La alerta por el acto legislativo que busca modificar el Sistema General de Participaciones y que podría quebrar al Estado colombiano

El acto legislativo N° 18 DE 2024, una  iniciativa parlamentaria que propone aumentar que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a partir de 2027 y  durante un periodo de 10 años, prende una alerta para la estabilidad de Estado Colombiano.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, ese acto y  la implementación del mismo, llevaría a la quiebra o colapso financiero del Estado colombiano.

Para José Ignacio López, presidente de la Asociación, Colombia tiene una necesidad de avanzar en la descentralización de los recursos y ese es un objetivo común, pero aumentarlos como lo propone la iniciativa que se discute en el Congreso, no es la forma adecuada.

"No obstante tenemos reparos en que la fórmula sea simplemente volver a un  porcentaje fijo ( y alto) de los ingresos corriente de la Nación para las transferencias del SGP. Una fórmula que puso al país en problemas fiscales en el pasado (por eso se cambió) y que haría prácticamente inviable las finanzas públicas", explicó.

López señaló que la idea es buscar  una estructura donde  se pueda avanzar, donde queden claras las competencias de los entes territoriales, y en la cual no se comprometa la sostenibilidad fiscal. 

El acto legislativo propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 46,5 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Esto generaría de acuerdo con Anif, un aumento sustancial en las transferencias (que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo.

Así mismo en palabras  de Anif, esto generaría una completa inflexibilidad presupuestal, pues estaría eliminando el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento."En la práctica, esta reforma conduciría al colapso financiero del Estado", apuntó.

Como ejemplo la asociación señala que si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a 148 billones de pesos, representando una presión adicional de 77 billones frente a los 71 billones programados para este año (22,2 por ciento de los ingresos corrientes).

De aplicarse esta fórmula, el 95,3 por ciento del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros:

• Transferencias del SGP (46,5%)

• Pago de intereses (25,1%)

• Pensiones (18,1%)

• Vigencias Futuras (6%)

Esto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento.

Además alternativamente, si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1 por ciento del PIB, violando la Regla Fiscal.

"Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura", destacó Anif.

De acuerdo con el senador Guido Echeverri, autor de la iniciativa, el estado no se quebraría con la propuesta, "no creo que vayamos a un colapso; primero, porque el proyecto plantea un crecimiento de las transferencias gradual, hasta llegar al 46.5 por ciento en el 2037. Y segundo porque vendrá un ley que desarrolle ese acto legislativo en el sentido de entregarle más competencias y responsabilidades a las entidades territoriales a fin de que se financien con esas transferencias de más. Es decir, se entregan más recursos pero también más responsabilidades. Y de paso se establecerán más efectivos instrumentos de control a la ejecución de esos recursos", explicó.

De acuerdo con Juan Fernando Cristo, ministro del interior de Colombia,  el debate sobre la autonomía territorial busca corregir el centralismo que ha fallado en reducir la desigualdad regional. "La reforma al SGP fortalece las competencias de las regiones y cumple el mandato de la Constitución del 91. Mantener el statu quo es perpetuar un modelo fiscal ineficiente", expuso.

Anif añade que no se se debe hacer a expensas de la sostenibilidad fiscal del país. " Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional Central".

A su turno, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, apuntó que avanzar en entregándole más responsabilidades a los territorios y darles también más recursos ayudaría al país, pero hay otras ideas y propuestas sostenibles al largo plazo.

"El acto legislativo nos lleva a reducir el margen de inversión libre o flexible a solo 10 billones, perdemos toda capacidad fiscal libre para invertir, que de hecho ya es limitada. Pero peor aún, si mantenemos la inversión de hoy (que de hecho es baja) el déficit fiscal superaría el 10 por ciento del PIB violando regla fiscal. Algo así como un apocalipsis fiscal en menos de diez años y eso no es responsable", argumentó.

Para Restrepo es necesario incluir al debate de ideas  para la descentralización de los recursos, "para adelgazar significativamente el tamaño del estado (hasta en un 50 por ciento por ejemplo) como una política en la que nos sumemos muchas orillas de pensamiento y la academia", indicó

Anif también señala que se debe debatir la autonomía territorial, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que afectan la sostenibilidad fiscal del país.

"Es fundamental que cualquier avance en materia de descentralización esté acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, de manera que se fortalezcan las capacidades de los territorios sin comprometer la estabilidad  nacional", puntualizó.

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