A un año de las elecciones presidenciales y legislativas, hay serios riesgos de orden público que podrían incidir en los comicios. Así lo advirtió la Misión de Observación Electoral (MOE), a propósito de las 125 estructuras ilegales que operan en Colombia, tanto en zonas urbanas como rurales, que constantemente atacan liderazgos políticos y sociales.
Alejandra Barrios, directora de la MOE Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
Las alarmas vienen encendidas desde 2024, cuando la Misión registró alrededor de 500 agresiones contra líderes políticos en 195 municipios de 28 departamentos. Más de 170 de esos ataques afectaron a quienes participaron en la contienda electoral de 2023, y seis concejales en ejercicio fueron asesinados.
Las regiones más golpeadas fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Santander, donde confluyen viejas disputas territoriales y economías ilícitas.
En el Catatumbo hay una crisis humanitaria por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
La MOE destacó además que el 85 por ciento de los ataques contra liderazgos en 2024 se concentraron en áreas con presencia de estas estructuras armadas, principalmente el Eln y la 'Segunda Marquetalia' y el 'clan del Golfo', que por estos días adelante un 'plan pistola' contra miembros de la Fuerza Pública, que deja 22 muertos en distintas regiones.
Procesos de paz estancados y vacío legal
Buena parte de esta escalada de violencia se da por el estancamiento de la política de 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro. La MOE señala que de los once procesos de negociación incluidos “solo se cumplen dos: el del Eln en Nariño (Comuneros del Sur) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza”. El resto permanece en punto muerto por falta de avances y confianza entre las partes.
El frente Comuneros del Sur del Eln. Foto:Captura de video
Además, la Misión insiste que “no hay un esquema jurídico o ley de sometimiento” que garantice un camino claro para la desmovilización y reintegración de los combatientes.
Esta ausencia de un marco legal dificulta la entrega de armas y la verificación de compromisos, dejando al Estado sin herramientas efectivas para cerrar acuerdos y reducir la presencia de estos grupos antes de la campaña presidencial.
Las últimas elecciones en Colombia fueron las regionales del 2023. Foto:Vanexa Romero/ El Tiempo
El llamado de la MOE es a ajustar el Plan Nacional de Garantías Electorales y que este incorpore las estrategias de paz, el riesgo de boicots, intimidaciones y cierres anticipados de campañas seguirá siendo muy alto.
Por ello, pide “alinear el Plan Nacional de Garantías Electorales con las garantías de paz y seguridad para elecciones 2026” y advierte que, de no hacerlo, “el desorden público podría decidir más que las propuestas políticas”.
Intensificación de ataques de los grupos criminales
Los niveles de violencia de Colombia, según varios informes organismos nacionales e internacionales, están al mismo nivel que hace más de una década, cuando la extinta guerrilla de las Farc no había firmado la paz.
Recompensa contra 'Iván Mordisco' fue elevada recientemente. Foto:Cortesía
En los últimos días las alarmas están encendidas a propósito del 'plan pistola' que adelanta el 'clan del Golfo', así como los ataques de las disidencias de las Farc. Por un lado, la estructura de 'Iván Mordisco' intensifica sus acciones en el Cauca, mientras que los hombres de 'Calarcá', con el que el Gobierno adelante un proceso de paz e incluso firmó un cese de operaciones, está detrás de múltiples ataques en Caquetá y Meta. De hecho, ese grupo es dueño de la extorsión en ambos departamentos.
DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
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