‘La informalidad es estructural y no depende de la coyuntura del salario mínimo’: mintrabajo

El aumento de 9,53 por ciento que tendrá el salario mínimo para el próximo año y que le aplicará a alrededor del 17 por ciento de los trabajadores del país ha sido criticado por diferentes expertos económicos por su posible impacto en la economía. En entrevista con EL TIEMPO, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defiende el aumento que decidió el Gobierno el día de Nochebuena ante la falta de concertación salarial entre los empresarios y los sindicatos. “Nuestros estudios al igual que el de muchos economistas nos muestran que el empleo no depende del salario nominal o real, sino del ciclo económico”, asegura.

Por segundo año consecutivo no hubo concertación y el aumento del salario mínimo fue decidido por el Gobierno por decreto, ¿qué cree que falló en la mesa tripartita?

Los procesos sociales no son perfectos. Yo valoro la disposición de diálogo de las partes, en eso hemos sido ejemplo en la región. Sin embargo, luego de cinco sesiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de dos reuniones de la subcomisión de productividad y alrededor de 15 reuniones bilaterales no hubo acuerdo tripartito. Había opiniones diversas y distantes. Aunque la misma diversidad en la mesa, desde el punto de vista técnico, le permitió al Gobierno motivar hasta el último momento la opción de suscribir un acuerdo.

Los sindicatos pidieron un alza de 12 por ciento, pero las cifras que barajaban los empresarios eran más bajas. En concreto, la propuesta inicial de Acopi fue de 5,2 por ciento. ¿Por qué decidieron la cifra de 9,53 por ciento?

El aumento del mínimo debe cumplir siempre con dos propósitos que es lo que hemos buscado con esta decisión: primero, garantizar el poder adquisitivo de las familias para que estas tengan acceso a una canasta familiar que les permita vivir dignamente y, segundo, dinamizar la economía a través de un mayor consumo de bienes y servicios.

¿Se trata del mayor aumento real del mínimo de los últimos años?

El mínimo será de 1’423.500 pesos, lo que corresponde a un aumento de 9,53 por ciento, más el subsidio de transporte, que será de 200.000 pesos mensuales, para un total de 1’623.000 pesos. La inflación de este año cerraría en 5,2 por ciento, pero como es de esperar, a medida que se suben los precios, el salario real disminuye. 

Lo que esperamos es que este incremento, sumado a la desindexación de los bienes, servicios y productos, pueda ayudar a garantizar esa dignificación de la vida de las familias.

¿Qué sube finalmente con el salario mínimo y qué quedó desindexado?

Como antecedente de las medidas de desindexación propuestas por el Gobierno, con el artículo 49 de Ley 1955 de 2019, se estableció el marco normativo para calcular todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente y no a partir del salario mínimo.

Desde el 2023 hemos logrado desindexar 180 elementos del mínimo. Entre estos servicios se actualizó el manual tarifario del Soat con el Decreto 2644 de 2022, mediante el cual se modificaron los costes a partir de la UVT y no del salario mínimo legal diario vigente.

Así mismo, a partir de las medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda, el Decreto 2642 de 2022 reglamentó servicios del sector de comercio, industria y turismo, en específico, el financiero, en el cual se regularon la actividades, productos y servicios.

Creemos que la política de desindexación ha contribuido a reducir la inflación, y aún esperamos poder hacer un esfuerzo adicional con otros bienes y servicios; sin embargo, es difícil, ya que esto implica cambios en un conjunto de leyes.

El aumento del mínimo solo le aplica a alrededor de 17 por ciento de los trabajadores. ¿Cómo cree que esta alza podrá beneficiarles y qué pasa con el resto?

Esta es una de las decisiones más importantes para el país. Como han mostrado las últimas estadísticas publicadas por el Dane, la pobreza monetaria se ha reducido en los últimos años. Entre 2022 y 2023, 1,6 millones de personas lograron salir de la pobreza monetaria (ingresos de 435.375 pesos), y 1,1 millones de personas salieron de la pobreza monetaria extrema (ingresos de 218.846 pesos). La proporción de personas asalariadas que pasaron de ganar menos de un salario mínimo a uno fue importante.

Lo que esperamos con esta decisión es que se beneficien directamente 3,71 millones de trabajadoras y trabajadores e indirectamente a 10,15 millones de personas que ganan menos.

Cuanto mayor sea la inversión de capital humano por parte de las y los trabajadores y las empresas, mayores y mejores serán las posibilidades de transformación de la estructura productiva y de la reducción de la informalidad, y, por tanto, de la desigualdad.

Pero diferentes empresarios y expertos de centros de pensamiento dicen que el aumento del mínimo del próximo año tendrá un efecto negativo en el mercado laboral. ¿Usted qué opina?

La realidad hoy nos muestra algo diferente. En estos dos años se ha buscado mantener y recuperar el poder adquisitivo y hemos visto que, pese al contexto nacional e internacional de desaceleración, la economía ha crecido en Colombia, el desempleo se ha reducido y el empleo ha aumentado.

Por ejemplo, según las últimas cifras del Dane, la tasa de desocupación de noviembre de 2024 llegó a 8,2 por ciento, lo que implica que disminuyó 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023, cuando la tasa de desocupación se ubicaba en 9,0 por ciento.

Esto tiene que ver con el crecimiento de la economía, y si la economía crece, crece también el empleo. Nuestros estudios al igual que el de muchos economistas de los mismos centros de pensamiento nos muestran que el empleo no depende del salario nominal o real, sino del ciclo económico.

¿Y encarecer el costo del empleo formal no podría llevar a más trabajadores a la informalidad, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas como asegura el gremio Acopi?

La informalidad siempre está presente en los primeros cuatro años de los micronegocios, o sea, en su primera etapa. Lo que más golpea a las micro y pequeñas empresas son los costos del crédito. La pregunta es: ¿puede usted tener un negocio donde el crédito para el capital de trabajo es superior al 40 por ciento y ha llegado al 50 por ciento cuando el Banco de la República ha mantenido las tasas de interés en su nivel histórico más alto? Es difícil.

Por eso es que, desde el Gobierno, hemos sido enfáticos en continuar con políticas que apoyen a esos negocios micro y pequeñas empresas para que sobrevivan los primeros cuatro años y así poder garantizar que el empleo se mantenga y por lo tanto se formalice. Es ahí donde el Banco de la República y el sector financiero, de la mano del Gobierno, tienen un gran reto.

¿Y qué se ha hecho en ese sentido?

Se han hecho avances en la economía popular, también con nuestra política de ‘empleos para la vida’, con la cual logramos entregar 714.510 incentivos a la nómina, beneficiando a más de 3.087 empleadoras y empleadores únicos. 

Sin embargo, diferentes expertos dicen que este aumento de 9,53 por ciento presionará al alza la inflación, lo que podría retrasar la reducción de las tasas de interés del Emisor. ¿No se podría llegar a esa situación?

Realmente, la inflación ha mostrado durante todo el 2024 una tendencia decreciente y ha disminuido más aceleradamente que las tasas de interés del Banco de la República. Cuando las empresas aumentan precios no lo hacen solo porque aumentan los costos laborales, parte de estos se trasladan, pero la otra parte del incremento de precios está asociado al objetivo de aumentar las ganancias, de tener recursos propios para invertir y/o pagar los costos de los créditos o de acumular dinero. Si la economía se recupera, y crecemos como se espera, los precios aumentarán, esto sucede en cualquier economía moderna después de un periodo de crisis o desaceleración.

Y un informe de los Observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana asegura que los aumentos del salario mínimo en los últimos 10 años solo han servido para atrapar a más trabajadores en el mínimo y no para que la economía pague mejores salarios en conjunto. ¿Qué podría decir?

El observatorio hace un análisis sobre la informalidad, la cual ha disminuido lentamente en los últimos años. Pero la informalidad es estructural y no depende de la coyuntura del salario mínimo. La informalidad está asociada a los bajos niveles de educación.

Por ejemplo, los hombres y mujeres entre los 15 y los 40 años, que son cerca del 48 por ciento de la población, no acabaron el bachillerato. Esto obedece a esa misma realidad estructural, Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en el mundo (Gini: 0,556 para 2024), dato que nos llama a reflexionar sobre el bienestar de la población más pobre y vulnerable.

Otro de los puntos que preocupan a los empresarios es la reforma laboral que está en el Congreso. ¿Cómo va la discusión del proyecto que se buscará aprobar el próximo año?

Tenemos la motivación alta y el país está atento a lo que suceda próximamente con la laboral, y esto es natural, se trata de una reforma que recupera derechos y permite adoptar nuestra legislación a las obligaciones internacionales. Aspectos básicos como la recuperación de la jornada laboral diurna desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche serán parte de los temas que discutirá la Comisión Séptima del Senado.

Yo percibo un ambiente de escucha y construcción colectiva. Recientemente se realizó una audiencia pública en la Universidad Santo Tomás en la que participaron muchos sectores sociales y gremiales, eso ha ayudado a acercar criterios y opiniones que benefician los derechos laborales de los y las trabajadoras. Pronto vendrán más audiencias que esperamos contribuyan a la aprobación de una de las reformas más concertadas. 

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