La casa de Salvador Allende que provocó la destitución de su hija y la renuncia de su nieta en Chile

Escondida detrás de enormes árboles y, como si fuera una más del vecindario santiaguino de Providencia, se alza la casa en la que el expresidente Salvador Allende vivió, entre 1953 y 1971. En su interior anida la historia de una de las familias más influyentes de la izquierda chilena y un fragmento de la memoria nacional que, durante décadas, ha mirado la figura del líder socialista como un ícono de resistencia a la dictadura militar.

En ese contexto al gobierno del presidente Gabriel Boric le pareció una buena idea convertir el inmueble en un museo para honrar el legado del presidente, que murió defendiendo el palacio de La Moneda durante el golpe liderado por Augusto Pinochet, en 1973, y, le sumó a esta iniciativa, la compra de la casa de Patricio Aylwin, el primer jefe de Estado desde el retorno a la democracia.

Sin embargo, este proceso, que se anunció a finales de 2024, desató la polémica porque significaba la celebración de un contrato entre el Estado chileno, la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, hija y nieta de Salvador Allende respectivamente, ambas copropietarias de la vivienda y funcionarias públicas.

Un escenario prohibido por la constitución, y que no advirtió ninguno de los 17 abogados estatales que supervisaron el proceso. Aunque la compra no se concretó terminó costándole el puesto a ambas y desatando un escándalo para la izquierda, en pleno año electoral.

“Hoy enfrento una sanción que considero injusta. La vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia. Me voy con la frente en alto, reiterando que nunca que he usado mi cargo para beneficio personal. No busqué jamás el lucro ni el privilegio”, señaló la senadora Isabel Allende Bussi con la voz entre cortada, en su última comparecencia en la Cámara Alta, en donde no desaprovechó la instancia para arremeter contra el actual gobierno: “En ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”.

Y es que la fallida venta de la casa de Guardia Vieja, avaluada en casi un millón de dólares, significó un amargo final para la larga trayectoria política de la hija menor de Salvador Allende, ahora de 80 años, quien fue la primera mujer en presidir el Senado, la segunda en presidir la Cámara de Diputados y tenía más de 30 años de carrera parlamentaria.

“Es una decisión que pone un término un poco amargo a la carrera política de la senadora Allende, ella que ha sido un referente importante de la familia y del legado político de Salvador Allende, ha liderado distintas instancias, a nivel nacional e internacional, ha sido servidora pública por décadas, este era ya su último mandato. Sin embargo, lo que está claro es que aquí no hubo un acto corrupto ni contrario al principio de probidad, porque los dineros nunca se pagaron”, señala a EL TIEMPO el doctor en Derecho de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quezada.

Pero, el escándalo también salpicó a la nieta de Allende, Maya Fernández, quien, desde 2022, ejercía como ministra de Defensa del gobierno de Boric hasta el pasado 10 de marzo, cuando, presionada por el escándalo, decidió dar un paso al costado y presentar su renuncia, tras una acusación constitucional que buscaba inhabilitarla por 5 años para ejercer cargos públicos.

Tanto esta instancia como el proceso contra la senadora Allende, ante el Tribunal Constitucional, fueron impulsados por la oposición.

“La ultraderecha, que está creciendo mucho en Chile, con una acusación constitucional, politizó completamente un hecho en el que Maya (Fernández) no tenía responsabilidad, y por eso ella y el gobierno resolvieron no enfrentar la acusación constitucional del parlamento, que iba a ocupar una atención pública durante mucho tiempo”, señala a EL TIEMPO el exembajador de Chile en Venezuela, y miembro del Partido Socialista (PS), Jaime Gazmuri.

Para Gazmuri es claro que la derecha ha tratado de capitalizar este escándalo en un año marcado por la campaña a la presidencia, aunque desde la oposición se asegura que solo buscaron hacer respetar la constitución.

Coletazo para el gobierno de Boric

La desprolijidad con la que se manejó la compra de la casa de la familia Allende, por parte del ejecutivo, no solo causó que su hija y su nieta perdieran los cargos públicos que tenían, sino que terminó con la caída de la entonces ministra de Bienes Públicos, Marcela Sandoval y de varios asesores y abogados cercanos a Boric que estuvieron implicados en el proceso.

“Lo que corresponde es respetar el fallo del Tribunal Constitucional porque en Chile las instituciones se respetan y a la vez transmitirle a la sociedad chilena que el legado del Presidente Allende, de la señora Tencha, de la Tati -Beatriz-, de Isabel, de Maya siguen y seguirán vivos”, aseguró el presidente Boric en medio de la controversia que generó un quiebre con el Partido Socialista (PS) en la coalición de Gobierno.

Desde el PS se asegura que no hubo tráfico de influencias porque la idea de comprar la casa para convertirla en un museo fue del gobierno, el presupuesto para la casa fue aprobado por el Parlamento, en la ley del presupuesto de este año y, por lo tanto, la senadora Allende no tuvo ninguna intervención en la fijación del monto de la adquisición. “El gobierno tuvo la buena idea de convertir estas dos casas de residencia en museos. Museos que preservaran la memoria democrática del país. Desgraciadamente el gobierno cometió errores y no advirtió que podía haber una eventual controversia constitucional”, señala Gazmuri.

Desde la oposición celebran en fallo de Tribunal Constitucional, que es inapelable al ser de última instancia, y que pondrá fin a la carrera política de uno de los íconos de la izquierda chilena.

“Yo creo que aquí estamos en presencia de un fallo que deja en evidencia que se quiso vulnerar la Constitución vigente. No sé si va a ser decisivo para la campaña presidencial, pero creo que la opinión pública va a resentir las formas en las que la izquierda intentó llevar adelante este negocio, especialmente el Partido Socialista y el Gobierno”, señala a EL TIEMPO el abogado Max Pavez, quien representó a la coalición opositora Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional.

La inhabilitación política de la senadora Allende, a raíz de este fallo del TC, coincidió con el lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Winter, del oficialista Frente Amplio, lo que generó molestia en el Partido Socialista que aún no elige a su competidor para las primarias de la izquierda.

"Dentro de mi partido hay un ánimo complejo en contra del Frente Amplio. Se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades, que terminan con la salida de una senadora, que tiene que ver con nuestra historia como país, como partido, y que es lo que finalmente vemos con mucha pena", señaló Paulina Vodanovic, presidenta de Partido Socialista (PS) de Chile.

La fallida venta de la casa de Guardia Vieja 392 se convirtió así en un auténtico terremoto al interior de la coalición oficialista que, en los últimos días, ha comenzado a definir sus candidatos a las presidenciales del 16 de noviembre: Jeannete Jara, por el Partido Comunista y Gonzalo Winter, del Frente Amplio, son los últimos nombres en sumarse a la contienda en la que la izquierda chilena parte con desventaja frente a encuestas lideradas por los tres candidatos de la derecha: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA - Especial para EL TIEMPO – Santiago de Chile