Las lecciones que deja al país el segundo paro conjurado por el Gobierno en menos de 60 días

Cinco días duraron los bloqueos viales con los que campesinos y mineros de varias regiones protestaron por un conjunto de normas ambientales que los afectan. Esta gran jornada de manifestaciones, que paralizó al menos a 15 municipios de siete departamentos, fue la segunda en menos de dos meses.

Hace 52 días, la Casa de Nariño llegó a un acuerdo con los camioneros, que tenían incomunicada a buena parte del país. Sectores políticos destacaron entonces la efectividad de la administración Petro, que en cinco días selló un pacto con uno de los gremios con mayor capacidad de presión.

Pero desde ese mismo momento, varios analistas advirtieron que podría venir una ola de paros, pues ‘se le midió el aceite’ al Ejecutivo, que –en un hecho con pocos antecedentes– dejó sin efecto el decreto que incrementó el precio del diésel en 1.904 pesos.

Esta vez, el costo asumido por el Gobierno no parece tan alto. Ni los agricultores de Santander, Norte de Santander y Boyacá, ni los mineros de Antioquia, Córdoba, Caldas y Risaralda lograron la derogación del Decreto 044 de este año, que estableció los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, y que constituye el principal factor de malestar.

En el documento firmado con la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente se lee que “no hay acuerdo” sobre ese punto, mientras que en el suscrito con la Coordinadora Nacional Minera se plantea una “reunión de trabajo” con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, a más tardar el próximo 5 de noviembre.

En entrevista con EL TIEMPO, Muhamad aseguró que el objetivo de las distintas normas expedidas este año y de la Ley de páramos (Ley 1930 de 2018), actualmente en implementación, no es afectar la economía de las comunidades, sino empezar un proceso de transición hacia actividades de bajo impacto.

“Primero quiero clarificar dos cosas: uno, la propuesta del Gobierno Nacional es la formalización de la minería de pequeña escala y la minería de las comunidades tradicionales mineras. Esa ha sido la propuesta, inclusive en Santurbán. Pero tiene que ser con buenas prácticas, a la escala correcta y respetando la tradición de los mineros de Santurbán, de Vetas, de California, Suratá”, aseguró.

La alta funcionaria, que por estos días preside en Cali la COP16 de Biodiversidad, hizo énfasis en que estas actividades económicas deben ser de bajo impacto y con un necesario ordenamiento alrededor del agua. Dicha posición, según ella, aplica también para las comunidades agrícolas.

“¿Qué pasó en los páramos? Hubo una ley de páramos inicial, del 2013, que prohibió todo tipo de agricultura, y hubo una confrontación entre autoridades ambientales y campesinos. Pero luego en el 2018 el Congreso corrigió y dijo: ‘Sí puede haber campesinos en los páramos y puede haber producción, pero tiene que ser hecha de forma tal que proteja el agua’. Y esa es la transición a la que estamos invitando”, agregó.

La jefa de la cartera ambiental puntualizó que no es cierto que se quiera “acabar” con la minería y la agricultura. “Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo de una forma planificada y ordenando el territorio alrededor del agua como principio. Eso implica algunas diferencias en la forma de producción y las escalas de la producción, y ese es el debate concreto en el que estamos”, señaló.

La ministra resaltó que, si bien la minería debería estar completamente prohibida en los ecosistemas de páramo, el Gobierno reconoce la importancia cultural que esta actividad tiene para ciertas comunidades. “Si no fuera por el legado histórico de esas poblaciones, ahí no debería haber nada de minería. Pero entendiendo la tradición se puede hacer de una forma controlada y a pequeña escala. Ahora, si ya alguien quiere hacer una minería de mediana escala o de gran escala, pues no, no es posible”, subrayó.

En ese sentido, una de las buenas noticias del acuerdo firmado ayer en Bucaramanga es que reconoce la necesidad de una reserva temporal de los recursos naturales en el páramo del Almorzadero, “a efectos de prohibir la minería” hasta que se efectúe una nueva delimitación.

Muhamad argumentó que las protestas de la semana pasada, que produjeron millonarias pérdidas económicas, se deben a una interpretación errónea, en el sentido de “que vamos a acabar con toda la minería y toda la agricultura en esos territorios, lo que no es cierto”. Y señaló que no se puede distorsionar el Decreto 044 de 2024 diciendo, por ejemplo, que “en Santurbán vamos a prohibir el comercio, las vías o la agricultura”.

Otras normas en disputa

Entre las normas por las que protestan los campesinos se destaca la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de páramos. Dicha ley, que apenas se está implementando, busca delimitar tanto las actividades productivas dentro del ecosistema como la magnitud de estas.

Lo que piden los lugareños, en líneas generales, es que se extienda la frontera agrícola en los complejos paramunos de Norte de Santander, Santander y Boyacá, es decir, que se permita cultivar hacia más adentro del páramo.

A los mineros los afecta en particular el artículo 5, que establece que no se pueden extraer minerales en zonas de páramo.

No obstante, lo que más incomoda a la Coordinadora Nacional Minera es el Decreto 1035 de este año, que le da vía libre a la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla.

Sobre este punto, entre lo pactado con el Ministerio de Minas y Energía figura la concertación de un protocolo que garantice los derechos humanos dentro del marco de esa norma. Para ello habrá una reunión con el Ministerio de Defensa, a más tardar el próximo 5 de noviembre. Así mismo, se plantea la habilitación de canales seguros para denunciar “procedimientos irregulares” durante los controles de las autoridades.

Contexto del diálogo

“Se le midió el aceite al Gobierno para negociar. ¿Vendrán más? Posiblemente”, advirtió el analista político Gabriel Cifuentes –quien además es columnista de este diario– cuando se conjuró el paro camionero.

Según él, consultado nuevamente por EL TIEMPO, entonces quedó como antecedente que la Casa de Nariño, antes de tener que usar la fuerza, “es más proclive a ceder, incluso cuando eso signifique costos, ajustes o cuando no sea del todo clara la posibilidad y conveniencia de ceder ante las demandas de los manifestantes”.

Pero no todos los paros son iguales. Una protesta camionera prolongada hubiera significado pérdidas millonarias –más de las que dejó– y golpeado directamente los precios de la canasta familiar, por lo que era prioritario concluirla en el menor tiempo posible.

“En la medida en que los efectos del paro sean mayores, menor es la capacidad del Gobierno para negociar”, señaló el experto.

La negociación que se cerró entre las 9:40 de la noche del viernes y la mañana de ayer tenía un ingrediente adicional: los cortes de carreteras eran un ruido innecesario en medio de la COP16, que se realiza en Cali, donde hay líderes de todo el mundo y una presencia considerable de la prensa internacional. La misma ministra Muhamad ha tenido que suspender su agenda allí para apersonarse de la situación.

El Gobierno negoció de manera paralela en Bucaramanga, con los campesinos, y en Caucasia (Antioquia), con los mineros. El mensaje oficial, transmitido también por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue el respeto del derecho al trabajo de las comunidades pero sin echar para atrás los decretos expedidos.

“Hay toda la disposición del Gobierno para garantizar que las decisiones que se están tomando para proteger los páramos, proteger nuestra biodiversidad, el medioambiente, no signifiquen, de ninguna manera, afectar el derecho al trabajo y al sustento digno de familias campesinas, de pequeños mineros en el Bajo Cauca (antioqueño)”, aseveró el alto funcionario.

Sobre posibles nuevos paros, Cifuentes considera que el descontento de varios sectores de la población podría llevar a un aumento de las protestas. Entre otras cosas porque, según él, no se han cumplido muchas de las promesas que llevaron a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

“Los diferentes grupos de interés comienzan a pasar la factura de cobro –sostiene–. A grandes expectativas, grandes frustraciones que, con el paso del tiempo, el incumplimiento de las promesas y un gobierno que ha demostrado ser sensible y tratar de evitar a toda costa manifestaciones en su contra, se traducen en protestas y bloqueos”.

Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana, cree que está abierta la posibilidad de nuevas protestas, aunque es difícil establecer cómo se van a presentar. “Colombia es un país que hoy presenta diferentes escenarios de inconformidad, muchos de ellos asociados a la falta de presencia institucional, que pueden motivar este tipo de movimientos sociales”, advierte.

Desde el mismo Pacto Histórico piden atender las demandas. “Exigimos que el Gobierno escuche a los manifestantes. Es urgente presentar la reforma del Código Minero y detener la persecución a la pequeña minería”, opinó la senadora Isabel Zuleta.

El manejo que se les dé a estos paros no solo marcará la hoja de ruta para el resto del mandato de Gustavo Petro, quien trata de que uno de los suyos lo suceda en la Casa de Nariño, sino las oportunidades políticas de la oposición.