Una ciudad del estado de Florida se convirtió en la primera del estado del Sol en retar al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general James Uthmeier, tras solicitarle a un juez que determinara si debe o no inscribirse en el programa 287(g), que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) capacitar a la policía local para que oficie como autoridad migratoria.
De acuerdo a un informe de El Nuevo Herald, la ciudad de South Miami argumenta que la intervención del tribunal es imprescindible debido a la presión política ejercida por el gobernador DeSantis y sus representantes sobre los departamentos de policía para que se adhieran al programa, a pesar de que la ciudad sostiene que la obligación legal solo aplica a las agencias del condado encargadas de las cárceles.
South Miami sostiene que ya colabora con ICE y que sumarse al programa podría generar responsabilidades adicionales y restar atención de sus agentes a otras tareas policiales prioritarias.
Según la denuncia, tanto el gobernador DeSantis como el fiscal general Uthmeier amenazaron con utilizar su autoridad para forzar a municipios y funcionarios locales a firmar los acuerdos 287(g).
South Miami se niega a adecuarse al programa 287(g) de ICE. Foto:TripAdvisor
El programa 287(g) que Donald Trump revivió para que ICE obtenga ayuda de policías locales
Con el objetivo de ejecutar lo que califica como "el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos", el presidente electo Donald Trump reinstauró el polémico programa 287(g) en Estados Unidos.
Según un informe de Telemundo, esta iniciativa permite a las fuerzas de seguridad locales colaborar con ICE y detener como si fuesen agentes migratorios a migrantes ilegales, para su posterior deportación.
El programa 287(g), creado en 1996 bajo la administración de Bill Clinton, otorga a los agentes estatales y locales la capacidad de asumir funciones de inmigración.
Por ejemplo, cuando una persona es detenida por otro delito, los oficiales capacitados pueden verificar su estatus migratorio en las bases de datos de ICE y retenerla hasta 48 horas si se determina que debe ser deportada.