Isagén hace propuesta para bajar las tarifas de energía porque medidas del Gobierno podrían 'espantar' las inversiones

En entrevista, el gerente general de Isagén, Camilo Marulanda, reveló detalles de una propuesta que le está haciendo al Gobierno Nacional para ayudar a que bajen las tarifas de la energía en el país.

Dice que poner un tope del 95 por ciento a los contratos y del 5 por ciento a las compras en bolsa podría generar riesgos comerciales y financieros para los generadores de energía.

Además, Camilo Marulanda aseguró que esta medida del Ministerio de Minas y Energía “espanta” las nuevas inversiones que se requieren para aumentar la oferta de energía en el país, que es el problema de fondo de las altas tarifas en Colombia.

¿Por qué les preocupa el tope del 5 por ciento a las ventas de energía en bolsa?

Hay una preocupación porque ese tipo de señales las debería dar la Creg, y no salir de un decreto del Ministerio de Minas y Energía. Parte del diseño institucional del sector es tener un ente regulador técnico e independiente, por lo que ese tipo de señales deberían venir de la Creg.

Además, obligarnos a que el 95 por ciento de la energía que necesitan las distribuidoras se asegure a través de contratos nos genera unos riesgos comerciales y financieros muy grandes.

Las plantas de generación hídricas tienen una variabilidad muy grande en su producción, porque el clima se comporta de maneras extrañas. Cuando hay sequía, estas plantas producen muy por debajo de su capacidad de diseño.

Entonces, si se compromete el 95 por ciento de esa capacidad y hay una sequía prolongada como la que tuvimos el año pasado (las plantas operaron al 50 por ciento en algunos meses), se tendrá que comprar esa energía remanente que se comprometió en los contratos en la bolsa.

Normalmente esa energía se compra a precios muchísimos más altos que los de los contratos. En los contratos, la energía se puede vender a 300 pesos el kilovatio hora, pero en la bolsa se compraría a 700 o hasta 1.000 pesos. Esto al final tiene un impacto financiero catastrófico para nosotros.

La preocupación es que esto genera un riesgo asociado a los temas climáticos que es inmanejable para nosotros. Entendemos la preocupación del Gobierno Nacional por los altos precios de la energía en bolsa, pero al final esa no es la enfermedad sino uno de los síntomas.

Lo que estamos viendo es que la oferta de energía eléctrica está muy rezagada. En los últimos cinco años ha entrado en operación menos del 20 por ciento de la capacidad que se estaba esperando y la demanda cada día crece y crece.

Esos mayores precios de la energía en bolsa son un reflejo de que ese balance entre la oferta y la demanda está muy apretado.

¿Cuál sería una mejor solución para enfrentar los altos precios de la energía eléctrica?

Yo entiendo la preocupación del Gobierno por los altos precios de la energía en bolsa, pero en mi opinión la solución inicial no es intervenir el mercado porque eso no trae más oferta. Eso, incluso, espanta a los inversionistas que están haciendo proyectos en el país.

No obstante, si yo fuera a intervenir algo como una media coyuntural, entendiendo que hay una estrechez entre la oferta y la demanda, lo que haría sería flexibilizar el tipo de contratos que se pueden firmar para que la demanda (distribuidoras de energía) estén cubiertos con contratos.

Es decir, dejar que esos contratos sean una combinación entre un contrato de ‘pague lo contratado’ (se entrega la energía que se comprometió sin importar qué pase) y un contrato de ‘pague lo generado’ (la energía se entrega según la disponibilidad). Con esta combinación se cubre la demanda con contratos y se tiene una salida al riesgo climático.

Lo que le estoy proponiendo al Gobierno es que no discutamos si debe haber ese 95 por ciento o si la señal de intervención es buena o no –yo creo que no lo es-, sino que se flexibilicen los contratos para poder llegar a ese 95 por ciento que se quiere.

La propuesta consiste en incluir un nuevo tipo de contrato que permita generar la cobertura que quiere el Gobierno sin que los generadores tengan que internalizar ese riesgo de la variabilidad climática, que es imposible de asumir.

Esto se hizo el año pasado de manera temporal y lo que le estamos proponiendo al Gobierno es extender esta señal regulatoria para que todas las empresas tengan más contratos y estén menos expuestas en bolsa.

De manera paralela debemos hablar de lo importante y es cómo hacemos para que se hagan más inversiones en nuevas plantas, porque al final es lo único que va a curar la enfermedad de los precios altos.

¿Han tenido alguna respuesta del Gobierno sobre esta propuesta?

Todavía no, pero yo sí espero que el Gobierno revise el tema y tener, por lo menos, el espacio para explicar la propuesta. Las intenciones del Gobierno son veniales, pero pueden estar generando un problema más grande en el largo plazo.

Con tantas señales contradictorias en torno a cambios regulatorios y al quitar extensiones tributarias para los proyectos solares y eólicos (como pasó en la última reforma tributaria), el problema es que las empresas que quieren invertir en este tipo de energía en Colombia se espantan porque dicen que hay demasiados cambios y las señales son confusas. 

Lo que necesitamos son señales claras de inversión para solucionar el problema de la falta de oferta de energía que tenemos.

¿Cree que el Gobierno y algunas empresas se equivocan al culpar a los generadores de las altas tarifas de energía?

Yo creo que el Gobierno no tiene un buen diagnóstico del tema. La generación es el 35 por ciento de la tarifa final y lo que se compra en bolsa es un 5 por ciento, pero existe un problema estructural de oferta de energía porque es insuficiente. Si esto se combina con unos elementos climáticos muy variables, esto se exacerba más.

Si queremos que la generación de energía sea más barata, lo que necesitamos es que haya más generación porque en la medida en que la brecha entre la oferta y la demanda sea tan estrecha, los precios solo van a tender a subir.

Adicionalmente, nunca he estado de acuerdo con las aseveraciones que hacen algunos distribuidores respecto a que los problemas que han tenido son por culpa de la generación.

Es importante mencionar que el costo de generación es prácticamente el mismo para todas las distribuidoras del país. Si uno hace clic en Air-e, el problema es mucho más complejo de lo que se está viendo y está asociado a unas pérdidas de casi el 30 por ciento. De ese 70 por ciento que no se roban, el recobro de cartera debe estar entre el 70 y 80 por ciento.

En esas condiciones es un negocio que financieramente no es viable, y si a eso se le suma el hecho de que las redes son viejas, la alta salinidad de la región y unas necesidades de inversión inmensas, se trata de un problema muchísimo más complejo que el precio de la energía en bolsa.

¿El tope que se fijó al precio de escasez también tendrá un efecto negativo sobre Isagén?

Sí, pero no será en el corto plazo porque hay unos contratos de capacidad que van hasta el 2028. Esta medida no tiene un efecto inmediato y estamos pendientes porque el Gobierno propuso una tarifa incremental para las empresas que se acogieran a este nuevo esquema, pero eso no ha salido.

Yo creo que esta medida es una mala señal, sobretodo cuando se está buscando que más empresas inviertan. Se está tratando de controlar un precio vía intervención y no a través de un aumento de la oferta de energía, que es lo importante.

Además, el Gobierno dice que apoya las energías limpias, pero genera un esquema diferencial que es menos ventajoso para las energías limpias frente a las térmicas. Es una medida contradictoria y no suena bien.

¿Isagén no se va a acoger a esta propuesta?

Estamos esperando conocer cuáles serán esos incentivos porque aún no se han publicado, pero lo más probable es que no. Este nuevo esquema es muy oneroso desde lo comercial y financiero.

¿Genera desconfianza para invertir que el Ministerio de Minas y Energía expida la regulación que le corresponde a la Creg?

El diseño institucional es muy importante para darle confianza a los inversionistas. La institucionalidad de este sector consiste en tener un regulador independiente, técnico y que piense más allá del gobierno de turno, porque se hacen inversiones de muy largo plazo.

Sin embargo, lo que hemos visto es una Creg con expertos encargados y que tienen otras funciones dentro del Ministerio de Minas y Energía y dentro del Gobierno Nacional, que obviamente hace que no sean independientes.

También hemos visto unas señales por parte del Ejecutivo para marcar la línea regulatoria. Creo que esas discusiones hay que hacerlas de una manera más técnica, más pausada y al interior de la Creg con los técnicos.

Se debe pensar más en el largo plazo porque algunas medidas tienen unos efectos nefastos en el propósito de atraer inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. Es muy complejo para una inversionista entender que todos los años hay un cambio en las normas tributarias y que todos los días se anuncia un cambio regulatorio estructural para el sector.

Esto genera demasiada inseguridad porque nadie les asegura a las empresas que estos son los únicos cambios que se van a hacer de aquí a 30 años, que es la vida útil de cualquier proyecto que se construya. Hay que ser muy cuidadosos y mandar señales de tranquilidad.

¿Brookfield (dueño de Isagén) podría demandar a Colombia por el cambio en las reglas de juego para invertir?

La carta que se conoció hace unos días sale más de los accionistas de Isagén que de su administración. Yo respeto esa postura y comparto todas las preocupaciones que señalan: independencia del regulador, señales de inversión y estabilidad en las reglas de juego.

Pero más allá de eso, el espíritu de Brookfield en ningún momento es litigioso, se trata más de una postura constructiva de diálogo, de manifestar una preocupación genuina y de buscar acuerdos con el Gobierno por el bien del país y de la empresa de la que son accionistas.

¿Cuáles son las apuestas de Isagén para aumentar la oferta de energía en Colombia?

Estamos trabajando en adicionar 1.000 megavatios de energía solares entre 2025 y 2028. De este total, ya estamos avanzando en 450 megavatios, que representan una inversión de 1,5 billones de pesos. Estos parques solares estarán ubicados en Sucre, Córdoba, Tolima y otros departamentos.

Estamos comprando proyectos que están listos para construir y, a su vez, hemos comprado puntos de conexión al sistema para desarrollar proyectos nuevos desde etapas más tempranas.

Nosotros tenemos una visión de largo plazo de este negocio, estos son activos que se construyen por 30 años y nosotros le creemos al país. Creemos que el país necesita inversión, más energía, empresas que hagan las cosas bien y que sean respetuosas con las comunidades y con los temas ambientales.

Seguimos en nuestro plan de expansión, pero al margen de eso creemos que es importante también levantar la mano y llamar la atención del Gobierno a cerca de la importancia de mantener unas reglas claras para poder seguir invirtiendo.

¿A la compañía ya no le interesa construir hidroeléctricas?

Las señales frente a los proyectos hídricos a veces son medio contradictorias. Construir una hidroeléctrica grande en Colombia hoy en día es virtualmente imposible por las presiones sociales y ambientales.

El único proyecto hidroeléctrico que estamos trabajando se llama San Bartolomé y está ubicado en el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia. Es de 50 megavatios y ya tiene su licencia ambiental para construir.

Este año vamos a sacar la licencia ambiental de la línea de transmisión y en el 2026 deberíamos comenzar a construir el proyecto. La inversión puede estar entre 800.000 y 900.000 millones de pesos.