Fallo judicial frena cobro de valorización en la vía Barranquilla-Cartagena: Invías debe hacer audiencias públicas

Una medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la suspensión inmediata del cobro por contribución de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, incluida la Circunvalar de la Prosperidad. La decisión judicial se produjo tras admitir una demanda interpuesta por el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, quien cuestionó la legalidad y el procedimiento con el que se impuso el tributo.

Según el fallo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) no podrá avanzar en el cobro sin antes realizar un proceso de socialización amplio y participativo en la zona de influencia de la obra, que comprende municipios de Atlántico y Bolívar. En concreto, se deberán convocar audiencias públicas en Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará.

Invías tiene tres meses

Finalizado ese plazo, el Invías dispondrá de tres meses para realizar las audiencias públicas presenciales en cada municipio. Posteriormente, cualquier persona natural o jurídica podrá presentar alegaciones, réplicas y observaciones a los estudios técnicos y socioeconómicos que sustentan la distribución y liquidación del cobro.

Una vez concluida esta etapa de participación ciudadana, Invías contará con dos meses más para elaborar un informe final que recoja todos los comentarios recibidos y ofrezca respuestas detalladas a cada uno de ellos. Solo entonces podrá reactivarse el proceso de cobro.

El senador Carlos Meisel celebró la decisión y aseguró que representa un triunfo para la región Caribe: “Hoy hay grandes noticias para el Caribe. Triunfa nuestra acción popular y decretan las medidas cautelares para suspender el injusto cobro de la valorización. Es una reivindicación a nuestra región, que muchas veces se ve afectada por decisiones tomadas desde Bogotá”.

Petro no puede seguir atropellando a nuestra región: Meisel

Meisel también criticó la actitud del Gobierno Nacional en este caso. “Petro no puede seguir atropellando a nuestra región. El Caribe necesita ser escuchado, defendido y, sobre todo, ser parte de decisiones construidas en conjunto que impacten su calidad de vida, ojalá positivamente”.

Entre los principales argumentos de la demanda, Meisel señaló que el cobro fue implementado sin cumplir los requisitos legales mínimos, como la elaboración y publicación de un censo predial técnico actualizado. También denunció que el proyecto se presentó como una doble calzada, pero más del 60% fue ejecutado como vía sencilla, lo que pone en entredicho el beneficio real para los propietarios que serían gravados.

La medida ha sido fuertemente cuestionada por sectores ciudadanos y líderes políticos locales. Aunque el Gobierno ha manifestado que los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos del cobro, los críticos sostienen que no existe claridad sobre la metodología que se usará para determinar la base gravable y los beneficiarios reales de la obra.

Gobierno Nacional proyecta recaudar al menos 1,2 billones de pesos

En total, se estima que la zona de influencia del proyecto comprende alrededor de 248.000 predios, de los cuales 100.000 estarían exentos del cobro, según cifras oficiales. El Gobierno Nacional proyecta recaudar al menos 1,2 billones de pesos con esta contribución, que busca financiar parcialmente las obras viales en la región.

El fallo se suma a otras acciones judiciales en curso, incluyendo una demanda presentada ante el Consejo de Estado. La Procuraduría General de la Nación ya había emitido un concepto favorable a la suspensión, lo que refuerza la posición del senador Meisel y los demás sectores que han impulsado esta controversia legal y ciudadana.

Por ahora, la suspensión del cobro marca un precedente importante en la defensa del derecho a la participación ciudadana y al debido proceso en la implementación de cargas tributarias que impactan directamente a miles de ciudadanos del Caribe colombiano. 

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