Jueza bloquea temporalmente plan de despidos masivos de Trump: buscaba reducir el personal en agencias federales

La jueza federal Susan Illston, del distrito norte de California, emitió este viernes una orden judicial temporal que bloquea los planes del presidente Donald Trump para ejecutar despidos masivos en diversas agencias del gobierno federal.

La decisión, válida por dos semanas, responde a una demanda presentada por sindicatos, organizaciones civiles y gobiernos locales que cuestionan la legalidad de la medida.

En su resolución, la magistrada Illston argumentó que los cambios estructurales que plantea la administración Trump probablemente requieren la autorización previa del Congreso. 

"El tribunal entiende que el presidente probablemente deba solicitar la cooperación del Congreso para ordenar los cambios que busca", señaló la jueza en su escrito, justificando así la suspensión temporal de los despidos.

La decisión judicial se refiere directamente a una orden ejecutiva emitida por Trump el pasado 11 de febrero, en la que el mandatario ordenó a las agencias federales realizar una "transformación crítica de la burocracia federal" y recortar personal considerado no esencial. 

Esta instrucción forma parte de un plan más amplio liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk.

Demandas contra el gobierno federal

La demanda fue presentada la semana pasada por una coalición compuesta por sindicatos, ONG y autoridades de seis ciudades y condados. Los querellantes argumentan que el Ejecutivo se extralimitó en sus competencias al intentar implementar recortes sin la aprobación legislativa correspondiente. 

Tras conocerse la medida cautelar, los demandantes emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que el plan de Trump “sumió a las agencias en el caos, perturbando los servicios críticos que suministran en la nación”.

Recortes adicionales y reacciones judiciales

Desde su retorno a la presidencia en enero, Trump ha impulsado otras medidas controversiales, incluyendo el cierre de programas de ayuda humanitaria gestionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como el desmonte de iniciativas de diversidad en la administración pública.

Sin embargo, varias de estas decisiones han enfrentado resistencia judicial. Políticas relacionadas con migración y gasto público también han sido suspendidas o modificadas por fallos en distintas instancias judiciales. 

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

JOS GUERRERO

EQUIPO ALCANCE DIGITAL

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