La cárcel agrícola de Antioquia que se convirtió en un 'elefante blanco' y cumple siete años entre maleza y abandono

En la Asamblea de Antioquia se volvió a poner sobre la mesa la construcción de una cárcel, tipo agrícola, en el municipio de Yarumal, que estaría ubicada en el viejo seminario Cristo Sacerdote, un lote adquirido en 2017 y que se ha convertido en un 'elefante blanco' para el departamento.

La adquisición de este lugar, conformado por aproximadamente 40 hectáreas, tenía por propósito resolver el problema del hacinamiento carcelario en el departamento, que para ese momento superaba el 70 por ciento.

Para lograr dicho objetivo, la Nación, la gobernación de Antioquia, el distrito de Medellín, Inpec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), municipio de

Yarumal, Fiduciaria Corficolombiana y la Empresa de Vivienda de Antioquia firmaron un convenio para adjudicarlo a la Uspec y llevar a cabo la construcción del centro penitenciario.

Siete años después y tras una demanda en el 2022 del distrito de Medellín y la gobernación de Antioquia, se concluyó que la construcción no era apta para remodelar y se debía demoler, situación que no se había contemplando porque antes de la compra no se realizaron estudios y diseños.

David Ruiz, diputado de Antioquia, señala que este detrimento de recursos, pues la gobernación de Antioquia y alcaldía de Medellín aportaron cerca de $7.000 millones cada una, se debe a una mala planificación por parte de gestora predial durante la gobernación de Luis Pérez que no hizo un análisis técnico del predio y lo que allí estaba construido. 

"Hay una mala planificación contractual. Se compró un lote por un valor de 8.500 millones de pesos, cuando el lote correspondía, en un 90 por ciento, a una estructura que estaba en ese lote. Realmente, posterior a la compra del lote, se establecen los conceptos técnicos donde se determina que la estructura no sirve ni para ese uso penitenciario ni para otro uso y se tiene que demoler", dijo Ruiz. 

La estructura de la que habla es una edificación de 22.500 metros cuadrados, dividida en cuatro bloques, acompañado por canchas de fútbol, microfútbol y baloncesto, que hasta año 2013 sirvió para formar sacerdotes.

Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), le explicó a los diputados que la empresa en calidad de ejecutor de la cárcel agrícola de Yarumal tenía 11 obligaciones definidas, de las cuales seis se cumplieron, con un 70 por ciento en la fase 1.

Agregó, además, que “este proceso tiene una demanda cuyas pretensiones son: declaración de incumplimiento contractual por parte de la Uspec, liquidación del convenio marco y derivado, reintegro de 7.000 millones de pesos a la Gobernación de Antioquia y 7.000 millones de pesos al distrito de Medellín, más el pago de intereses del 6 por ciento, y se inicien las Investigaciones de responsabilidad del caso”.

Por su parte, Camino Calle, diputado de Antioquia, recordó que esta cárcel hace parte las 263 obras inconclusas del departamento que se configuran como 'elefantes blancos' y sobre las cuales se está a la espera de hallar a los responsables.

"Es paradójico que primero se compre el inmueble y después se hagan los estudios previos que señalan que la estructura está totalmente deteriorada. Es decir, Antioquia y Medellín compraron un inmueble para demoler y la demolición cuesta millones", concluyó Calle.

Con unos 43.000 millones de pesos sin ejecutar guardados en una fiduciaria y el predio que no sirve para el fin que lo compraron, señaló Juan José Casasfranco Medellín, delegado de la Uspec, la mejor decisión que se puede tomar es crear un proyecto nuevo porque el convenio existente tiene una "posibilidad muy baja de poderse ejecutar" y los recursos destinados no son suficientes para avanzar en un establecimiento de esta categoría. 

"Los recursos que puso el municipio y el departamento están en el predio, el predio está a nombre del Inpec y ahí está materializado ese recurso. Los recursos que están en la fiducia, que son la Uspec, deben retornar al tesoro nacional porque tiene destinación específica para ese convenio y, a partir de la construcción de un nuevo proyecto, la Nación buscará la posibilidad de financiarlo", agregó.

El convenio para el proyecto de cárcel agrícola de mínima seguridad iba a albergar 1.328 personas privadas de la libertad.