La cruda guerra entre el Eln y el 'clan del Golfo' que se ha apoderado de los ríos de Chocó

Navegar los ríos del departamento de Chocó es una aventura que permite disfrutar la riqueza natural que posee el territorio y divisar cada cierto tiempo los caseríos que van apareciendo a lado y lado con sus comunidades negras o indígenas.

Aunque esto puede resultar muy atractivo para quienes son de afuera, otra realidad viven los locales en estas autopistas de agua donde se libra una guerra entre ilegales que ha dejado a su paso zozobra, muertes, confinamientos y desplazamientos.

Con un total de 46.530 kilómetros cuadrados, el departamento cuenta con dos principales vías de acceso que unen a su capital, Quibdó, con ciudades del interior del país, de resto, la principal forma de transporte dentro del territorio es a través de la red fluvial que tiene.

Habitantes de la zona cuentan que esta última se ha convertido en un dolor de cabeza desde que el territorio, por sus particulares características, se volvió muy atractivo para los cultivos de uso ilícito, por lo que los ríos comenzaron a ser peleados y dominados por los criminales.

“Las características geográficas o geológicas son muy aptas para estos cultivos y, por lo tanto, se ha incrementado en los últimos años una dinámica económica basada en cultivos ilícitos, esto conlleva una protección, un cuidado o un interés de diversos grupos. Tenemos personas que también han llegado de otras regiones, no significa que son todos, pero sí han llegado a participar de las economías ilícitas”, comenta un poblador.

Esta dinámica ha llevado a que los grupos armados en terreno comenzaran a ejercer una protección criminal en los territorios, dejando a la población civil en medio de sus luchas.

Precisamente, este es el origen del paro armado de 72 horas que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó desde las 00:00 horas de este martes 18 de febrero hasta las 00:00 horas del 21 del mismo mes.

Todo inició en la cuenca media del río San Juan, en donde desde la semana pasada se han presentado fuertes combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas 'clan del Golfo'.

"La población está muy angustiada realmente. La semana anterior hubo combates que generaron un desplazamiento de unas mil personas, el confinamiento de unas quince mil. Ahora estaríamos hablando de que por lo menos la mitad de la población departamental entraría a confinamiento", dijo al EL TIEMPO, Nubia Carolina Córdoba - Curi, gobernadora de Chocó.

Es importante recordar que los paros armados en Chocó se han vuelto recurrentes, especialmente en la zona sur donde, en el año 2021, se comenzó a agudizar la lucha de poderes entre Eln y 'clan del Golfo' tras la ruptura de un pacto de no agresión que había sido acordado entre las partes.

El acuerdo entre los criminales

En una serie de documentos publicados por la Defensoría del Pueblo para la región del San Juan, se cuenta que desde el año 2010 comenzó un proceso de expansión por parte de grupos disidentes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que empezaron a ingresar por el norte del Valle del Cauca, pero también desde las subregiones del Bajo Atrato y el Darién chocoano.

Con la dejación de las armas por parte de la guerrilla de las Farc, en el año 2017, los otros grupos que estaban en la zona aprovecharon la salida para reubicarse y tomar el control.

El presbítero Ernesto Zapata Ochoa, vicario episcopal de la Diócesis Itsmina-Tadó, quien se ha recorrido los rincones de esta zona del departamento para acompañar a las comunidades negras e indígenas, cuenta que esta salida llevó a una lucha de poderes en las zonas donde el Estado nunca llegó para hacer presencia.

“Se entregaron algunas armas y hubo mucha movilidad en ese sentido, pero inmediatamente se despejaron ciertos lugares, entonces creció la lucha del poder por esos espacios, porque tanto Eln como paramilitares, empezaron a luchar por esas tierras y hasta entre ellos mismos peleaban”, contó el padre.

La ocupación del espacio abandonado por las extintas Farc por parte de los otros grupos fue informado por la Defensoría así: “Tomando en cuenta que, para entonces, el frente Ernesto Che Guevara del Eln ya contaba con una presencia significativa en ese territorio, se advertía una alta probabilidad de confrontación armada entre ambos grupos armados ilegales capaz de generar graves vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH”.

Ante el temor de choques entre ambos grupos, para finales de ese año, por exigencias de los líderes y lideresas sociales de las zonas del Medio y Bajo San Juan, se logró un pacto entre ellos, en donde quedaron claras las zonas de injerencia de cada uno para evitar enfrentamientos.

Fue de esta manera como la guerrilla del Eln se quedó con el dominio desde el corregimiento de San Miguel, en el Medio San Juan, hasta el Bajo San Juan, mientras que los paramilitares de las Agc, con mayor incidencia en Istmina, Andagoya y sus alrededores.

El pacto entre estos grupos criminales, por el control del territorio y de las economías, se rompió el 15 de agosto de 2021, lo que trajo consigo desplazamientos masivos de la población civil, así como confinamientos que, hasta el día de hoy, se volvieron el diario vivir de muchas comunidades.

A ellos también los han seguido homicidios selectivos, agresiones, amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres, desapariciones forzadas, contaminación del territorio con minas antipersonal y enfrentamientos armados.

Las consecuencias de estas peleas

Comenta el padre Zapata Ochoa que en el territorio se habla de “los de arriba y los de abajo”, por las dinámicas de los ríos, lo que permite entender que de la misma forma se van concentrando los unos y los otros.

“Unos se van concentrando arriba y otros hacia abajo, unos quieren subir, otros quieren bajar, pero todos quieren tener el dominio del territorio, y en ese dominio del territorio la cantidad de comunidades que resultan afectadas es muy grande”, cuenta el religioso.

En información recopilada por la Diócesis de Istmina-Tadó, en su jurisdicción eclesiástica hay más de 800 caseríos registrados, donde algunos pueden llegar a tener entre 20, 30 y 40 casas, con una población cercana a las 400 personas.

Muchas de estas comunidades han tenido que dejar de salir de sus territorios y adelantar toda su vida en el mismo lugar, situación que ha llevado, por ejemplo, al incremento del consumo de alcohol entre los jóvenes a temprana edad, deserción escolar y aumento de los casos de suicidio por el encierro o para evitar el ingreso a los grupos ilegales.

“Tenemos problemas mentales y llegamos al punto de tener muchos suicidios, entonces nosotros estamos viviendo un holocausto cultural y étnico por andar encerrados, porque no pueden salir, no se pueden mover. Suicidios en chicos afros, indígenas y adultos porque llegan a tener una desesperanza total, entonces, ¿qué van a hacer? Ha habido unos casos de suicidio porque no se los lleven, no los recluten”, agrega el padre.

Todos son sospechosos en los ríos

Por la tensión tan grande que hay entre los grupos de que su enemigo vaya a entrar a quitarle el territorio que con violencia ha conseguido, quienes naveguen por ríos como San Juan, Sipí, Baudó y Cajón, si no son de la zona, lo deben hacer con una justificación e ir acompañados de alguien de la región.

“Uno puede sobre el mismo río parar hasta cinco o seis veces, porque te paran los unos y te paran los otros. Preguntan: ¿Usted quién es? ¿Para dónde va? ¿Qué hace? Entonces siempre se presenta esa situación”, acota el párroco.

Para quienes son del territorio la historia no es diferente, ellos también con víctimas de los controles en los afluentes por quienes han llegado a dominar el territorio. La mayoría no son locales, por lo que se han incrementado los casos de secuestros y desapariciones de la misma gente de la región.

Los ríos de Chocó viven en un constante toque de queda, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, nadie los puede navegar. Corresponde a un mecanismo de defensa y seguridad de los actores armados para evitar que el enemigo ingrese en horarios donde los motores de las lanchas deben estar apagados.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Periodista de Nación

Medellín

Más noticias