La maquinaria detrás del robo de tierras: cartel que convirtió los bienes del Estado en negocio privado en Soledad

hace 8 horas 23

EL TIEMPO investigó sobre la compleja red de corrupción que habría despojado ilegalmente a la Alcaldía de Soledad de valiosos terrenos urbanos destinados a zonas verdes y proyectos sociales. La Fiscalía reveló detalles durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra 17 imputados por el presunto delito de robo de tierras.

La diligencia judicial, celebrada ante el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, evidenció la existencia de un esquema delictivo estructurado que, entre los años 2019 y 2024, habría operado con el concurso de funcionarios públicos, abogados, inspectores de Policía, notarios y servidores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Según la Fiscalía Octava de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el objetivo era apoderarse de predios que, por ley, debían ser destinados al uso público, para luego venderlos de forma fraudulenta.

Escrituras irregulares y cesiones falsas

Durante su intervención, la fiscal del caso presentó material probatorio que demostraría cómo los implicados cedieron ilegalmente un predio ubicado en la calle 65 con carrera 13, sector de Las Acacias, que originalmente había sido entregado por una constructora a la Alcaldía de Soledad para la construcción de un parque.

En el corazón de esta maniobra aparecen José Luis Pacheco Teherán, entonces calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos, y David De Castro Macías, registrador de esa misma entidad. Según la Fiscalía, ambos habrían firmado y calificado resoluciones que otorgaban indebidamente ese lote a un particular, sin que existiera respaldo jurídico, escrituras válidas o matrícula inmobiliaria que soportara dicha operación.

De acuerdo con la Fiscalía, al indagar en la Alcaldía de Soledad no se encontró ningún documento que acreditara la cesión del lote al supuesto beneficiario, lo que demuestra que el predio seguía siendo propiedad del municipio. A pesar de ello, el inspector de Policía Marlon Mora Montesino habría emitido una medida de protección a favor del particular, permitiendo la posterior subdivisión y reventa del predio de manera ilegal.

Los notarios en la mira

La Fiscalía también señaló a dos notarios como piezas clave en esta red: Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda de Barranquilla, y Francisco María Mejía De La Hoz, notario Único de Santo Tomás. Ambos habrían protocolizado escrituras públicas que legitimaron, al menos en papel, la transferencia de los predios públicos a particulares.

Meza Caballero, cuya captura se produjo el pasado 22 de abril, fue cobijada con medida de detención domiciliaria debido a su estado de salud, luego de ser imputada por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, urbanización ilegal y concierto para delinquir. Según el ente acusador, su participación fue determinante en la legalización de terrenos que nunca debieron salir del inventario municipal.

Interceptaciones y coimas: el engranaje de la red

Uno de los puntos más contundentes de la intervención de la Fiscalía fue la presentación de interceptaciones telefónicas entre los imputados, donde se habla abiertamente de pagos ilegales, manipulaciones de documentos y gestiones oscuras para alterar los procesos de registro.

En una de las escuchas, se oye a José Luis Pacheco hablando con Javier Gutiérrez sobre los sobornos que se pagaban para que los trámites avanzaran en la Oficina de Instrumentos Públicos. “Podemos visualizar que efectivamente la Oficina cometió hechos de corrupción referentes a coimas que se estaban pagando para trámites como la radicación de matrículas inmobiliarias”, afirmó la fiscal.

En otra interceptación, presuntamente entre el notario Francisco Mejía De La Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, registrador de Instrumentos Públicos, se pacta una cita para adelantar un proceso relacionado con unos clientes de la notaría, confirmando la colusión entre funcionarios y particulares para legalizar bienes públicos.

¿Cómo operaba la red criminal que despojó a Soledad de sus predios públicos?

Según la Fiscalía Octava de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los implicados en el escándalo por robo de tierras en Soledad implementaron un entramado articulado y sofisticado que combinaba corrupción administrativa, falsedad documental, uso indebido del aparato judicial y registro público, y complicidad de notarios y abogados.

EL TIEMPO pude establecer que la red operaba bajo dos modalidades principales:

1. La modalidad de procesos de pertenencia fraudulentos

Operaban para apoderarse de predios sin titular claro o abandonados.

Posesión de hecho por personas cercanas a la red: Supuestos poseedores (en realidad, testaferros o particulares vinculados a la red) se instalaban en el predio, lo cercaban y hacían algún tipo de construcción mínima para aparentar ocupación legítima.
Interposición de demandas de pertenencia ante jueces civiles: Con el acompañamiento de abogados de la red, los ‘poseedores’ iniciaban procesos de pertenencia, presentando declaraciones falsas, testigos pagos y documentos de ocupación falsificados para acreditar diez años de posesión.
Fallo favorable basado en pruebas amañadas: Al no haber oposición legítima o por posibles omisiones de control por parte de la Alcaldía o entes de control, los jueces fallaban a favor del demandante.
Protocolización de la sentencia en notarías aliadas: Notarios como Ana Dolores Meza o Francisco Mejía elaboraban escrituras públicas que daban apariencia de legalidad a los nuevos “dueños”.
Registro fraudulento en la Oficina de Instrumentos Públicos: Funcionarios como José Luis Pacheco o Iván Páez calificaban y registraban las nuevas escrituras, abriendo o modificando matrículas inmobiliarias con documentos que carecían de validez o que eran producto de fallos judiciales manipulados.

2. La modalidad de cesión ilegal de predios públicos o de zonas verdes

Buscaban apoderarse de terrenos cedidos por constructoras al municipio para parques, colegios o espacios comunitarios.

Identificación de predios estratégicos dentro de urbanizaciones: Se trataba de terrenos entregados por constructores (Arquitectura y Concreto, Marval, Amarilo, entre otros) al municipio, como parte de la obligación urbanística para zonas verdes, recreativas o educativas.
Obtención de información privilegiada desde la Alcaldía o curadurías: Funcionarios públicos o abogados con acceso a la documentación urbanística detectaban que los predios ya estaban en poder de la Alcaldía, pero no habían sido plenamente registrados o carecían de vigilancia jurídica.
Fabricación de cesiones o compraventas ficticias: Se elaboraban documentos falsos de traspaso de dominio —en ocasiones con fechas anteriores al acto oficial de cesión al municipio— o se simulaban compraventas con personas particulares.
Uso de inspectores de Policía para expedir medidas de protección ilegales: Inspectores como Marlon Mora emitían resoluciones amparando a los falsos propietarios, impidiendo la actuación de las autoridades municipales.
Subdivisión del predio para aumentar el número de matrículas: Una vez reconocido ilegalmente el dominio, se fragmentaba el terreno en varios lotes menores con nuevas matrículas, que luego eran vendidos a terceros, muchas veces de buena fe.
Legalización en notarías: Notarios emitían escrituras públicas sin verificar la legalidad del antecedente, lo que daba apariencia de legalidad a los nuevos títulos.
Registro en instrumentos públicos mediante pagos o coimas: Para que el procedimiento terminara con éxito, los tramitadores de la red pagaban coimas a funcionarios de la Oficina de Registro. Las interceptaciones revelan que estos pagos eran clave para “agilizar” los trámites.

Casos concretos bajo esta modalidad

Predio Las Acacias (calle 65 con carrera 13): Lote entregado por la constructora para un parque, terminó cedido a un particular mediante una cadena de documentos apócrifos. Aparecen mencionados los funcionarios David De Castro (registro), Pacheco (calificador) y el inspector Mora (protección).
Urbanización El Manantial: El lote fue cedido al municipio en 2019 por Arquitectura y Concreto. A pesar de ello, fue “vendido” ilegalmente y registrado como propiedad privada. El presunto corruptor es Luis Fernando Rojas Peñaloza.
Ciudad Salitre (Amarilo): Gran predio de vocación social cedido por la constructora terminó con 13 presuntos responsables investigados por apoderamiento ilegal.

Nexo con banda criminal ‘Los Costeños’

Uno de los aspectos más graves revelados por la Fiscalía fue la posible conexión entre esta red de corrupción y la banda delincuencial ‘Los Costeños’, liderada por alias ‘Castor’.

En una interceptación, Jesús Alberto Bedoya, supuesto integrante del entramado, le comentó a una persona que los terrenos “son de Castor” y que ese grupo era “la mejor seguridad”.

“Eso no va a haber problema de nada, eso se llama seguridad”, se escucha en el audio, lo que para la Fiscalía demostraría una peligrosa articulación entre crimen organizado y corrupción institucional para asegurar el control sobre los predios despojados.

Imputados y judicialización

Funcionarios de Registro: Juan Manuel Ucrós, exregistrador; Iván Páez, actual registrador; David De Castro, exregistrador.
Calificadores y abogados: José Luis Pacheco, Rafael Bossio, José Luis Márquez.
Notarios: Ana Dolores Meza (Barranquilla), Francisco Mejía (Santo Tomás).
Funcionarios de la Alcaldía: Andrés Díazgranados (jurídico), Neissy Cantillo y Marlon Mora (inspectores).
Presuntos corruptores y poseedores: Luis Fernando Rojas, Wilmar Machuca, Ismael Cárcamo, Inés Salas, Alex Ahumada, José Peñaloza.
Presunto testigo falso: Roque José Lugo.

La Fiscalía anunció que no descarta nuevas capturas, dado que las evidencias apuntan a una red más amplia y posiblemente con ramificaciones dentro de otras dependencias de la Alcaldía de Soledad.

La Fiscalía sigue presentando pruebas que, según sus voceros, “confirman un sistema criminal articulado para robar tierras del patrimonio público en beneficio de intereses privados”.