La zozobra y la dolorosa espera por los secuestrados en Jamundí: llevan entre dos y más de cinco meses en cautiverio

La zona alta en las montañas de Jamundí, llegando a la vereda Las Pilas, del corregimiento Villacolombia es uno de los sitios más temidos por la población de este municipio del sur del Valle del Cauca. 

Es allí a donde los disidentes de las Farc, del frente 'Jaime Martínez', llevan a quienes son en un comienzo retenidos por no portar el carné exigido por este grupo armado ilegal a la ciudadanía o porque no tenían las cartas de la Junta de Acción Comunal de Villacolombia, hoy con las vacantes desiertas porque sus integrante renunciaron, luego del asesinato del entonces presidente de esta comunidad, Yeri Gaitán, el primero de julio, mes cuando se desataron con fuerza más secuestros, sobre todo, de empresarios y moradores de la zona.

Son esas mismas montañas y también las de los corregimientos de Timba, Ampudia, Potrerito, La Liberia y Puente Vélez, donde estos empresarios y profesionales decidieron sembrar raíces.

Algunos, porque sus padres compraron terrenos hace más de medio siglo para levantar viviendas y otros, para impulsar negocios. Esta zona también ha sido frecuentada por ciclistas y amantes del deporte a quienes les gusta practicar el senderismo.

Y es en medio de estas montañas donde la población de este pedacito de Jamundí, unos 600 kilómetros cuadrados de tierras, se mantiene la zozobra por la suerte de secuestrados en esta región. 

Ya son 79 días desde que Víctor Armando Tovar Muñoz fue secuestrado por hombres con fusiles al hombro. Lo sacaron a la fuerza de su propiedad, en la vereda La Berta, del corregimiento de Timba, donde el empresario forjó su vida generando empleo en una arenera con una trituradora de material de construcción. 

De acuerdo con el Ejército, el pasado 8 de julio, don Víctor, cuyo nombre fue suministrado por las mismas Fuerzas Militares, acudió a su sitio de trabajo, cuando al mediodía de ese lunes llegaron hombres con fusiles al hombro a su propiedad.

A don Víctor, de 48 años, le dijeron que tenía que acompañarlos. El dueño de la arenera estuvo renuente. Sin embargo, como lo señalaron en el Ejército, fue “extraído en contra de su voluntad por personas con armas largas de su lugar de trabajo”. Luego de ser sometido fue obligado a subir a un vehículo, escoltado por el conductor de una motocicleta.

En un comienzo llegaron a un predio en la vereda La Cabaña, del corregimiento La Liberia, aledaño a Timba, y debido a que esta zona es cercana del norte del Cauca, tomaron camino hacia Suárez, municipio en ese vecino departamento y donde las disidencias de las Farc tienen uno de sus fortines.

Desde ese momento, la familia de don Víctor ha vivido angustiada, sobre todo, porque este secuestro pasó a ser de uno simple a uno extorsivo. Los captores están exigiendo alrededor de 1.000 millones de pesos.

En el transcurso de las últimas semana, hubo denuncias sobre la incineración de la maquinaria de la arenera en Timba. Al parecer, porque no habría pagado el descomunal monto. Las autoridades señalaron que todo apuntaría a que las disidencias serían las responsables.

77  días lejos de sus familiares

Dos días después, ocho hombres con fusiles y pistolas, además de sus rostros cubiertos por pasamontañas y vestidos de negro llegaron al corregimiento de Puente Vélez, donde está ubicada la finca Balneario Tolima o La Tolima, propiedad de Jorge Enrique Mazo Paya. Es un ciudadano colombo-norteamericano. 

Era aquel 10 de julio, también al mediodía, a eso de las 12:30 del día. Lo secuestraron en su propia camioneta. Las dolorosas cuentas de sus familiares y allegados arrojan 77 días en cautiverio. 

Los captores, que también serían disidentes del frente 'Jaime Martínez', de 'Iván Mordisco, de acuerdo con líderes de la zona y defensores de derechos humanos, también se comunicaron con familiares de este ciudadano, de 53 años, exigiendo el pago de un rescate, que superaría los $ 1.000 millones.

Transcurrieron nueve días, cuando defensores de derechos humanos recibieron informes sobre dos secuestros más. Estas vez de dos jóvenes, de menos de 28 años. Según las informaciones de los defensores que buscan mediar en su liberación, estos visitantes son colombianos y en la tarde del 19 de julio estaban haciendo senderismo en zona entre los corregimientos Villacolombia y Ampudia. Fue llegando a un punto de Ampudia donde cayeron en un retén de las disidencias.

El hecho recordó la retención de más de una decena de ciclistas, cuando el domingo 25 de febrero fueron parados en un retén de frente ‘Jaime Martínez’.

Eran la 10 de la mañana, cuando “un poco de guerrilleros que estaban con sus capuchas nos detuvieron. Nos pidieron la cédula y el teléfono celular. Tenían metralletas, fusiles y pañoletas”, fue la declaración de uno de ellos a las autoridades. “Pensamos que nos secuestraban, pero menos mal nos dejaron ir. Nos dijeron que sabían que íbamos a hacer deporte, pero que teníamos que tener un permiso de ellos”.

Los defensores de derechos humanos hablan de más de 30 retenciones en lo que va del año, así como del secuestro de un ganadero en marzo pasado. Ese es el caso de Albeiro Burgos Gamboa, secuestrado por ocho hombres armados con fusiles que irrumpieron en su finca en el sector de la vereda Chontaduro y obligaron a un finquero de la zona a subirse a una de las camionetas en las que se movilizaban. El reconocido ganadero estaba acompañado de uno de sus hijos y del mayordomo de la finca, cuando fue interceptado por los desconocidos.

De acuerdo con algunos de los líderes de la zona rural de Jamundí, que por seguridad de ellos, así como de los defensores de derechos humanos se omiten sus nombres, en estos casos se han reportado pruebas de pervivencia, “pero la situación es tan delicada que hasta dar cualquier informe podría poner en riesgos sus vidas”.

Tanto que no quieren que se repitan dolorosos episodios, como el secuestro del 30 de noviembre de 2023 de un empresario y dueño de una constructora, y de su hijo, un menor de 17 años, cuando se desplazaban por zona del corregimiento de Villacolombia en su camioneta de alta gama. Ambos eran originarios de Nariño y fueron asesinados por disparos. Sus cuerpos los hallaron en zona rural del corregimiento de Potrerito. La noticia del crimen fue confirmada el 4 de diciembre del año pasado.

Clamor por abogada que cumplió años en cautiverio

Otro de los secuestros en solo el mes de julio fue el de la abogada Martha Lucía Granada. 

Hace más de medio siglo, su familia adquirió con esfuerzo y años de trabajo un predio en Jamundí, pero debido a que hombres y mujeres del frente ‘Jaime Martínez’, así como otros grupos rondan en estas montañas del que se ha convertido en uno de los municipios más atacados por las disidencias de las Farc en este año, esa vivienda no estaba ocupada.

Sin embargo, en esa región, esas fincas, muchas de las cuales están hoy desoladas, han venido siendo invadidas y ese fue el caso de la finca de la familia de la señora Granada, de más de 70 años, con problemas en un riñón y gastrointestinales, además de de que requiere urgente una cirugía en una de sus rodillas. Pero, a la señora le tendieron una trampa, pues una llamada telefónica le advertía sobre unos hombres que necesitaban hablar con ella y que estaban ofreciendo lotes. Su familia clama por su liberación. No quieren ver cómo los días pasan sin ninguna señal de devolverla al seno de su hogar. Es así que el cumpleaños de la señora fue el 16 de agosto, en ese cautiverio que no termina.

Fue así que de buena fe, como lo manifestaron familiares de la señora, ella acudió al encuentro, acompañada por su esposo y un allegado. Al entrar al predio, más de cinco hombres armados la esperaban. Al padre y al otro acompañante los obligaron a tenderse boca abajo en el suelo, mientras se llevaban a doña Martha.

“Mi mamá está enferma, necesita cuidados. Ella fue de buena fe al sitio. Por favor pedimos su liberación. No hemos sabido de ella”, dijo el hijo de la señora, Paulo César García, quien manifestó que en la finca solo hay una casa de bahareque. “No hay nada más. Es solo un terreno. Antes se cultivaba café, pero ya no”, añadió, en ese entonces. 

Allegados de doña Bertha comentaron que es una familia que ha salido adelante con tesón.

“Su esposo e hijos son la típica clase media colombiana; derivan de su trabajo los ingresos para subsistir. No son ricos”, comentó un amigo que pidió reserva de su identidad. “Martha y su esposo son abogados, pero no tienen riquezas. Ella trabajó en el antiguo Instituto Seguro Social, cuando funcionaba en Bellavista. Son personas bondadosas que no le hacen daño a nadie, que han tenido que trabajar duro para vivir. ¡Por favor, libérenla!”, anotó el allegado.

La finca se llama Honduras y está ubicada en el corregimiento de Puente Vélez. El secuestro ocurrió a las 11 de la mañana del pasado 26 de julio.

Según el Ejército, “información suministrada por un familiar reporta posible secuestro de esta persona en el sector de Puente Vélez por unos sujetos que llegaron a su finca y se la llevaron en su vehículo personal con rumbo desconocido”.

En este secuestro, hasta ahora, según el Ejército no ha sido tipificado como extorsivo porque hasta ahora ningún grupo armado ha exigido rescate.

Sin noticias de un ingeniero

Tres hombres armados secuestraron al ingeniero Jhon Frank Vargas Olmos, de 47 años, en el barrio Bonanza de este municipio, ubicado en el sur del Valle del Cauca. La víctima fue identificada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

El caso ocurrió a las 7:30 a. m. del 9 de agosto de este 2024. Salió de su casa en Jamundí, en su motocicleta. Las informaciones que las autoridades indagan tienen que ver con un vehículo de color blanco en el que estos desconocidos plagiaron al profesional que laboraba como ingeniero en territorio indígena de López Adentro, en Caloto, municipio del norte del Cauca.

“Es una persona trabajadora, humilde, sencilla y dedicada a su familia. Ha forjado su camino a costa de sacrificio y trabajo digno desde la agricultura. Como organización zonal respaldamos los reclamos de las autoridades y comunidades de López Adentro” reza el texto compartido por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

La organización indígena resaltó que este tipo de hechos demuestran la pérdida del horizonte político de los grupos armados que hacen presencia en el norte del departamento del Cauca y atentan en contra de la integridad de los ciudadanos.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali