Juez ordena arresto de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y a su secretario de Educación: esta es la razón

El pasado lunes, 12 de mayo, el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral, en Tolima, notificó la decisión de ordenar el arresto a la gobernadora Adriana Magali Matiz y su secretario de educación, Andrés Felipe Bedoya, por el incumplimiento de una acción de tutela. 

Ahora, los dos funcionarios tendrán que cumplir con dos días de retención, además de pagar una multa de dos salarios mínimos legales vigentes por no avanzar en la reubicación de una docente que impuso la acción de tutela para garantizar los derechos de sus hijas. 

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La acción de tutela fue interpuesta por Diana Magaly Muñiz, una docente adscrita a la institución educativa Risaralda, luego de ganar un concurso especial para zonas relacionadas con el Postconflicto. Esto último la comprometía a permanecer por diez años en el lugar asignado para su labor. 

Sin embargo, la mujer consideró que el lugar en la que fue ubicada vulnera sus derechos, argumentando que no tenía garantías para el acceso a la salud y a la educación de sus dos hijas. Por esto, pidió la reubicación al casco urbano y poder acceder a estos derechos. La justicia estuvo de acuerdo con este requerimiento e instó a la entidad gubernamental a hacer este cambio. 

Este lunes, el Juzgado determinó que la Gobernación y la secretaría de Educación desacataron esta decisión y ordenó el arresto de los dos funcionarios por dos días y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En respuesta, la entidad emitió un comunicado.

En este texto, se asegura que el fallo sí se cumplió, citando palabras del secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas en las que explica los hechos relatados anteriormente y asegura que la mujer aceptó permanecer en el lugar por diez años, pero que, posteriormente, elevó la acción por la supuesta vulneración de sus derechos. 

"Si bien el juez no ordenó que fuera trasladada al casco urbano, lo que hizo la Secretaría de Educación fue acercar a la docente a una sede educativa de la Institución Educativa Risalda para que tuviera acceso pronto a la unidad hospitalaria del municipio de Chaparral”, asegura el funcionario. 

De esta forma argumenta que se hizo más de lo que fue ordenado por parte del Juzgado pero que, con el fin de seguir con el propósito de la docente, se ordenó "la reubicación de la docente en el casco urbano" en un caso "excepcional", pues según la convocatoria en la que concursó, el servicio debe ser prestado en zona rural. 

Este último dato fue enfatizado por el funcionario que mencionó que "la garantía de este concurso especial demanda que la prestación del servicio de los niños niñas y adolescentes de la zona rural se cubra a través de este tipo de concursos".

Ahora, se espera la resolución que notifique oficialmente la reubicación de la mujer en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral. "Esta es una situación excepcional y dada la orden judicial de desacato la atenderemos; pese a que no haya sido todavía comunicada oficialmente", finalizó el comunicado. 

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.