¿Cuáles fueron los compromisos del Presidente, el Congreso y líderes de las cortes en encuentro con la Iglesia?

Por más de dos horas estuvieron ayer sentados a la misma mesa el presidente Gustavo Petro y su principal contradictor político en los últimos años: el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso y a quien el jefe de Estado ha señalado en varias oportunidades de ser una de las cabezas del supuesto ‘golpe blando’.

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A instancias de la Conferencia Episcopal, Petro, Cepeda, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, y las cabezas de las Cortes y los órganos de control firmaron un documento de tres puntos en el que se comprometieron a hacer esfuerzos reales para bajar el tono de la confrontación política y respetar al contradictor.

La cumbre de poderes, que se dio en el contexto del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y un día después de que miles de colombianos salieran a apoyar la llamada ‘Marcha del Silencio’, se cumplió en el Palacio Arzobispal, en el costado oriental de la misma plaza de Bolívar que ha sido escenario de las marchas convocadas por Gobierno y oposición para medir fuerzas.

“En un contexto mundial, nacional y local de profundas tensiones, contradicciones y transformaciones, como ciudadanos, servidores y representantes de las instituciones del Estado colombiano, nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; a desarmar y a armonizar la palabra y a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”. Así reza el eje de la declaración, que fue suscrita por las cabezas institucionales, la jefe del Dapre, Angie Rodríguez, y los representantes de la Iglesia encabezados por el cardenal Luis José Rueda.

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Además de Petro, Cepeda y Salamanca acudieron a la cita y firmaron los presidentes de las Cortes Constitucional y Suprema, Jorge Enrique Ibáñez y Octavio Tejeiro; el del Consejo de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo; el procurador Gregorio Eljach; el registrador Hernán Penagos; la defensora Iris Marín y el contralor Carlos Hernán Becerra. Se disculparon el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, que estaba en un evento en Manizales, y la fiscal Adriana Camargo, que estaba cumpliendo agenda internacional.

“El compromiso es desescalar el lenguaje y promover el respeto por las ideas contrarias”, le dijo a EL TIEMPO uno de los asistentes al encuentro. La suscripción del documento conjunto fue resaltada como un avance en medio de la dura escalada de declaraciones públicas de los últimos días.

“Llamamos a mantener viva la esperanza en nuestro país e invitamos a que este tipo de encuentros se repliquen en los espacios donde sea necesario”, dice la declaración, en la que también se hacen votos por la vida de Uribe Turbay.

Los acontecimientos de la semana marcarán la solidez del acuerdo para desarmar la palabra. La discusión de la reforma laboral, que se suspendió ayer ante el agravamiento de la salud del senador, decisiones que están en manos de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, y la investigación en el CNE por la supuesta violación de topes en la campaña presidencial, así como la de la Registraduría sobre el acatamiento al ‘decretazo’ de la consulta, están en la agenda inmediata.

Así, aunque el Gobierno esperaba que el registrador Penagos pusiera a andar de inmediato la máquina electoral para la votación de la consulta el 7 de agosto, varias fuentes le dijeron a este diario que evalúa pedir previamente concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ante la inédita jugada del Ejecutivo para saltarse el ‘no’ del Senado a la consulta popular. Además la Corte, como lo informó este diario el sábado, iría en contravía de la posición del Gobierno sobre el control posterior de la consulta popular y entrará a discutir incluso si se aplican medidas cautelares para frenar esa iniciativa mientras deciden de fondo.

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Analistas consultados por este diario resaltaron el valor del encuentro, pero dicen que hay que esperar a los hechos. “Lo primero que se tiene que analizar es si realmente se va a respetar. Está por verse qué gestos de buena voluntad se derivan de esta firma”, dijo el profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset. Por su lado, el analista Jairo Libreros señaló que “una cosa son las coincidencias en la necesidad de este acuerdo y otra convertir en realidad los consensos”.

De acuerdo con los presentes, el encuentro se llevó con total cordialidad: “Hemos quedado gratamente sorprendidos porque ha sido un clima muy amable (...) y eso puede marcar”, dijo monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal. Agregó que “todos los invitados firmaron con compromiso y responsabilidad”

El procurador Gregorio Eljach también dio un parte positivo. “Da tranquilidad y sosiego el desarmar la palabra como dice la declaración”, expresó. De acuerdo con Eljach, el espacio sirvió para hacer “una reflexión sobre la situación del país y la necesidad de dialogar para generar consensos”.

La declaración no implica compromisos puntuales y así lo señaló desde la entrada el senador Cepeda, quien dijo que su presencia en el encuentro era “una señal del compromiso por desarmar y armonizar la palabra”, pero se reafirmó en la exigencia de respeto por “las decisiones y autonomía de los poderes públicos, pilares de la democracia”.

“Cada instancia tiene su responsabilidad. Hay claridad de parte de todos en el respeto y en construir y fortalecer la institucionalidad. Todos son servidores de la Carta Magna”, indicó monseñor Francisco Múnera. 

REDACCIÓN POLÍTICA