El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por la captura de Aníbal Garavito, alias ‘Miller’, integrante de la estructura ‘John Linares’ del Bloque ‘Jorge Briceño Suárez’, del grupo armado que lidera ‘Calarcá’, como máximo responsable de la emboscada en la que asesinaron a siete militares.
¿Quién es alias Miller?
'Miller’ hizo parte de las antiguas Farc y los firmantes de la paz, pero luego retomó las armas y en contra suya hay una orden de captura de la justicia, aseguró el ministro del responsable del ataque a la patrulla militar encargada de custodiar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras, en San José del Guaviare.
El anuncio de la recompensa se hizo tras el consejo de seguridad que se cumplió con las comandantes de las Fuerzas Militares, el gobernador y el alcalde de la ciudad, en el que, así mismo, el ministro denunció el reclutamiento de menores pertenecientes a la etnia Nukak y reconoció la creciente inseguridad que enfrenta el departamento, así como la ocupación del espacio rural por grupos ilegales.
Sánchez señaló que “la inseguridad se ha alterado hace más de un año a raíz de la separación de los dos carteles del narcotráfico liderados por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’”, aun cuando recordó que con este último grupo se tiene “un cese de operaciones militares ofensivas, hasta el momento”.
La división de ese grupo, cuyo interés es criminal y delictivo, dijo el ministro, ha generado también el incremento de los homicidios, las extorsiones y el reclutamiento de los indígenas menores y ha afectado la movilidad en la zona, frente a hechos que el Estado tiene el deber de recuperar el control territorial y la seguridad de sus pobladores.
Al Guaviare también arribó una comisión de evaluación del parte del Gobierno Nacional que se reunirá con un tercer validador y con los delegados de las disidencias de ‘Calarcá’ y con base en esos informes el presidente Gustavo Petro adoptará una decisión del proceso, agregó.
Mientras ello ocurre, añadió Sánchez, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben seguir cumpliendo con su deber constitucional, “si bien es cierto hay un cese de operaciones militares ofensivas y una suspensión de operativos especiales, la orden es clara: atacar todos los fenómenos de criminalidad para proteger la población civil y en caso de que se llegue a tener un encuentro, independiente de cuál sea el grupo, deben utilizar toda la fuerza del Estado, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario”.
VILLAVICENCIO