Funcionarios de la Defensoría del Pueblo Atlántico se declaran en "desobediencia" y exigen defensor en propiedad

Un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico expresaron públicamente su preocupación por la crisis que atraviesa la entidad. 

La falta de un defensor o defensora en propiedad desde hace más de seis meses, y la designación de un encargado que también dirige la Regional Bolívar, según los funcionarios, han generado un grave deterioro en la atención y protección de los derechos humanos en el departamento.

"Esta itinerancia ha profundizado la crisis institucional que ya habíamos advertido en febrero del 2022 y que fue puesta en conocimiento a las directivas de la entidad en reiteradas oportunidades, la última comunicación se realizó el 10 de febrero del 2025, sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para gestionar la crisis", indicaron los funcionarios en un comunicado.

"Ciega, sorda y muda"

Los funcionarios también expresaron su preocupación por la imagen que proyecta la Defensoría Regional, calificándola de "ciega, sorda y muda" ante la grave crisis de derechos humanos que vive el departamento. 

Atribuyen esta situación a la falta de liderazgo y eficiencia de los defensores regionales designados en los últimos años.

A pesar de la esperanza que generó la llegada de Iris Marín, la primera defensora del Pueblo mujer de Colombia, los funcionarios consideran que sus exigencias y las de las organizaciones sociales del Atlántico han sido ignoradas. 

"Parece que a la defensora le importa poco o nada las exigencias de las organizaciones sociales del Atlántico y mucho menos los llamados de intervención urgente que han hecho los servidores públicos adscritos a esta entidad", afirmaron.

Desobediencia declarada

Ante la falta de respuestas, los trabajadores de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico se han declarado en desobediencia hasta que se les brinden soluciones concretas.