La ley contra fotos íntimas filtradas / Análisis del Editor Multimedia

El deleznable delito de publicar fotos privadas e íntimas de una persona, generalmente mujer, con el único fin de hacerle daño, extorsionarla o simplemente denigrarla públicamente, estaría por recibir por fin una pena a la altura del daño ocasionado.

Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley contra la violencia digital de género, un articulado de 27 puntos que ya va por su segundo debate en Plenaria de Senado, el cual contiene un artículo específico del tema digital.

Dicho apartado dice que “el que difunda, distribuya o intercambie por medio digital o físico, imágenes, fotografías, audio o videos de contenido sexual, sin el consentimiento de la persona que allí figura o aparece, con el propósito de hacer daño, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13,33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Texto que se está ajustando en su redacción para que quede perfectamente claro que los victimarios no puedan cobijarse con la norma y terminar como víctimas.

Se trataría de una elevación de pena para un delito del que tenemos todo el tiempo algún caso: una mujer, famosa o no, víctima de la filtración de imágenes íntimas suyas, en lo que se conoce como revenge porn, ‘sextorsión’ o ‘pornovenganza’, peyorativos de un crimen continuado y del que pareciera no haber manera de evitar o contener.

También cobijaría casos de carácter netamente extorsivo, de personas que pierden control de su teléfono o que caen víctimas de bandas dedicadas a captar imágenes privadas para lograr dinero a cambio.

Según la Policía, los casos ocurren principalmente contra mujeres en nuestro país; también hay víctimas hombres, especialmente de redes de estafadores dedicados a engañar por medio de redes sociales para captar imágenes privadas de personas que, creyendo que están en una relación virtual, terminan entregando fotos y videos íntimos con los cuales son extorsionados.

Con este articulado en curso en el Congreso, el objetivo es elevar las penas para los victimarios y que deje de ser casi una contravención menor y pase a ser un delito grave con cárcel y altas multas.

Tendríamos mejores herramientas si el articulado, liderado entre otras por la senadora Clara López, contemplara el rol y responsabilidad de los gigantes digitales en este flagelo: ¿cómo lograr el compromiso de plataformas de redes sociales, streaming de video, sistemas de chat, etc., para que estos contenidos violatorios de la dignidad se puedan contener por orden judicial?

Sería importante dar esa discusión. Las víctimas de este tipo de delitos sufren por años sabiendo que sus imágenes privadas circulan en internet y distintas plataformas sin que prácticamente pase nada.

La tecnología que estas plataformas digitales han desarrollado tienen la capacidad técnica para hacerse responsables: con inteligencia artificial hoy en día cualquier contenido multimedia puede no solo ser perfectamente detectado y determinado, sino además marcado y señalado con exactitud para evitar su distribución e identificar el origen de la distribución, el culpable, entre otros.

Ojalá esta iniciativa logre ser aprobada en favor de tantas mujeres víctimas de violencia digital.

JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

@JoseCarlosTecno