Gobierno dice que con erradicación voluntaria acabará con la mitad de la coca del Catatumbo: ¿es viable?

En la vigencia de la Conmoción Interior (hasta 270 días, de los que ya han corrido 30), el gobierno del presidente Gustavo Petro planea destruir, vía erradicación voluntaria, 25 mil hectáreas de coca en el Catatumbo, la convulsionada región limítrofe con Venezuela que completa casi mes y medio como escenario de la peor emergencia humanitaria de los últimos años en el país.

La apuesta es ambiciosa, si se tiene en cuenta que, precisamente, la destrucción de cultivos de coca ha sido un frente crítico en la estrategia contra el narcotráfico. Así, el 2023 se cerró con más de 253 mil hectáreas de narcosembrados que dispararon la producción potencial del país a más de 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Ese mismo año, la erradicación forzada de cultivos cerró en 20.323 hectáreas (menos de la tercera parte del 2022). Y en 2024 se erradicaron apenas 9.403 hectáreas: no se llegó ni siquiera a las 10 mil hectáreas presupuestadas por el Gobierno, la meta más baja en toda la historia de la lucha antinarcóticos. Simultáneamente, el arranque de los planes de erradicación voluntaria, más de dos años largos después de inicio del Gobierno, sigue pendiente.

Con los recursos extraordinarios provenientes de los impuestos creados vía estado de excepción, el Gobierno anuncia que pondrá a andar un plan de erradicación voluntaria concentrado en el municipio de Tibú, uno de los que más coca tienen en todo el territorio nacional.

“Hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior”, dijo Petro. Tras descartar de plano un eventual regreso de la fumigación aérea, herramienta que consideró “inconstitucional”, el presidente aseguró que no se pagaría por la entrega de hojas de coca: “No es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación es toda la mata, incluida sus raíces, es lo que impide que (la coca) vuelva”, aseguró.

El plan del Gobierno es pagar 1 millón 280 mil pesos mensuales, por un período de 12 meses, a las familias que se acojan al programa de sustitución voluntaria. Esos pagos se harían mientras se logran consolidar proyectos productivos legales, según explicó Gloria Miranda, encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.

“En estos territorios la gente no ha conocido el Estado, apenas está conociendo las entidades de gobierno. La economía se ha basado en los cultivos de uso ilícito. Mientras se consolida una economía legal, se debe darles un sustento”, dijo la funcionaria.

Qué va a pasar con la otra mitad de la coca del Catatumbo y cuáles medidas se tomarán para evitar que, como sucedió en el pasado, los pagos por coca no se conviertan en un motor de los narcocultivos son preguntas cuyas respuestas no han sido abordadas por el Ejecutivo. En el Catatumbo había hace 10 años menos de 8 mil hectáreas. Las falsas expectativas sobre mayores beneficios a campesinos que tuvieran coca generadas por el proceso de paz con las Farc y el fin de la fumigación aérea por prohibición de la Corte Constitucional son factores claves en la disparada de las narcosiembras en la frontera con Venezuela, que es además la segunda ruta más importante para los narcos colombianos.

Miranda afirmo que el énfasis no es la entrega de los dineros por un año sino los proyectos productivos para “reemplazar todo el circuito económico y garantizar el transporte. Por eso se articula con la construcción de una vía para sacar los productos”. El Presidente había asegurado a su vez que este año se realizarán inversiones claves en la carretera que une al Catatumbo con el centro del país y con Cúcuta y la frontera.

La jefe del PNIS agregó que se priorizarán “proyectos de mujeres cabeza de hogar y proyectos asociativos”. En esa línea informó que se buscará que el Banco Agrario le dé a la población vinculada al programa “créditos con periodos de gracia hasta de 5 años mientras los nuevos cultivos dan ganancia”.

En total, de acuerdo con lo expuesto por Gloria Miranda, para sustitución se destinarán 362.000 millones, de los cuales unos 152.000 millones estarán dirigidos a pago por erradicación y 178.000 millones, al establecimiento de nuevos proyectos productivos.

El pasado 14 de febrero, el Gobierno expidió el decreto 0180 de Conmoción, que creó “un pago por erradicación voluntaria, de carácter humanitario y extraordinario y condicionado a la sustitución voluntaria de cultivos para la transición hacia economías lícitas”.

El presidente Petro afirmó que había ordenado a la Fuerza Pública una ofensiva total contra la guerrilla del Eln, a la que acusó de intentar desestabilizar el país con un plan criminal que, dijo, ponía en riesgo la soberanía nacional. Según Petro, el plan de la guerrilla de ‘Antonio García’ era desplazar a más de 50 mil personas del Catatumbo para llevar a esa región a sus propias bases, si bien no especificó de dónde vendrían esas comunidades ni por qué representarían una amenaza a la integridad territorial del país.

“Una nación que no cuida sus fronteras no es nación. La función constitucional del Ejército es cuidar la frontera”, le dijo el Jefe de Estado a su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. Y agregó: “Esas 25 mil hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del Eln de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio”.

La viabilidad de la meta

Olguín Mayorga, líder social de la región, resaltó la propuesta del Gobierno y consideró que sería una salida viable: “La preocupación de nosotros es la realidad de los hechos, que no corramos el riesgo de que esto se quede en promesas”, afirmó. Por su parte, el profesor y analista Jorge Andrés Rico afirmó que dada la cantidad de coca en el Catatumbo (43 mil hectáreas según la ONU), una meta de erradicación tan ambiciosa “requiere un modelo integral de parte del Estado en el que se cambie lo que se ha venido dando con la ‘paz total’ y se ejerzan acciones contundentes en contra de los criminales y una opción institucional efectiva para los campesinos”.

Tanto Mayorga como Rico señalaron que el éxito del plan está amarrado a una efectiva labor del Estado para garantizar la seguridad de los campesinos y para evitar que, como ocurrió en otras oportunidades, la plata de las ayudas no termine garantizando el fin de los narcocultivos.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política