La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) espera que el crecimiento de Colombia se mantenga “modesto” este 2024 al crecer 1,8 por ciento, una cifra superior a su anterior pronóstico de 1,2 por ciento, y repunte un 2,8 por ciento de cara al 2025 (menor a su 3,3 por ciento previo).
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Según el organismo, el crecimiento del consumo privado seguirá siendo moderado pero sólido y estará respaldado por la caída de la inflación, la relajación de la política monetaria del Banco de la República y las significativas remesas.
Entre tanto, en su informe sobre Colombia, espera que el mercado laboral se deteriore ligeramente este año y que las exportaciones crezcan moderadamente dada la aún débil demanda externa y los menores precios internacionales del petróleo.
También dice que la inflación seguirá cayendo y que a finales del 2025 convergerá al objetivo que tiene el Emisor de 3 por ciento.
Además, espera que el déficit de cuenta corriente se mantenga justo por debajo del 3 por ciento, por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Inversión aumentará de manera gradual
El organismo resalta que la inversión continuará aumentando de maneral gradual en línea con la relajación de las condiciones financieras domésticas y externas.
“La inversión privada se acelerará en el 2025, cuando las tasas de interés reales vuelvan a caer a niveles observados en la década anterior. Se espera que la inversión en obras civiles continué recuperándose con la implementación de nuevas asociaciones público-privadas”, asegura el informe.
La Ocde recuerda que recientemente la inversión privada se desaceleró debido a los altos costos de endeudamiento, criterios más estrictos para otorgar préstamos como consecuencia de una política monetaria más restrictiva y la baja confianza empresarial.
"Colombia necesita revitalizar la inversión para impulsar la productividad para y desbloquear su potencial para un crecimiento fuerte y sostenible a largo plazo", afirmó Álvaro Santos Pereira, economista en Jefe de la OCDE, junto al Ministro de Finanzas y Crédito Público, Ricardo Bonilla.
Además, menciona otros factores que afectaron como el aumento de los costos de los materiales de construcción, las interrupciones de la cadena de suministro mundial causadas por la pandemia y la guerra en Ucrania.
Igualmente, asegura que la incertidumbre sobre el ritmo y la implementación de las reformas también podría haber obstaculizado la inversión privada.
“Los retrasos en las inversiones privadas en infraestructura se debieron a una lenta adopción de la nueva generación de la cartera de asociaciones público-privadas (“5G”), tras una ejecución casi completa de los proyectos 4G”, explica.
También asegura que los aumentos anuales de los peajes de las carreteras inferiores a los acordados podrían haber aumentado la incertidumbre, lo que podría desincentivar la participación privada en las asociaciones público-privadas de infraestructura.
“Del lado positivo, pronto comenzarán a implementarse cuatro proyectos de infraestructura "5G" y la afluencia récord de inversión extranjera directa de 17.000 millones de dólares en el 2023 indica confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia”, indica.
Riesgos a enfrentar
Según el organismo, los riesgos y las incertidumbres siguen siendo elevados. Del lado externo, dice que las tensiones geopolíticas podrían conducir a una recesión mundial, generar una mayor aversión al riesgo y aumentar los costos de financiamiento.
En concreto, menciona el impacto que podría tener un menor crecimiento al esperado de Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia.
En Colombia, asegura que la deuda externa bruta, que representa el 60 por ciento del PIB, ha aumentado significativamente desde la década de 2010, lo que aumenta la vulnerabilidad a las condiciones financieras globales y las fluctuaciones del tipo de cambio.
“Un resultado fiscal más débil podría conducir a un mayor déficit externo. Los déficits gemelos (de balance fiscal y cuenta corriente) son una preocupación porque pueden conducir a un aumento de la deuda pública”, señala el organismo.
También dice que una la incertidumbre respecto a la implementación y el financiamiento de las reformas, junto con los desafíos regulatorios y de implementación, pueden elevar los costos de endeudamiento, generar salidas de capital que provoquen depreciación de la moneda y presiones inflacionarias, y obstaculizar la inversión privada.