‘La implementación de la ley de delitos ambientales es agridulce’: Juan Carlos Losada

La implementación de la ley de delitos ambientales, que se aprobó en julio del 2021, ha sido agridulce. Así se lo dijo a EL TIEMPO el representante liberal Juan Carlos Losada, quien fue el autor de esa iniciativa e hizo un balance de la implementación a tres años después, a propósito de la realización de la COP16 en Cali.

La ley, sancionada durante el gobierno de Iván Duque, tipifica los delitos ambientales como deforestación, tráfico de fauna, financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental se fortalecieron en materia de sanciones con esta ley.

¿Cuál es la importancia de la aprobación de la ley contra los delitos ambientales?

La ley de delitos ambientales en importantísima para el cuidado del ambiente en Colombia, porque volvió a los delitos ambientales protagonistas al interior del Código Penal. Pero, además, porque pudimos también crear una institucionalidad para los delitos ambientales en la Fiscalía General de la Nación. La ley creó la unidad especial de delitos ambientales. Esa unidad se demoró un tiempo en instalarse. La ley le daba dos años para que la fiscalía pudiera crear los cargos, contratar la gente, capacitar a la gente y demás. Son herramientas invaluables de la ley, pues permitió la especificidad de unos delitos que antes estaban absolutamente todos bajo el mismo paraguas y que hoy son delitos autónomos como el delito de deforestación, el delito de tráfico de fauna silvestre. Digamos que esas son herramientas de un derecho mucho más moderno que le da la importancia al ambiente que este se merece y no, simplemente, el delito genérico que estaba enunciado de manera anterior en el Código Penal.

Y a tres años de la creación de la ley, ¿cuál es el balance?

La implementación de la ley es agridulce, es bastante agridulce porque, por ejemplo, si bien en estos últimos años los delitos ambientales han tenido una unidad al interior de la Fiscalía para, justamente, acusar a aquellos que han cometido delitos contra la naturaleza, lo que hemos visto es que esa es una actuación pobre por parte de la Fiscalía. La Fiscalía no se está tomando en serio, si se quiere, estos delitos. Eso tiene que ser materia de preocupación y de control por parte del Congreso de la República. Porque justamente emitimos estos delitos es para encontrar en primer grado a los máximos responsables.

¿Por qué considera que es así?

Es que no ha habido condenas a los determinadores de los delitos. Y ese es el espíritu de la ley de delitos ambientales. Ir a, si se quiere, capturar, poner a orden de los jueces y, por supuesto, que haya condenas de aquellas personas que hacen parte de organizaciones delictivas que están dedicadas a lucrarse a partir de los delitos ambientales.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Foto:Prensa Cámara

Las principales estructuras criminales del país también están detrás de graves delitos ambientales, algunas hoy están negociando con el Gobierno...

Convirtieron esos delitos ambientales en moneda de cambio en la negociación, eso es impresentable.

¿Cómo ha visto a este gobierno en el cuidado del medioambiente?

Así como hemos criticado al gobierno de Gustavo Petro, que resaltar aquello que Gustavo Petro ha hecho bien. Nosotros pasamos de ciento setenta y cuatro mil hectáreas en el último año de Iván Duque, a ciento veintinueve mil hectáreas en el primer gobierno de Gustavo Petro, a ochenta y cuatro, ochenta y cinco mil hectáreas en el último año. Eso es una reducción del más de cincuenta por ciento. Si nosotros siguiéramos este ritmo, tendríamos alguna esperanza de llegar a la meta de cero deforestación para el año 2030, que es la meta que Colombia se trazó en el Acuerdo de París. Sin embargo, a principios de este año, se calculó que en el primer semestre debía de haber alrededor de 58.000 hectáreas deforestadas, lo que nos pondría al final del año en una cifra de aumento con respecto al año anterior. Y por lo que hemos podido conversar con los expertos en esta materia, pero además por lo que ha dicho la propia ministra Susana Muhamad, esto tiene que ver con el hecho de que esas fuerzas ilegales que están sentadas negociando en la ‘paz total’ han convertido a la naturaleza en moneda de cambio y si no se hace como estas quieren, entonces amenazan con deforestar la Amazonía colombiana como una forma de presión al Gobierno Nacional. Eso es absolutamente inaceptable.

¿Cuál es el camino a seguir para fortalecer la implementación de esta ley?

Tenemos que seguir insistiendo en la voluntad política de la Fiscalía de luchar contra los delitos ambientales. Me parece que esta Fiscal no ha dado, digamos, muestras de que ese sea uno de los ejes que debería tener la Fiscalía General de la Nación en su lucha contra el crimen en Colombia, en especial contra el crimen organizado. Ha sido imposible, como autor de la ley de delitos ambientales, poderme sentar con la señora Fiscal para poder tocar este tema. Entonces, hacerle un llamado aquí a la señora Fiscal para que esto se convierta en una prioridad de la Fiscalía. Por otra parte, creo que todavía tenemos una tarea que hacer con los jueces de la República. Así como se hizo toda una socialización y una pedagogía en los temas ambientales con la Fiscalía, creo que tenemos que hacerlo también con los jueces, donde hay un cuello de botella. Y me parece, además, que la política del propio gobierno nacional tiene también que ir encaminada a la lucha contra los delitos ambientales, porque está bien que se hagan los acuerdos que se han hecho en términos de la posibilidad de tener unas economías forestales que conserven el bosque, que no vean al bosque como un impedimento para el desarrollo económico, que no se ve el bosque como pobreza. Pero sigue habiendo sectores de este país donde esas 84.000 hectáreas están centradas en actos delictivos en contra de la naturaleza, el Gobierno no ha tomado suficientes acciones para capturar a esos criminales y para ponerlos en cintura. En conclusión, es la necesidad de que haya voluntad política de múltiples actores del Estado colombiano, la rama judicial, la Fiscalía y el gobierno de Gustavo Petro.

¿Hay algún caso que usted resalte de alguna captura gracias a la ley?

Recuerdo la captura de uno de los máximos responsables de una enorme deforestación en el departamento del Meta. Esa ha sido, tal vez, la captura más importante que se ha dado en términos del delito de deforestación.

Juan Carlos Losada, representante liberal.

Foto:Prensa Juan Carlos Losada.

En las próximas semanas se inicia la COP16 en Cali, ¿cuál es la importancia de este evento, que ha recibido varias críticas?

Hace dos semanas estuve en la Semana del Clima en Nueva York, soy el único congresista de Colombia que fue invitado a varios eventos de la Semana del Clima que se dio justamente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Les puedo decir que hoy la COP de la que nadie está hablando es la COP29 de Azerbaiyán, porque la gente entiende que la discusión ambiental más importante que se va a dar este año es la COP16 en Cali. Confunden la importancia internacional de un evento organizado por las Naciones Unidas con como si esto fuera un evento político del Gobierno Nacional. Hay que resaltar que la COP 16 va a tener presencia de jefes de Estado, eso no había sucedido nunca en las COP de biodiversidad. A la COP de biodiversidad Canadá no asistió un solo jefe de Estado, aquí ya van más de 10 jefes de Estado que han confirmado su presencia. El propio fiscal de la Corte Penal Internacional va a estar en la COP16. El mundo tiene sus ojos puestos en esa COP porque además lo ven como el comienzo de la discusión de la COP de cambio climático que se llevará a cabo en 2025, la COP30.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política