La condena a la Nación por el atroz crimen de joven a la que le fue extraído su bebé vivo en una estación de Policía de Cartagena

El 11 de julio de 2014 una tragedia golpeó al barrio El Libertador de Cartagena, y marcaría el inicio de uno de los casos de violencia contra la mujer más aterradores, y con mayor sadismo, que ha vivido el país.

Kellys Zapateiro Guzmán, una joven de 28 años con ocho meses de embarazo, fue víctima de este feminicidio que conmocionó a Colombia. Una década después, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Administrativo de Bolívar sentó un precedente al declarar a la Nación administrativamente responsable por el brutal crimen, ordenando una reparación ejemplar para la familia de la víctima.

Un crimen con extremo sadismo

Ese 11 de julio del 2014 comenzó con un aparente ofrecimiento de ayuda: Josefa Cardona, vecina de Kellys, se ofreció para acompañarla a realizarse exámenes médicos. Sin sospechar el endemoniado que tenía la mujer en su cabeza.

Kellys- quien llevaba en su vientre un bebé de ocho meses, fruto de amores con el agente de Policía Andrés Díaz Zabaleta- aceptó la compañía de su vecina. 

Una vez en el Mercado de Bazurto, Cardona drogó con un jugo contaminado a la joven embarazada y la llevó hasta la estación de Policía en el corregimiento de Manzanillo del Mar. 

Allí, el comandante encargado era precisamente patrullero Andrés Díaz Zabaleta, también pareja sentimental de Cardona. 

En las horas siguientes, Díaz Zabaleta y Cardona ejecutaron el abominable crimen en las instalaciones de Policía.

Allí, Kellys fue sometida a torturas, y mediante un procedimiento rudimentario, bajo el más aterrador sadismo: los dos asesinos, con una cuchilla,  abrieron el vientre y procedieron a extraerle el bebé, luego la asesinaron de un disparo en la cabeza.

Bajo la oscuridad de la noche, y en los mismos predios de la estación de policía, el cuerpo fue desmembrado e incinerado en una hoguera al aire libre que atizaron los asesinos. El cráneo y otros restos fueron enterrados. 

Al día siguiente, y con la frialdad que solo puede albergar una mente enferma, Josefa Cardona intentó registrar al bebé como propio en una clínica, mientras la misteriosa desaparición de Kellys generó sospechas y alertas entre familiares y amigos. 

La macabra verdad emergió al día siguiente cuando un perro arrastrado por su olfato desenterró los restos humanos en la tras escena del cuartel policial.

Justicia penal: 60 años de cárcel

La investigación condujo a la captura de Josefa como la principal sospechosa pues fue la última persona con la que vieron a la víctima en el barrio.

El patrullero Andrés Díaz Zabaleta se fugó a Venezuela, pero no tardó en ser capturado y fue deportado del vecino país y puesto tras las rejas en Colombia. 

Ambos recibieron la máxima condena de 60 años de prisión en 2016. Sin embargo, la familia de Kellys y sus abogados consideró insuficiente el veredicto, argumentando que la responsabilidad del Estado también debía ser examinada.

La batalla legal contra la Nación

El caso tomó un nuevo rumbo cuando los familiares de Kellys demandaron al Estado. Afirmaron que, al ocurrir el crimen en una instalación policial, bajo el uso de recursos institucionales y en presencia de otros agentes, la Nación tenía responsabilidad administrativa. En octubre del 2018 la Policía Nacional pidió perdón público por el crimen. 

En 2020, un juez de primera instancia dio la razón a los familiares, pero denegó otras medidas simbólicas como una placa conmemorativa.

El caso fue apelado y llegó al magistrado Jean Paul Vásquez del Tribunal Administrativo de Bolívar, quien revisó exhaustivamente el expediente. 

Ahora, en un fallo histórico del pasado diciembre, confirmó la responsabilidad del Estado, destacando que los agentes presentes omitieron protocolos básicos de vigilancia y prevención, permitiendo que el crimen ocurriera sin intervención.

La condena a la Nación

El Tribunal Administrativo de Bolívar determinó que la Policía Nacional debía indemnizar a los familiares de Kellys con 380 salarios mínimos legales vigentes, distribuidos entre ocho tíos y la abuela paterna de la víctima. Además, ordenó medidas simbólicas y correctivas:

1. Construcción de un parque conmemorativo en Cartagena: Diseñado con perspectiva de género, incluirá un mural de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

2. Capacitación obligatoria para la Policía: Implementación de un programa de formación en enfoque de género para erradicar la violencia contra las mujeres y prevenir feminicidios.

3. Reparación simbólica: Un acto público de disculpas por parte de la Policía y una placa conmemorativa en honor a Kellys.

Perspectiva de género en la justicia

El alto tribunal de Bolívar ahora enfatiza la importancia de un enfoque de género en la administración de justicia. Su fallo subrayó que el feminicidio de Kellys no solo afectó a su familia, sino también a la sociedad en general, dejando una cicatriz en la comunidad de Bolívar.

"Esta decisión busca no solo reparar a las víctimas, sino también enviar un mensaje contundente sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres, especialmente en espacios que deberían ser refugios de protección y justicia", señala el alto tribunal. También señala en el fallo: “La entidad (estación de Policía) contaba con las herramientas y la obligación de vigilar cómo se prestaba el servicio en las instalaciones, lo que claramente se omitió mucho antes de la comisión del delito. Dejando pasar este hecho por alto, (los patrulleros) optaron por seguir descansando, cuando lo que realmente estaba ocurriendo era el feminicidio”.

El caso de Kellys Zapateiro se suma a otros feminicidios que han marcado a Colombia, como el de Rosa Elvira Cely. Ambos representan un llamado urgente a fortalecer las instituciones para prevenir y sancionar la violencia de género. La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar no solo ofrece justicia tardía, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las fallas estructurales que permiten que estos crímenes ocurran.

El parque conmemorativo, los programas de formación y las medidas de reparación simbólica son pasos hacia la construcción de una sociedad más equitativa y segura para las mujeres. Aun así, la verdadera justicia solo se alcanzará cuando casos como el de Kellys sean parte de un pasado que nunca se repita.

Además, te invitamos a ver nuestro 
documental Voces Silenciadas

Cartagena