La justicia francesa juzga desde este lunes a la líder derechista Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada, en un caso que podría costarle su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia.
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"No hemos violado ninguna norma política ni ninguna norma reglamentaria del Parlamento Europeo", aseguró una "serena" Le Pen antes del inicio del juicio, estimando que en este caso "la libertad parlamentaria está en juego".
No hemos violado ninguna norma política ni ninguna norma reglamentaria del Parlamento Europeo.
El tribunal correccional de París juzga hasta finales de noviembre a Le Pen, a su partido Agrupación Nacional (RN) y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016.
El juicio llega en el mayor momento de influencia en Francia para la líder derechista de 56 años. La supervivencia del nuevo gobierno escorado a la derecha del presidente Emmanuel Macron depende de que su partido no apoye la moción de censura anunciada por la izquierda.
Los mayoría de imputados --nueve exeurodiputados, 12 exasistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido-- niegan los cargos y buscarán trasformar el proceso "en un juicio político", según un allegado de Le Pen, citado por el diario liberal L'Opinion.
"Los asistentes de un diputado no son empleados del Parlamento Europeo, sino asistentes de diputados de un partido político (...) y tienen obviamente una vocación política", defendió la líder de RN a mediados de septiembre en el rotativo popular Le Parisien.
Los acusados se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y un millón de euros de multa (1,1 millones de dólares). Pero el mayor riesgo para Le Pen sería la poco probable imposición de una pena firme de 10 años de inhabilitación, que acabaría con sus ambiciones presidenciales para 2027.
Victimización
La investigación reveló la puesta en marcha de "forma concertada y deliberada" de un "sistema de malversación" de los 21.000 euros (23.460 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.
Pero, según los investigadores, los asistentes habrían trabajado en realidad parcial o completamente para el Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero.
Entre estos figuran el guardaespaldas del fundador del FN y líder hasta 2011, Jean-Marie Le Pen; la asistente personal de Marine Le Pen, una de las hermanas de la líder derechista y el diseñador gráfico del partido, entre otros.
Jean-Marie Le Pen, de 96 años y padre de Marine, no comparecerá finalmente ante la justicia a causa de su frágil estado de salud, como tampoco lo hará el también exeurodiputado derechista Jean-François Jalkh.
La legislación europea prohíbe que los asistentes trabajen para el partido. El Parlamento Europeo, que denunció los hechos en 2015, evaluó el perjuicio financiero en 3 millones de euros (3,35 millones de dólares).
Entre los elementos comprometedores figura un mensaje del otrora tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, alertando de la mala situación económica: "Sólo saldremos de esta si hacemos grandes ahorros gracias al Parlamento Europeo".
El juicio llega cuando RN vive su mejor momento. Su victoria en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 provocó que Macron adelantara en junio los comicios legislativos previstos en 2027, cuyos resultados dieron la llave de una eventual censura a Le Pen.
¿El juicio romperá este ciclo? "Cada vez que se ataca a [su] partido o a sus dirigentes, eso le permite hacerse pasar por víctima" y beneficiarse de ello entre la opinión pública, indicó la politóloga experta en la derecha Nonna Mayer.
El delfín de Le Pen, el eurodiputado Jordan Bardella, no está imputado en el caso, pese a que en 2015 trabajó algunos meses como asistente parlamentario de Jalkh. Según el diario de izquierda Libération, el actual presidente de RN elaboró "documentos falsos" para librarse.