerra del frente Comuneros del Sur, en Nariño— si concreta la concentración de tropas del frente 33, estructura disidente que opera en la región del Catatumbo.
Parte del éxito del acuerdo firmado este sábado entre los voceros de las disidencias y la delegación de Gobierno, encabezada en esta ocasión por Gloria Quiceno, dependerá, como ya lo manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti, de que esto ocurra antes del próximo 18 de mayo, fecha en la que el decreto de suspensión de operaciones ofensivas contra esta estructura pierde vigencia.
“Lo primero que se busca es concretar los procesos de paz, y para ello se dio un plazo que debe vencer en los próximos días, en las próximas semanas. Si no se concentran, entonces se acaba la mesa de negociación”, sentenció el ministro este lunes, quien, no obstante, destacó que la situación “es una excelente noticia”.
‘Si no se concentran, se acaba la mesa de negociación’, dijo Armando Benedetti.
Foto:Presidencia
De igual forma, Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, vocero de esa estructura en la mesa de diálogo con el Gobierno, señaló en un video que la decisión tiene como sustento demostrar el “estado avanzado” en el que está el proceso.
“Lo que busca es ayudar a disminuir la intensidad del conflicto armado en el Catatumbo. No solamente con el silencio de los fusiles del frente 33, sino que, de verdad, ayude a generar tranquilidad y posibilidades de retorno a las comunidades desplazadas”, agregó.
También hay optimismo desde los firmantes del acuerdo, víctimas de la violencia en el Catatumbo. En un comunicado publicado este miércoles, saludaron la decisión del Gobierno y de las disidencias, aunque también reafirmaron que cualquier política o iniciativa de paz debe evitar el debilitamiento del acuerdo de paz de 2016. “Hacemos un llamado categórico al Gobierno Nacional a honrar la palabra empeñada en La Habana, Cuba”, indicaron desde el Consejo Nacional de Reincorporación.
Pese a este avance, que podría implicar la eventual desmovilización de cerca de 400 hombres (250 del frente 33 y el resto del refuerzo que enviaron desde otras regiones para combatir al Eln, según datos de inteligencia militar), persisten las dudas sobre por qué esta disidencia aceptó el ultimátum del Gobierno en un momento en el que están enfrascados en una guerra con el Eln.
Iris Marín, defensora del Pueblo, habló de sus dudas sobre el acuerdo.
Foto:Defensoría
Para los analistas, esta situación puede tener dos interpretaciones, además de la manifestada por ‘Andrey Avendaño’. Por un lado, podría haber un interés estratégico detrás, puesto que el grupo armado podría usar la protección que les brindará el Estado y la Fuerza Pública para reagruparse. De ahí que varios consideren fundamental avanzar en la dejación de armas como muestra de un verdadero interés por la paz.
La propia defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió los riesgos que implicaría para el proceso que lleguen a estas zonas armados.
“Según se conoce esta concentración se haría sin dejación de armas en una zona en la que se desarrollarían proyectos de transformación con participación de comunidades, esto mientras hay un conflicto armado entre el Eln y el frente 33. Si ellos no se van a desarmar, va a mantenerse ese conflicto armado y dada la participación de las comunidades, si no se toman las medidas necesarias, podría agravar la situación de riesgo”, dijo Marín este miércoles desde Cúcuta.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), también ha expresado una preocupación similar. “Esta situación plantea dudas sobre la viabilidad de establecer una zona de concentración en un territorio disputado por el frente 33, el Eln y la Fuerza Pública”, señaló.
Otra lectura está ligada a la derrota militar de esa disidencia, diezmada por el Eln. “La eventual y virtual desmovilización y dejación de armas del Frente 33 no es el resultado de una victoria militar o política por parte del Estado, sino de una victoria por parte del Eln, que es quien en realidad ha forzado esta desmovilización a partir de la ofensiva que desarrolló en los meses de enero y febrero”, señaló Jorge Mantilla, investigador en Conflicto y Crimen Organizado.
Fabio Valencia y Camilo González, voceros del Gobierno en la mesa con las disidencias. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Las semanas que vienen serán claves para conocer los pormenores y los protocolos para la preconcentración de las tropas. Aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre el funcionamiento de estas zonas, la Ley 2272 (‘Paz Total’) ofrece algunas pistas sobre las condiciones en las que podrían ser establecidas. El parágrafo 3 del artículo 8.º de la ley establece que estas no serán zonas de despeje, es decir, no implicarán la retirada de la Fuerza Pública ni la cesión del control militar y político al grupo armado.
Ante la poca información que ha trascendido, fue el propio ‘Andrey Avendaño’ quien confirmó que en este espacio esperan seguir trabajando en la agenda que se ha venido aprobando en anteriores ciclos de negociación y posibilitar el retorno de las personas desplazadas tras los enfrentamientos entre el Eln y estas disidencias en el Catatumbo.
Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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