La medida de escuelas mexicanas que Florida evalúa copiar y aplicar

Ante la nueva normativa del Gobierno de México que entró en vigor el anterior sábado 29 de marzo para prohibir la venta de comida chatarra en más de 200.000 escuelas de educación básica, los legisladores del estado de Florida, Estados Unidos, presentaron un proyecto de ley similar que causó controversia en la industria alimentaria. 

Según informó Miami New Times, fue el senador Jonathan Martin, republicano por Fort Myers, quien presentó la iniciativa. Si se aprueba, se prohibiría que las escuelas públicas del estado compren o sirvan alimentos procesados, incluidas bebidas azucaradas, refrigerios con colorantes artificiales y productos que contienen aditivos vinculados a posibles problemas de salud. 

No obstante, la propuesta no impide que los niños lleven esos alimentos desde su hogar. En una audiencia del comité, Martin explicó: "Estamos hablando de la responsabilidad del gobierno por los alimentos adquiridos por el gobierno". De esta forma, también se le daría a las escuelas una mayor influencia en la compra de alimentos, a la vez que se prioriza la salud estudiantil. 

De acuerdo a la legislación SB 1826, el término "alimento ultra procesado" se utiliza en cualquier producto que contenga uno de los siguientes aditivos: 

En el medio, la iniciativa enfrenta resistencia y no cuenta con los votos suficientes para aprobar su primera audiencia en comisión en el Senado, de acuerdo con el Miami Herald. Lo mismo percibe el senador, quien le manifestó al medio: "Hay mucho dinero en juego". 

¿Qué opina la industria alimentaria sobre el proyecto de ley que se presentó en Florida? 

Como continuó informando Miami New Times, los representantes de la industria de estos alimentos en Florida se presentaron al Comité de Agricultura del Senado la semana pasada para defender sus productos ante el Proyecto de Ley 1826. 

Elizabeth DeWitt, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Bebidas de Florida, argumentó que los productos estaban "debidamente evaluados y aprobados por los reguladores federales". Los cabilderos advirtieron que esa propuesta "interrumpiría sus operaciones comerciales".