'La acción gubernamental contra la corrupción se queda muy corta': Transparencia por Colombia

En entrevista con EL TIEMPO, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, reflexiona sobre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional en el que Colombia se ubicó en el puesto 92 entre 180 países con 39 puntos sobre 100.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional es el principal indicador global sobre corrupción en el sector público. Para asignar una puntuación de 0 a 100 utiliza fuentes de datos de expertos, evaluando comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, además de la efectividad en mecanismos existentes para prevenir la corrupción.

Según la organización, la calificación de Colombia refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. 

¿La tendencia hace pensar que Colombia puede seguir bajando posiciones?

El puntaje de Colombia en el 2024 en el Índice de Percepción de Corrupción hace una variación de 40 a 39 puntos respecto a 2023, si bien no es estadísticamente significativa, sí rompe con un puntaje que venía siendo progresivamente positivo desde el año 2018, es decir, en ese año teníamos un puntaje de 36 sobre 100. Tímidamente habíamos podido avanzar de 36 hasta 40 en el año 2023 y eso mostraba una tendencia de mejora, todavía muy lejos de un puntaje de 50, que sería algo a lo cual deberíamos apuntarle. ¿Qué significa entonces que caiga a 39? Que podríamos estar frente al inicio de una caída, que sí podríamos estar evidenciando un cambio hacia una percepción más negativa.

¿En qué sectores se percibe en mayor proporción la corrupción en Colombia?

Desde Transparencia por Colombia hemos identificado que en términos de instituciones donde se han presentado mayores hechos de corrupción en los últimos años, hay una afectación tanto en Gobierno nacional como en alcaldías y gobernaciones. Son entidades que tienen una recurrencia más alta de este tipo de hechos, pero por supuesto también preocupan escándalos, situaciones que posiblemente no son tan repetidas, pero que sí tienen impactos grandes y que involucran actores del Congreso o actores judiciales. Recordemos, por ejemplo, el escándalo reciente de la Unidad de Gestión de Riesgo que involucra de manera muy preocupante a congresistas en presuntos actos de corrupción.

¿Qué es lo que funciona mejor en países como Dinamarca, Finlandia o Uruguay?

En primer lugar, que tienen una mayor capacidad de reaccionar ante escándalos de corrupción, es decir, hay unos sistemas judiciales que cuentan con mayor independencia, mayor capacidad y que se respetan dando el debido proceso. Logran llegar a unos niveles de sanción mucho más ágiles, pero también efectivos y eso lleva a una disuasión de la corrupción muy poderosa. En segundo lugar, también en estos países hay unas condiciones para que el escrutinio ciudadano pueda realizarse de una manera mucho más libre. La garantía de libertad de prensa, de expresión, el acceso a la información pública, la protección a denunciantes de actos de corrupción son elementos que ayudan no solamente a generar un contexto más propicio a esa lucha, sino también a poder llegar a escándalos que se puedan destapar.

Por otro lado, también son países que logran tener unos sistemas políticos más transparentes, más abiertos, donde la relación entre dinero y política se puede controlar de una mejor manera, es decir, logrando reducir riesgos de financiación ilegal, logrando tener unos mejores niveles de rendición de cuentas evitando que unos recursos a campañas posteriormente puedan condicionar las actuaciones de los funcionarios elegidos.

¿Por qué se pueden aumentar los riesgos de corrupción con el país en modo electoral?

En un contexto electoral suceden varias cosas que pueden llevar a mayores riesgos de corrupción. Por un lado se generan escenarios de mayores acuerdos y transacciones políticas que podría ser un hecho menos preocupante si eso se pudiera evidenciar, visibilizar, pero sabemos que en Colombia hay muchas transacciones, arreglos políticos y clientelares que tienen el riesgo de suceder no solamente en la opacidad, sino en muchos casos seguir siendo afectados por economías ilegales o por actores ilegítimos que tienen interés de infiltrar la política para que a través de ella se actúe a favor de intereses particulares.

Por otro lado, en un contexto electoral también hay una situación en la cual quien está interesado en darle continuidad a su proyecto político quiere aumentar la ejecución de recursos públicos, mostrar mayores resultados y por esa vía sustentar justamente esa continuidad y es lo que estamos viendo en el país. Cuando hay un contexto electoral puede que haya un incentivo a hacer una ejecución desordenada, que no es suficientemente planeada, que no está soportada en equipos que tengan suficiente experiencia. Se recurre a una acción apresurada, ágil, que cae en mayores riesgos de corrupción, es decir, riesgos de desvíos de recursos.

¿Qué papel puede jugar la ciudadanía para salir de esta incómoda posición en el IPC?

La sociedad civil de manera amplia: activistas, medios de comunicación, periodistas de investigación, academia e incluso el sector privado son un motor de cambio, un motor que ayuda a empujar, a demandar que realmente haya cambios. Lo que vemos en Colombia es que por muchos años -y esto es lo que ha sucedido también en este gobierno- hay muchas promesas de campaña de lucha contra la corrupción, contra esquemas enquistados de crimen organizado que afectan los recursos públicos, pero cuando llegamos al momento de la aplicación efectiva de esas promesas la acción gubernamental se queda muy corta.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política