Freno al peaje de Arroyo de Piedra: Justicia ordena consulta previa con comunidades étnicas

hace 2 meses 16

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga ha fallado a favor de las organizaciones sociales étnicas en su lucha contra la construcción del peaje en Arroyo de Piedra, un proyecto a cargo de la Concesión Vial Autopistas del Caribe.

La sentencia reconoce el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas, así como su participación en las decisiones que impactan sus territorios.

El fallo y sus implicaciones

La acción de tutela, interpuesta contra el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesión Vial Autopistas del Caribe y la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, argumentaba que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas a la igualdad, la diversidad étnica, la participación, el debido proceso y la consulta previa.

Dejar sin efecto la Resolución ST-1207 del 26 de julio de 2022, que autorizaba el proyecto, y en su lugar determinó que, en un plazo máximo de 72 horas, se reinicie el trámite administrativo de consulta previa con las comunidades de la zona de influencia

Juzgado Segundo Penal del Circuito de SabanalargaFallo

Como resultado, el tribunal ordenó: "Dejar sin efecto la Resolución ST-1207 del 26 de julio de 2022, que autorizaba el proyecto, y en su lugar determinó que, en un plazo máximo de 72 horas, se reinicie el trámite administrativo de consulta previa con las comunidades de la zona de influencia para la construcción de la segunda calzada Luruaco – Sabanalarga".

Además, el fallo establece que los consejos comunitarios de comunidades negras de los municipios de Luruaco, Repelón y Sabanalarga deben participar activamente en el proceso de certificación de procedencia. Las alcaldías de estos municipios tendrán un plazo de 48 horas para informar a la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre las comunidades étnicas presentes en su jurisdicción.

Si la sentencia no es impugnada dentro de los próximos tres días, el expediente será enviado a la Corte Constitucional, que podría revisar el caso y emitir una decisión definitiva.

Un peaje polémico: ¿por qué se oponen las comunidades?

El peaje de Arroyo de Piedra, parte del proyecto de la Concesión Vial Autopistas del Caribe, ha sido ampliamente cuestionado por habitantes, transportadores y sectores productivos de la región. Entre los principales argumentos en contra se encuentran:

Afectaciones económicas: La instalación de un nuevo peaje encarecería el transporte, impactando negativamente a trabajadores, comerciantes y productores agrícolas.
Desconocimiento de las comunidades afrodescendientes: La falta de consulta previa significaba una vulneración de derechos fundamentales de las poblaciones que habitan la zona.
Aumento del costo de vida: Un nuevo peaje afectaría la movilidad de los habitantes de los municipios cercanos, incrementando los costos en bienes y servicios.
Falta de inversión en infraestructura vial: Muchos sectores argumentan que, antes de implementar más peajes, es necesario mejorar las condiciones actuales de las vías en el Atlántico.

Reacciones tras el fallo judicial

El representante a la Cámara, Gersel Pérez, quien lideró el recurso legal, celebró la decisión y destacó que representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las etnias del Atlántico.

“Sin duda alguna, esto es un gran avance para el reconocimiento de las etnias en el Atlántico. Hoy dimos un gran paso demostrando que el Gobierno no conoce los territorios; aquí sí están asentadas nuestras comunidades y, por ende, la Ley 21 de 1991, que protege la consulta previa, opera para estos territorios”, expresó Pérez.

Por su parte, líderes comunitarios y organizaciones sociales han exigido que se respeten los tiempos y procedimientos de la consulta previa, garantizando una participación real y efectiva de las comunidades afrodescendientes en la toma de decisiones.

Así mismo, han destacado que esta sentencia representa una victoria clave en la lucha por el respeto de los derechos de los pueblos étnicos y el cumplimiento de los procesos democráticos en la planificación de proyectos de infraestructura: "Ahora, el Gobierno y las entidades responsables deberán replantear la implementación del peaje de Arroyo de Piedra, asegurando que cualquier decisión cuente con el aval de las comunidades impactadas".

Para estas comunidades, el fallo, además, podría sentar un precedente jurídico para futuros proyectos en el país que no respeten la consulta previa, fortaleciendo la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas frente a megaproyectos que afectan su territorio y calidad de vida.