Iban a ser deportados de Texas, pero esta decisión de último minuto detuvo el proceso

El viernes 18 de abril por la noche, migrantes detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) ubicado en Anson, Texas se encaminaban hacia el Aeropuerto de Abilene para ser deportados cuando el autobús regresó a su sitio de partida a causa de una decisión temporal de la Corte Suprema. La gran mayoría de los extranjeros eran ciudadanos venezolanos. 

Según informó NBC News, al menos 28 extranjeros iban a ser deportados esa noche por las agencias del orden, las cuales acompañaban al ómnibus. La información sobre su expulsión y el lugar a destino seguía siendo confusa, con algunos deportados afirmando que iban a ser enviados a El Salvador y otros de regreso a su país de origen, Venezuela. 

Unas horas después de que llegara el vehículo al centro de detención, el juez federal James Boasberg programó una audiencia de emergencia, en parte por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que solicitaban una intervención de la Corte Suprema, principalmente porque los inmigrantes no recibieron la revisión judicial ordenada previamente. 

Al enterarse de las expulsiones, el magistrado le solicitó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, que cancelara los vuelos de ese día enmarcados en la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigua legislación que utiliza el presidente Donald Trump para deportar a presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua sin el debido proceso legal. 

La decisión se emitió en la madrugada del sábado, cerca de las 12.55 A. M. hora local, según informó Reuters. Ese mismo día, por la tarde, la administración del republicano solicitó a los jueces que revisen el asunto a fondo para rechazar la solicitud de ACLU. 

El recurso de hábeas corpus y la respuesta de Donald Trump sobre las deportaciones fallidas en Texas

Según consignó Reuters, la Corte Suprema solicitó que "la notificación [de una deportación] debe darse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita realmente buscar el recurso de hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra". No se especificó cuánto tiempo, aunque algunos abogados solicitan un aviso de 30 días para impugnar la decisión.

Por su parte, el presidente Donald Trump le informó a los periodistas que no estaba al tanto de las expulsiones fallidas del viernes. Sin embargo, afirmó desde la Casa Blanca: "Si son malas personas, ciertamente lo autorizaría. Por eso me eligieron. No eligieron a un juez".