La ruta de incumplimientos de Famisanar que denunció la directora del Centro de Memoria de Bogotá antes de morir

La directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Ana María Cuesta, murió en la madrugada del pasado 11 de junio, tras luchar durante varios años contra una hipertensión pulmonar secundaria asociada al lupus eritematoso sistémico.

Cuesta estudió Sociología en la Universidad Santo Tomás e hizo una maestría en Estudios Políticos y Sociales. Desde su pregrado, estuvo enfocada en la investigación y el trabajo con movimientos sociales, memoria histórica, estudios de paz, conflicto armado y derechos humanos.

Llegó a la dirección del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en noviembre de 2023. Desde entonces, fue una pieza clave para promover la construcción de paz y la resistencia de la memoria en contextos de conflicto y violencia política.

La cronología de la inasistencia

Ana María murió esperando la entrega de un medicamento conocido como Ambrisentan, un fármaco que debía tomar una vez al día y que podía prolongar su vida.

Desde 2006, Cuesta estaba afiliada como cotizante a la EPS Famisanar, y fue ese mismo año cuando comenzaron sus problemas de salud. Sin embargo, los procesos legales se iniciaron en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.

Fue entre el 17 y 18 de septiembre de ese año cuando un juzgado de Bogotá falló a su favor y le ordenó a la EPS entregarle el medicamento en un plazo de 48 horas: "Ordenar a la EPS Famisanar S.A.S., que, a través de su representante legal, de manera directa y coordinada con las IPS pertenecientes a su red de prestación de servicios, en este caso la Caja de Compensación CAFAM, garanticen en adelante la entrega de los medicamentos ordenados por el médico tratante, entre ellos el denominado Ambrisentan, tableta de 10 mg, en la cantidad, presentación y periodicidad dispuesta por el médico tratante perteneciente a la EPS, los cuales deberán ser entregados a la accionante en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la orden médica, de ser necesario en su lugar de residencia".

El fallo también dejó en evidencia la gravedad de lo que podía ocurrir si Cuesta no tomaba el fármaco: "La falta de medicamento de alto costo, diario, ocasiona deterioro en la condición de salud de la actora, al punto de obligar el internamiento hospitalario con apoyo de respirador; aparato que precisamente se encuentra restringido y escaso, dada la pandemia del síndrome respiratorio agudo COVID-19, encontrándose en el más alto riesgo de contraer el virus en el hospital".

A pesar del respaldo judicial, la EPS no cumplió con lo ordenado, por lo que Ana María se vio obligada a interponer un incidente de desacato, con base en las sentencias del 17 y 18 de septiembre de 2020. En ese momento, la directora advertía que el médico había recomendado la continuidad del tratamiento para evitar una descompensación que podría llevarla a una hospitalización, además del uso de soporte ventilatorio, monitoreo clínico y paraclínico constante.

“La condición que padezco es de alto riesgo vital, crónica, irreversible y progresiva, con riesgo potencial de descompensación severa si se interrumpe el tratamiento, lo que implica que la no entrega oportuna de los medicamentos que requiere mi tratamiento pone en riesgo mi vida”, aseguraba Cuesta en el incidente de desacato.

Y agregaba que, pese a los requerimientos realizados, Famisanar incumplió de manera reiterada e injustificada durante los últimos seis meses con la entrega de los medicamentos ordenados por el médico tratante, entre ellos: Ambrisentan, Azatioprina 100 mg, Vitamina D 7000 UI, Levotiroxina 125 mcg y Selexipag 800 mcg (tabletas de liberación no modificada). “El reiterado incumplimiento de la EPS con la entrega de los medicamentos formulados pone en grave riesgo mi vida”, manifestó.

Ana María murió esperando todos estos medicamentos, algunos de ellos —como la Selexipag— desde el mes de diciembre.

Cuatro días después del fallecimiento de la directora, el 15 de junio, Famisanar emitió un comunicado en el que lamentó su muerte y aseguró que están “comprometidos en la revisión de su caso”.

“En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y confidencialidad de la historia clínica, informamos que no estamos autorizados para divulgar información médica específica relacionada con la atención de nuestros afiliados, salvo autorización expresa o en los casos establecidos por la ley”, señaló la EPS.

La intervención del Gobierno a Famisanar

El 11 de junio, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Cuesta: "El día de hoy falleció la directora del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, una compañera que proviene del movimiento del arte callejero y que, con su historia y experiencia, puso esa institución al servicio de las familias y procesos de memoria histórica: víctimas de crímenes de Estado, víctimas de la fuerza pública y tejedoras de vida", escribió en su cuenta de X.

Varios sectores políticos del país y exfuncionarios del Gobierno también se sumaron a los pronunciamientos. Desde entonces, la muerte de Cuesta ha tomado un tinte político.

La exministra de Salud Carolina Corcho publicó un mensaje en su cuenta de X en donde politizó la situación y responsabilizó a los senadores de la Comisión Séptima por hundir la reforma a la salud y por intentar archivar la nueva propuesta que será debatida en el Congreso. En la misma línea, pidió adelantar investigaciones contra Famisanar.

"Exijo a las autoridades, a la @Supersalud, @CGR_Colombia y @FiscaliaCol adelantar las investigaciones sobre Famisanar, establecer las responsabilidades y sanciones para quienes no hicieron entrega oportuna del medicamento. Como Ana María, cientos de ciudadanos enfrentan el flagelo de la negación de medicamentos. Las EPS acumulan deudas superiores a los 30 billones de pesos con prestadores de salud y proveedores; incumplieron la ley al no resguardar reservas técnicas para responder por las deudas. Esta situación estructural solo puede enfrentarse con la reforma. Las intervenciones de las EPS no son la reforma, ni el mecanismo para enfrentar esta situación", dijo la exjefa de la cartera de Salud.

A Corcho le cayeron varios comentarios recordándole que esa EPS la tiene intervenida el Gobierno desde el 2023. Uno de los reproches lo hizo el exministro Fernando Ruiz quien aseguró que Famisanar está desfinanciada “gracias a sus maniobras”.

“Nunca había visto un mayor ejemplo de cinismo y falta de humanidad. En primer lugar, utilizar la muerte reciente de una persona para un uso político. En segundo lugar, que el mensaje salga de quien ha liderado la destrucción del sistema y nos tiene a los colombianos sin salud. En tercer lugar, el señalamiento artero y peligroso de los senadores, en un momento de extrema violencia verbal que nos tiene haciendo un sentido silencio por nuestra vida”, escribió Ruiz.

En el mismo sentido se pronunció el representante del Centro Democrático, Andrés Forero: “Deje el cinismo, exministra. Famisanar está controlada e intervenida por el gobierno de @petrogustavo desde el 15/09/2023, y desde entonces la atención se ha deteriorado. Lo que ocurrió con Ana María y lo que ocurre con los afiliados de esa EPS es responsabilidad del Gobierno”.

Otras voces también han señalado que lo que le sucedió a Ana María es solo uno de los miles de casos que ocurren en el país debido a la crisis del sistema de salud actual.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política