Florida cambia las reglas para consumidores: nueva ley firmada por DeSantis entra en vigor en julio

A partir del 1 de julio, quienes compren en Florida ya no contarán con una herramienta clave para comparar precios: el precio por unidad. La ley SB 700, firmada recientemente por el gobernador Ron DeSantis, revoca la histórica Ley de Precios Unitarios al Consumidor, por lo que generó preocupación en sectores defensores de derechos al consumidor. 

Según específica la medida, esta modificación legal implica que los negocios ya no estarán obligados a informar el costo por litro, kilo o unidad de medida, dificultando la posibilidad de evaluar con precisión qué producto es más económico.

La legislación SB 700 representa un giro más que radical en las políticas de protección al comprador en Florida. Desde su sanción, desaparece el requerimiento de exhibir precios unitarios en productos básicos. 

Cabe destacar que, antes, este dato debía estar impreso de forma clara y accesible cerca de los artículos en venta. Ahora, el cálculo recaerá en cada consumidor.

Esta decisión elimina un sistema que, según lo previsto por el estatuto 501.135 de Florida, estaba orientado a “proteger los intereses del consumidor, estimular la competencia transparente y fomentar prácticas comerciales justas”. Ya no habrá sanciones penales ni administrativas para los comerciantes que oculten esta información clave.

Al ya no estar disponible el precio por unidad, usted deberá calcular manualmente cuánto cuesta cada producto por litro, kilo o medida equivalente. Esto puede entorpecer la experiencia de compra, especialmente para consumidores mayores, personas con discapacidades visuales o quienes compran grandes volúmenes.

La falta de información precisa también podría facilitar prácticas abusivas o confusas por parte de algunos comercios, lo que afecta su capacidad de elegir de forma informada. 

Por otro lado, al eliminarse la exigencia de uniformidad en las medidas, se obstaculiza la comparación entre marcas o presentaciones similares.

Además de impactar en la transparencia del consumo, la ley también modifica normativas sobre el uso de tierras agrícolas, el despliegue de estaciones de carga para vehículos eléctricos y el control estatal sobre la proliferación de mosquitos, entre otros puntos.