No pasa una semana sin que circule por internet una nueva tendencia de desinformación, desde el aluvión de teorías conspirativas desatado por el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump hasta la falsa afirmación tuiteada por Elon Musk de que el Reino Unido tiene una política policial de dos niveles o que es inevitable una guerra civil en ese país. La verdad está siendo atacada, y la gente lo sabe. Según una reciente encuesta mundial realizada por Naciones Unidas, más del 85 por ciento de los encuestados están preocupados por el impacto de la desinformación en línea.
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El mundo está inundado de mentiras y distorsiones, en gran parte debido al auge de las redes sociales y las plataformas digitales. Ambas funcionan bajo la lógica de que los beneficios se obtienen maximizando la participación de la audiencia. Razón por la cual los algoritmos de estas plataformas amplifican la información que atrae la atención, independientemente de su veracidad. Además, se ha descubierto que la ‘negatividad’ aumenta la participación: un estudio demostró que cada palabra negativa adicional en un titular aumentaba la tasa de clics en un 2,3 por ciento.
Pero otra razón de nuestra incapacidad para combatir la desinformación es que la tradición liberal ha dado prioridad a la libertad de expresión sobre el derecho a la verdad. Cualquier restricción a la libertad de expresión en el mundo democrático, se argumenta, sería utilizada por los dictadores y autócratas —o aspirantes a serlo— para justificar la censura o algo peor.
El enfoque occidental de la libertad de expresión supone que la competencia libre y leal en el ‘mercado de las ideas’ garantizará que la verdad triunfe sobre la mentira. Pero ahora sabemos que esto es erróneo. Algo parecido a la Ley de Gresham, que dice que el dinero malo expulsa de la circulación al dinero bueno, puede aplicarse a la información: “Inundar la zona de mierda”, como dijo el exestratega jefe de Trump, Steve Bannon, alimenta la desconfianza y hace más difícil distinguir los hechos de la falsedad.
Algunos creen que la verdad está ahora fragmentada y sin remedio. Pero muchos países han reforzado instituciones diseñadas para buscar las mejores verdades disponibles. Que no es un tema menor, pues de estas verdades dependen el futuro de las sociedades y de las economías. De hecho, las leyes financieras penalizan la falsedad y el engaño en las cuentas y declaraciones públicas; los tribunales utilizan sofisticadas herramientas forenses, como el ADN, para juzgar mejor, y la ciencia moderna moviliza a pares críticos para interrogarse constantemente sobre las afirmaciones ‘indiscutibles’.
En los tiempos que corren es imprescindible construir sobre estos cimientos para garantizar que todas las instituciones poderosas proporcionen el mejor conocimiento disponible a la gente. En el centro de ese esfuerzo estaría un nuevo derecho a la verdad, que podría basarse en principios establecidos desde hace mucho tiempo, como regla de oro e imperativo categórico. Presente en casi todas las civilizaciones, la idea de tratar a los demás como uno desearía ser tratado por ellos puede servir de base para reconstruir la infraestructura de la verdad.
Puntos clave
El primer punto de partida es la ley. Muchos gobiernos europeos y de otros países cuentan con leyes estrictas de protección al consumidor que prohíben las afirmaciones engañosas y falsas tanto en la publicidad como en el marketing. El mismo principio debería aplicarse a todas las comunicaciones políticas —una medida que Australia está contemplando junto con otra serie de medidas para reforzar la resistencia democrática— y, en última instancia, a cualquier tipo de comunicación de masas. Difundir mentiras a sabiendas debería tener consecuencias, sobre todo económicas, pero quizá también la prohibición de ocupar cargos públicos o trabajar en los medios de comunicación.
En ocasiones se ha recurrido al sistema judicial para sancionar a los medios de comunicación por difundir información errónea. Un ejemplo es el caso por difamación en el que Dominion Voting Systems se enfrentó a Fox News por difundir conspiraciones sobre sus máquinas de votación, supuestamente ‘amañadas’ contra Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. El tema se saldó con un acuerdo de indemnización por casi 800 millones de dólares a favor de Dominion Voting Systems. Pero se puede hacer mucho más para abrir vías de recurso legal contra medios de comunicación y figuras políticas manifiestamente deshonestos mediante nuevas leyes que proscriban la distribución intencionada de mentiras.
En los últimos diez años, el porcentaje de la población global que vive bajo un régimen autocrático ha aumentado del 49 al 70 por ciento, la desinformación ha crecido en todos los países
y las amenazas financieras que enfrentan los medios independientes se han vuelto existenciales.
En tercer lugar, la regulación podría obligar a los poderosos proveedores de información a convertirse en proveedores de la verdad. En julio, la Comisión Europea hizo pública su conclusión preliminar de que X, de Elon Musk, engaña a los usuarios al permitir que cualquiera pague por una cuenta verificada y, por tanto, infringe la Ley de Servicios Digitales. Como resultado, X podría enfrentarse a multas de hasta el 6 por ciento de sus ingresos globales. Por su parte, la Ley de Aplicación de la Red de Alemania, aprobada en 2017, obliga a las plataformas con más de dos millones de usuarios a retirar contenidos “claramente ilegales”.
En cuarto lugar, las comisiones electorales independientes necesitan competencias para comprobar y corregir las afirmaciones falsas y bloquear la desinformación o las falsificaciones más perjudiciales durante el período previo a las elecciones, cuando la verdad es más vulnerable, el riesgo de injerencia es mayor y lo que está en juego es más que importante para la democracia.
Educar a los jóvenes
En quinto lugar, la próxima generación debe estar mejor preparada para distinguir la verdad de la mentira. Las escuelas deberían preparar a los jóvenes para detectar todo tipo de falsedades. Finlandia y Dinamarca están abriendo camino incorporando lecciones sobre desinformación en sus planes de estudio.
Por último, pioneros tecnológicos como Factiverse, Fullfact en el Reino Unido, Myth Detector en Georgia y Faktisk Verifiserbar en Noruega están desarrollando nuevas herramientas que combinan inteligencia artificial y colectiva para detectar y evaluar la desinformación en sus distintas manifestaciones. Estas y otras iniciativas deben ser fomentadas y apoyadas.
La próxima generación debe estar mejor preparada para distinguir la verdad de la mentira.
Para garantizar el éxito, el derecho a la verdad —en otras palabras, el derecho a no ser engañado a sabiendas por organizaciones poderosas e influyentes— debería añadirse como protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y debería equilibrarse con la garantía de libertad de expresión de la Constitución de Estados Unidos. Tendría que haber un listón muy alto para invocar este derecho, a fin de tener en cuenta las diferencias de opinión e interpretación. Y debería ser aplicado por los tribunales, no por los gobiernos o los ministerios de la Verdad’.
Todas las demás libertades civiles se basan implícitamente en algún derecho a la verdad. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo con jurado tiene poco sentido a menos que los jueces garanticen que los jurados disponen de la mejor información posible. En términos más generales, la verdad depende de un proceso interminable de descubrimiento reforzado por leyes e instituciones.
Musk y otros creen fervientemente que la libertad de expresión es un bien absoluto y que el derecho a mentir debería pesar más que cualquier derecho a la verdad. Su opinión es comprensible y tiene raíces hondas. Pero se ha vuelto cada vez más peligrosa y poco adecuada para los tiempos que corren.
El matemático francés del siglo XVII Blaise Pascal escribió: “La verdad es tan oscura en estos tiempos, y la falsedad está tan establecida, que a menos que amemos la verdad, no podremos conocerla”. Hoy deberíamos demostrar ese amor convirtiéndola en un derecho y situándola en el centro de nuestras leyes y constituciones.
GEOFF MULGAN (*)
© Project Syndicate
Londres
(*) Profesor del University College de Londres. Es autor de ‘When Science Meets Power’ (Polity, 2024).
Jóvenes e inactivos, los grupos más vulnerables
Una investigación financiada en 2019 por la Fundación Luca de Tena (España) y Facebook constató que, tal y como ya se venía observando en otros países, en España existían grupos de población especialmente vulnerables a la desinformación. Y llamó la atención que más de la mitad de los españoles ya presentaban entonces un grado relevante de vulnerabilidad ante la desinformación.
Respecto a la edad, se comprobó que los jóvenes eran el grupo de edad más vulnerable a la desinformación y que, particularmente, el colectivo de adolescentes era el que más sucumbía a los mensajes falsos.
Sobre la posición económica, se descubrió que una situación más favorable parecía reducir la vulnerabilidad a la desinformación, siendo los desempleados y los inactivos los subgrupos con más nivel de vulnerabilidad.
No se pudo determinar la relevancia del nivel de estudios en la vulnerabilidad a la desinformación, aunque, de manera muy leve, sí se observó que, a menor nivel de estudios, existía un grado ligeramente superior de vulnerabilidad hacia la desinformación.
Mucho más evidente fue la correlación existente entre ser víctima de una fake new y el tiempo de consumo de contenidos en internet: aquellas personas con una exposición superior a tres horas diarias a la red presentaban un mayor grado de vulnerabilidad a la desinformación.
The Conversation.
'Si la desinformación prospera, la democracia muere’
El periodismo independiente es uno de los baluartes más eficaces contra el autoritarismo. De hecho, los autócratas gastan millones para socavarlo.
El año pasado, los países de la Ocde asignaron colectivamente más de 220.000 millones de dólares en ayuda oficial para el desarrollo (AOD). Pero una ola creciente de desinformación está minando la efectividad de estas inversiones.
Por ejemplo, se necesita con urgencia un incremento considerable del financiamiento para la adaptación climática, pero el impacto de los llamados a una mayor inversión probablemente sería limitado si las campañas de desinformación persuadieran a la gente de que el calentamiento global no existe o de que no vale la pena preocuparse por él. Como demostró el covid-19, las respuestas pandémicas pueden verse afectadas negativamente si la gente es víctima de un asesoramiento sanitario engañoso.
Y sin una prensa libre e independiente que haga rendir cuentas a los políticos y a los responsables de las políticas, las hambrunas se tornan más factibles porque los recursos cada vez más escasos como el agua y la tierra cultivable pueden ser gestionados de manera deficiente —o corrupta— si no existe una gobernanza transparente y equitativa.
Más preocupante aún es el hecho de que la desinformación amenaza no solo al desarrollo, sino también a la propia democracia. En tanto los medios se esfuerzan por sobrevivir en un paisaje mediático complejo y de cambios acelerados, los abusos del poder político y corporativo quedan fuera del radar.
La billetera cuenta
El periodismo independiente es uno de los baluartes más económicos y eficaces contra el autoritarismo. De hecho, es tan efectivo que los autócratas gastan miles de millones de dólares por año para socavarlo influyendo en los relatos de los medios domésticos y extranjeros, como demuestra el informe de Freedom House sobre la influencia mediática global de China.
Sin embargo, mientras que los regímenes autocráticos invierten miles de millones en desinformación, los países occidentales están haciendo poco para ocuparse del problema. Sin duda, los responsables de las políticas y los políticos hacen hincapié en el rol vital de la libertad de prensa en discursos, informes sobre desinformación y conferencias sobre democracia. Pero la inversión gubernamental global en periodismo de interés público sigue siendo sorprendentemente baja.
“La primera obligación del periodismo es la verdad… Y un debate entre dos oponentes que basan sus argumentos en cifras falsas o en meros prejuicios fracasa a la hora de informar, solo sirve para provocar y no lleva a la sociedad a ninguna parte”, dicen Bill Kovach y Tom Rosenstiel, periodistas estadounidenses autores del libro ‘Los elementos del periodismo’.
El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Ocde recientemente publicó un informe emblemático que subraya este “desfase entre la retórica y la asignación de recursos”. Un estudio cartográfico detallado de la AOD para medios determinó que los países donantes no han asignado recursos suficientes para responder como corresponde a la dramática erosión de la integridad de la información a nivel mundial.
En los últimos diez años, el porcentaje de la población global que vive bajo un régimen autocrático ha aumentado, del 49 al 70 por ciento, la desinformación se ha incrementado en todos los países y las amenazas financieras que enfrentan los medios independientes se han vuelto existenciales. Pero la ayuda a los medios no ha sufrido modificaciones: 38 países de la Ocde gastan un total de alrededor de 500 millones de dólares anuales —aproximadamente un tercio del presupuesto estimado para propaganda de Rusia—. Esto representa menos del 0,2 por ciento de la AOD total en 2022 (el año más reciente del que se tienen estadísticas).
Peor aún, solo una pequeña fracción de este apoyo se canaliza directamente a entidades mediáticas independientes en los países receptores. El informe detalla que menos del 10 por ciento de la AOD para medios y el entorno informativo se entrega a periodistas, medios y organizaciones de la sociedad civil abocadas al periodismo. Esto representa apenas el 0,05 por ciento de la AOD total entre 2016 y 2022. A menos que se incremente la AOD para periodismo de manera significativa, los medios de interés público en muchos países desaparecerán, con consecuencias nefastas para las sociedades de las que estos medios forman parte. Los procesos democráticos se desestabilizarán y el progreso en materia de desarrollo se paralizará —quizá de manera irrevocable.
Afortunadamente, algunos países donantes finalmente han comenzado a reconocer esta necesidad. En marzo, el CAD de la Ocde publicó un nuevo conjunto de principios para brindar apoyo relevante y efectivo a los medios y al entorno informativo, lo que exige aumentar la asistencia financiera y otras formas de apoyo, y fortalecer el liderazgo y la titularidad a nivel local. Esto implica “garantizar que un porcentaje más significativo de la AOD para el desarrollo de medios llegue de manera directa a los actores locales y regionales”, y “aumentar la disponibilidad de apoyo directo, flexible y confiable, al que se pueda acceder fácilmente y que incluya financiación básica y financiamiento de más largo plazo y en múltiples años”.
Esto sugiere que los bajos niveles de inversión en periodismo independiente no reflejan una falta de conocimiento o evidencia. Por el contrario, los países donantes consideran que este tipo de ayuda es políticamente complejo y difícil de ejecutar —y con razón—. La inversión en medios independientes puede complicar las relaciones entre gobiernos. Por otra parte, ni siquiera los países donantes grandes pueden invertir en el personal necesario para respaldar a las entidades mediáticas de manera eficiente como parte de su apoyo bilateral de AOD a los países.
Por otra parte, preservar la independencia editorial de los medios sigue siendo esencial. Si bien la cantidad de AOD que va directamente a las entidades mediáticas es inaceptablemente baja, también sería inapropiado que los países donantes aumentaran ellos mismos la asistencia directa —ningún gobierno debería seleccionar y elegir qué medios merecen una ayuda.
Nuestra organización, el Fondo Internacional para Medios de Interés Público (que financió el estudio del CAD de la Ocde, pero no participó en la recopilación o el análisis de datos), se creó para abordar estos desafíos. En su calidad de fondo multilateral que reúne contribuciones de un grupo grande y diverso de donantes, el fondo está diseñado para canalizar el financiamiento a los medios de manera rápida y en escala, sin comprometer la independencia editorial de las redacciones que solventa.
De igual importancia son las otras organizaciones globales, regionales y locales que ayudan a fortalecer la capacidad de los medios independientes, defender la libertad de prensa y presionar por una reforma regulatoria. El Fondo Internacional se creó para trabajar en sinergia con estas entidades.
Todas estas iniciativas están en condiciones de incrementar su ayuda. Pero necesitan más recursos. También deben trabajar en conjunto para hacer que la ayuda a los medios sea una parte central de las discusiones políticas vinculadas a la política exterior y al desarrollo internacional. Si trabajamos mancomunadamente, podemos instar a los responsables de la toma de decisiones en el gobierno que tienen incidencia en el gasto de AOD a aumentar la ayuda para esta área de vital importancia. Esto se puede lograr amplificando las voces constructivas y ampliando la coalición de actores que respaldan a los medios independientes, particularmente conectando la difícil situación del periodismo con otros problemas de alto perfil como la desinformación y la corrupción.
El reto de las IA
De cara al futuro, la inteligencia artificial alterará de manera fundamental el ecosistema de información, haciendo que la inversión en periodismo sea aún más esencial. Con suficiente financiamiento, los medios independientes podrán desarrollar las herramientas y la capacidad para implementar nuevas tecnologías al servicio del interés público, en lugar de quedar rezagados —como sucedió luego del crecimiento de las redes sociales.
Si los países donantes de la Ocde aumentaran su apoyo a los medios del 0,2 al 1 por ciento de la AOD total —un incremento relativamente pequeño, dada la magnitud del desafío—, habría disponibles más de 2.000 millones de dólares para el sector a nivel global.
Los países occidentales han venido lamentando la crisis de los medios independientes desde hace más de diez años. Pero la inversión de ayuda externa en periodismo se ha mantenido estática durante ese período. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos diez años y un giro en la estrategia de los donantes está pendiente desde hace mucho tiempo. Llegó la hora de salvar al periodismo independiente. Cuanto más permitamos que prospere la desinformación, menos probable será que sobreviva la democracia.
Análisis de Nishant Lalwani, cofundador y director ejecutivo del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público; Maha Taki, directora de la Unidad What Works del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público, y James Deane, cofundador del Fondo Internacional para los Medios de Interés Público. © Project Syndicate. Londres.
Las cuatro preguntas claves que usted debería hacerse
Mucha gente difunde conscientemente noticias falsas para sacar rédito personal, por intereses políticos, económicos (tráfico en sus redes) o simplemente egocéntricos, entre otros. Por eso, los expertos sugieren hacerse cuatro preguntas básicas antes de reenviar una información:
1. ¿Esa información es realmente fiable?
2. ¿Conozco la fuente y esa fuente es confiable?
3. ¿Es importante que la comparta?
4. ¿Será de utilidad para las personas que lo van a recibir?