'La Registraduría no se puede sustraer': Hernán Penagos habló sobre eventual consulta popular en Congreso

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Ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a la preparación de los procesos electorales del 2026 y los costos de una eventual consulta popular sobre la reforma laboral, la cual sería convocada si obtiene luz verde del Senado.

El funcionario reiteró que el costo de una consulta popular se situaría en un número similar al que se contempla para las consultas interpartidistas programadas para el próximo 26 de octubre: 700.000 millones de pesos.

"Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700 o 750 millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular, ¿Por qué? Porque es una consulta en las que hay que llamar a los 40 millones de personas", aseveró Penagos.

La cabeza de la autoridad electoral subrayó que la entidad está obligada a ofrecer una logística completa para 40 millones de ciudadanos, sin importar las proyecciones de participación.

"Voten 3, 4 millones o quinientos mil, hay que preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos, entonces a veces, eso da a pesar cierto, a veces dice uno, pero una consulta para que voten, como ocurrió de pronto en el pasado 400 o 500 personas, pero la Registraduría no puede sustraerse", puntualizó.

Ahora bien, Penagos señaló que para bajar costos la Registraduría podría reducir el número de mesas de votación. "¿Qué hacemos nosotros? Economías de escala, miramos que aprovechamos de las elecciones anteriores, bajamos el número de mesa y destinamos más votantes por mesa para ahorrar en mesas por cada mesa que a nosotros nos cuesta", dijo.

Los pasos de la consulta

Si la plenaria del Senado aprueba la consulta -el presidente de la corporación Efraín Cepeda anunció que se comenzará a discutir el 13 de mayo- dentro de los ocho (8) días siguientes, el Presidente deberá convocar la consulta popular mediante decreto, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la emisión del concepto por parte del Senado.

Desde el día siguiente de decreto que fija fecha de elección, hasta antes del día de votación, el Gobierno, las agrupaciones políticas y las organizaciones sociales podrán realizar campaña a favor del “Sí”, el “No” o la “Abstención”, previa notificación de su intención ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para que la consulta popular sea válida, se requiere: la participación de al menos un tercio (1/3) del censo electoral: 13.654.457; la aprobación de cada pregunta por la mitad más uno de los votos válidos: 6.827.228.

Transparencia de cara a elecciones de 2026

Además de hablar sobre la consulta popular, Penagos anunció medidas para reforzar la transparencia en 2026. "El próximo año publicaremos todas las actas electorales: 720.000 para elecciones de Congreso y 320.000 para presidenciales. También, vamos a tener diferentes tipos de auditoría, como en los procesos informáticos, para que la ciudadanía, los medios y los observadores internacionales tengan acceso directo y oportuno a la información", afirmó.

No obstante, recalcó la necesidad de una articulación estatal durante los procesos electorales. "La Registraduría organiza la logística electoral, pero hay circunstancias que escapan de nuestra competencia, como los delitos electorales. Sin embargo, la entidad termina asumiendo gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre ese día. Por eso, es fundamental que el Estado en su conjunto esté activo y comprometido con el proceso", dijo.