¿La estrategia de la ‘mermelada’ en el gabinete salvará las reformas del Gobierno?

La apertura del gabinete, o representación burocrática, también llamada ‘mermelada’, sería una de las últimas cartas por jugar desde la Casa de Nariño para la aprobación de su ambiciosa agenda legislativa, en lo que podría ser el último año para tramitarla.

La anticipada campaña electoral, que se sentirá con más fuerza en los próximos meses, y la falta de mayorías sólidas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes estarían obligando al gobierno del presidente Gustavo Petro a abrir nuevamente las puertas de la Casa de Nariño a ministros que representen sectores de partidos políticos.

Si bien las directivas de los partidos Liberal y Conservador, ambos en la independencia, descartaron cualquier posibilidad de tener representación en el gabinete, sus congresistas, especialmente en la Cámara, no verían con malos ojos la posibilidad de que alguien de su sector político esté en el Gobierno.

‘La U’, por su parte, no ha emitido ningún pronunciamiento en ese sentido y ya desde la colectividad le entregaron tres hojas de vida al Ejecutivo para reemplazar a Mauricio Lizcano en el Ministerio de las TIC.

Pero sin los votos liberales y conservadores, la aprobación de las reformas sociales no será nada sencilla.

Las accidentadas sesiones extraordinarias de esta semana dejaron un pobre balance. La idea de la Casa de Nariño era avanzar en la reforma de la salud y, en dos días de sesiones, solo se aprobaron siete artículos. El viernes, por ejemplo, la sesión fue suspendida por falta de quorum, un hecho que deja en evidencia que las mayorías no están hoy con el Gobierno y el próximo ministro del Interior tendrá una dura tarea.

Ya comenzó a sentirse la llegada a la independencia del liberalismo. Solo el año pasado, cuando aún estaban en la coalición de gobierno, casi 30 votos a favor de las reformas eran de los ‘rojos’. Sin embargo, en la votación de esos siete artículos esta semana, alrededor de 15 liberales acompañaron al Gobierno.

En el liberalismo hay dos grupos. Por un lado, un sector que acompañó al Gobierno decidió tomar distancia tras la salida de la coalición y alinearse con las directrices de Gaviria, más cuando es el expresidente tiene la última palabra sobre los avales para quienes estén pensando en una reelección. Mientras que otro sector tiene decidido abandonar el partido, no aspirar en 2026 y seguir acompañando al Ejecutivo en sus reformas.

Ese sector, aseguraron varias voces de la colectividad, estaría buscando que, en medio de este remezón, le den un asiento en el consejo de ministros. No en vano, la ponente de la reforma de la salud es María Eugenia Lopera, del grupo del cuestionado Julián Bedoya

El comportamiento de los conservadores también cambió este año. Anteriormente, eran unos 13 conservadores rebeldes que, a pesar de las advertencias de la jefa de su partido, acompañaron al Gobierno. En las extras fueron solo un par de votos positivos.

Pero ya los conservadores de la Cámara tienen experiencia en negociar con el Gobierno su respaldo. Hace un año, un grupo de representantes, liderados por Ape Cuello, le entregó al Gobierno varias hojas de vida para el Ministerio del Deporte y finalmente fue nombrada Luz Cristina López.

Pero no solo se juega con los llamados tradicionales. La Alianza Verde, que hizo parte del llamado frente amplio que ayudó a elegir al Presidente, también ha recibido representación. María Fernanda Rojas llegó al Ministerio de Transporte y Antonio Sanguino, al Ministerio del Trabajo.

El Ejecutivo necesita garantizar los votos que ya tiene y conseguir nuevos, ante los que se irían por los cambios de dinámicas preelectorales. “El Gobierno está en la búsqueda desesperada para que, en el menor tiempo posible, se aprueben sus otras dos grandes reformas. Para eso abriría escenarios de burocracia a estos partidos. El Gobierno quiere mantener figuras muy leales, con poca o nula capacidad de crítica para cuestionar sus decisiones, pero es claro que está abriendo cuotas políticas a los partidos que se han declarado en independencia. Está abriendo amplias cuotas a sectores políticos que pueden garantizar votos. La operación con Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, y empezar a meter más funcionarios ‘verdes’ tendría ese sentido. El Gobierno les va a abrir cuotas a congresistas conservadores, liberales y de ‘la U’ que ya voten a favor para garantizar esos votos, pero va a tratar de jalar otros votos”, opinó el analista político Alejandro Chala.

En un año preelectoral, las prioridades del Congreso cambian y el ritmo de las sesiones será cada vez más lento, situación que enciende las alarmas del Ejecutivo. La reforma laboral, por ejemplo, debe estar aprobada el 20 de junio o se hunde por falta de trámite y todavía debe superar dos debates en el Senado y ser conciliada. Mientras que la ley de salud, que si bien tiene vida hasta junio de 2026, tendrá un trámite más complejo desde el segundo semestre de este año. 

“Desde marzo en adelante, a propósito de la época preelectoral, las dinámicas del Congreso tienden a cambiar porque muchos de los congresistas van a estar más tiempo en las regiones buscando votos. Los congresistas no se moverán tanto en la lógica de cuotas burocráticas, sino en el peso electoral. Eso va a ralentizar el trámite de las reformas”, agregó Chala.

Si la Cámara de Representantes aprueba la reforma de la salud, la Comisión VII del Senado estaría lista para hundirla nuevamente. Las directivas del Partido Liberal, por ejemplo, desde ya advirtieron que confían en el papel de Miguel Ángel Pinto en ese propósito. Asimismo, esa célula legislativa está en manos de Blel, quien, si bien asegura dar garantías, votará negativo. En esa Comisión no habría ministerio que valga.

María Alejandra Victorino, miembro de la junta directiva de Ocupar la Política y coordinadora de Incidencia Política del Extituto de Política Abierta, considera que la reforma laboral tiene una situación menos compleja, pues, a diferencia del panorama adverso de la ley de salud, “la llegada de un ‘verde’ como Sanguino a este ministerio juega un rol fundamental a la hora de buscar apoyos que le sumen votaciones afirmativas a este proyecto. Aunque juega contra el reloj, pues tiene hasta el 20 de junio para ser aprobada en su totalidad, existe la posibilidad de su aprobación”.

No todo es una moneda al aire para el Ejecutivo. Si no hay grandes cambios en lo que ha avanzado en la reforma de la justicia y la ley ordinaria de jurisdicción agraria, estos serían dos goles fijos que se anotaría el Gobierno. Hay ambiente y consenso de los sectores políticos, pero un artículo sin consenso o un mico podría significar un revés.

En otro punto, la Casa de Nariño espera tramitar una nueva tributaria para conseguir al menos 12 billones de pesos, pero ese proyecto no ha empezado a construirse y ya tiene mal ambiente. Más impuestos en un año preelectoral sería impopular, según han expresado parlamentarios y analistas.

Pero con gabinete nuevo y con representación partidista, también hay quienes creen que, a estas alturas, ya no queda mucho por hacer.

“La verdad, dudo de que haya un camino a estas alturas, salvo quizás por los proyectos ya avanzados o algo muy consensuado, pero es muy difícil aprobar reformas en el último año del periodo del Congreso, y con mayor razón para un gobierno sin mayoría como el de hoy”, dijo el analista Yann Basset.

Así va el gabinete

En menos de un mes, ocho ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro han salido del gabinete.

Por un lado, están aquellos que tenían decidido abandonar el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Por otro lado, están quienes renunciaron después del consejo de ministros televisado y la llegada de Armando Benedetti a la jefatura de Despacho. También están quienes salieron por ambas situaciones. “Quitamos a las personas con aspiraciones electorales. No es sano combinar aspiraciones electorales y administración pública. No se hace ni lo uno ni lo otro. Queremos separar esas aguas”, dijo esta semana el presidente Petro.

Los primeros cambios se dieron con las salidas de Mauricio Lizcano (TIC), María Constanza García (Transporte) y Luis Gilberto Murillo (Relaciones Exteriores). Posteriormente, tras el consejo de ministros del 4 de febrero y la solicitud de renuncia protocolaria por parte del Presidente, ya han sido cinco las renuncias irrevocables: Juan David Correa (Cultura), Susana Muhamad (Ambiente), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Juan Fernando Cristo (Interior) e Iván Velásquez (Defensa).

A esas salidas se suman las de Paula Robledo, secretaria jurídica; Jorge Rojas, quien solo duró una semana en el Dapre, y Alexánder López, director de Planeación Nacional. Pero esos no serían los únicos cambios. Se prevé que al menos otros dos ministros, así como otros departamentos, también dejen sus cargos.

El presidente Petro ha comenzado a hacer los primeros movimientos. Laura Sarabia, su mano derecha durante los últimos años, pasó del Dapre a la Cancillería. María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, llegó al Ministerio de Transporte. Yannai Kadamani, quien era viceministra de Cultura, asumió como titular de esa cartera. Antonio Sanguino, exsenador de la Alianza Verde con pasado en el Polo Democrático, fue nombrado ministro del Trabajo. Y Angie Lizeth Rodríguez, quien era asesora del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es la nueva directora del Dapre, en reemplazo de Rojas.

MATEO GARCÍA
Redacción Política
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