Ningún otro problema es más urgente para los mexicanos que la seguridad. Durante los primeros cinco años del mandato de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) se presentaron 171.085 homicidios, superando a cualquier administración anterior. Cada día, 46 personas son asesinadas o desaparecidas. Todas estas cifras subrayan el desafío crítico que enfrenta la nueva presidenta Claudia Sheinbaum.
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Una encuesta del mes pasado hecha por la agencia nacional de estadísticas mostró que el 60,7 por ciento de la población adulta considera que la seguridad es el problema más grave del país. Esta situación limita la soberanía de México, compromete sus instituciones democráticas y pone un signo de interrogación sobre su futuro económico, disuadiendo la inversión extranjera directa e impidiendo que el país haga realidad su potencial de nearshoring.
Todos los gobiernos mexicanos desde Felipe Calderón han recurrido por defecto a una estrategia militarizada contra los cárteles, independientemente de la ideología de derecha o izquierda. Incluso Amlo, que llegó al poder con el lema ‘Abrazos, no las balas’, militarizó rápidamente la política de seguridad. Amplió enormemente el papel de los militares en la vida política, quienes ahora supervisan proyectos de infraestructura, desarrollo turístico y operaciones aduaneras. Y el mes pasado, el partido gobernante, Morena, militarizó aún más la seguridad pública al poner a la Guardia Nacional civil bajo control militar.
El inicio del nuevo mandato presidencial ofrece la oportunidad de considerar y probar otra opción, una estrategia basada en inteligencia mejorada, mediación y disuasión que aproveche la estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad estadounidenses para hacer intervenciones específicas antes de que las batallas entre cárteles se salgan de control.
El historial de Sheinbaum como alcaldesa de la Ciudad de México sugiere que podría considerar esa estrategia. Tomar ese camino puede beneficiar al gobierno naciente y a la próxima administración estadounidense, independientemente de quién gane las elecciones del 5 de noviembre. Los temas más importantes para Estados Unidos y sus elecciones –economía, crimen, inmigración y epidemia de drogas– están íntimamente vinculados con México.
Durante su mandato como alcaldesa, Sheinbaum redujo a la mitad los homicidios en la ciudad capital, en gran parte recurriendo a la policía civil, reforzando la capacidad de investigación de la policía, incentivando la cooperación con los fiscales y compartiendo información de inteligencia con las agencias policiales estadounidenses.
Hay señales de que podría continuar con estas políticas como presidenta. Nombró como secretario de Seguridad a quien fue su jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y ha prometido crear una nueva agencia nacional de inteligencia y grupos de trabajo binacionales sobre cuestiones de seguridad, lo que indica un posible cambio hacia estrategias policiales más sofisticadas y un énfasis en operaciones dirigidas.
Aun así, algunos especulan que su postura en materia de seguridad seguirá la estrategia militarizada de Amlo. Sheinbaum se ha comprometido a mantener el papel destacado de las fuerzas armadas en la seguridad pública, lo que indica que podría caer en la misma trampa que Amlo: retórica pública de reformas pero políticas punitivas en la práctica.
Además, para disuadir la violencia criminal se requieren reformas radicales del sistema judicial, que actualmente solo resuelve el 1 por ciento de los delitos. La reforma judicial de 2024, si bien aparentemente apunta a abordar problemas sistémicos, ha sido criticada por permitir que el Ejecutivo concentre más poder en lugar de abordar los problemas fundamentales de impunidad e ineficiencia que plagan el sistema de justicia.
SARAH ZUKERMAN DALY (*)
AMERICAS QUARTERLY
(*) Profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia y académica no residente en el Carnegie Endowment for International Peace. Experta en guerra, paz, democracia, crimen y América Latina. Este artículo fue editado por cuestión de espacio.