Exclusivo: este es el borrador de la ley de competencias que los gobernadores le entregaron al Gobierno

Para el próximo 20 de julio está previsto que el Gobierno Nacional radique la ley de competencias, uno de los proyectos claves que se discutirá en los próximos meses en el Congreso y que definirá las tareas del nivel central y regional, luego de la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

Durante la cumbre de gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada en Yopal el pasado 25 de abril, los mandatarios departamentales discutieron a puerta cerrada el documento de 244 páginas junto a expertos como Jorge Iván González, exdirector de la Dirección Nacional de Planeación (DNP).

Los gobernadores junto a la Federación le entregaron ese día al ministro del Interior, Armando Benedetti, su propuesta de ley de competencias para que el Gobierno lo tenga en cuenta dentro de la creación del documento que será radicado en el Congreso.

El alto funcionario aseguró que la única razón por la que estuvo en Casanare fue para recibir el borrador, que calificó como una “oportunidad única”. “Los retos son mirar cómo se reduce el gobierno nacional, fortalecer los departamentos, garantizar que los territorios asuman competencias y definir la plata que va a las regiones”, dijo la cabeza de la cartera de Interior.

Desde esa cartera han estado trabajando también en el documento y se espera que desde Fedemunicipios también hagan llegar a la entidad su propuesta para así crear el proyecto final.

¿Qué dice el documento?

Si bien el documento va a tener ajustes, lo que plantea la naturaleza del borrador, al que tuvo acceso este diario, es “establecer la distribución de competencias entre la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios, regular el funcionamiento del Sistema General de Participaciones garantizando la eficiencia en la asignación de recursos, el cierre de brechas económicas, sectoriales y territoriales, y el fortalecimiento a la autonomía territorial”.

El borrador cuenta con 180 artículos y plantea la necesidad de realizar una categorización territorial que permita “una correcta diferenciación de capacidades institucionales y fiscales para una asignación de recursos con enfoque diferencial”, esto lo hacen teniendo en cuenta que no todos los municipios y departamentos tienen las mismas condiciones económicas ni de prestación de servicios.

Dentro del artículo 5 se señala que el encargado de esto será el DNP que expedirá y actualizará anualmente la categorización de entidades territoriales, teniendo en cuenta dimensiones como la demográfica, geográfica, económica, fiscal, social y de capacidades humanas.

Asimismo, establecen cómo debería ser el periodo de transición del SGP: “Se tendrá un periodo de transición de 12 años contados a partir del año siguiente en que se expida la presente ley. En todo caso, el incremento no podrá empezar a aplicarse antes del año 2027. El incremento anual será un porcentaje igual a la duodécima parte de la diferencia entre el 39,5 por ciento establecido como meta y el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinado al Sistema General de Participaciones correspondiente al año en que se expida la presente Ley”.

Las prioridades

Las entidades beneficiarias del Sistema deberán priorizar la inversión de estos recursos en el cierre de brechas sectoriales en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general.

Del mismo modo destacan: “El monto de recursos que se asignen a las entidades territoriales beneficiarias del Sistema General de Participaciones no podrá ser inferior al monto de los recursos asignados en la vigencia fiscal inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, más un incremento anual correspondiente al Índice de Precios al Consumidor del año anterior”.

Los recursos de la participación para educación del SGP se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo público, teniendo como prioridad la financiación de docentes y personal, seguido de insumos clave para la permanencia (alimentación, transporte) e infraestructura, antes que otros gastos.

Sobre los recursos de educación, el texto dice que “los distritos y municipios certificados recibirán directamente los recursos de la participación para educación. Los recursos de la participación para educación en los municipios no certificados y las áreas no municipalizadas serán transferidos al respectivo departamento. Los recursos para los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y transporte escolar serán transferidos directamente a los municipios y distritos. Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y departamentos y no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza”.

También, destacan que los giros se harán los diez primeros días del mes siguiente al que corresponde la transferencia. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrarán los recursos del SGP en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial.

A pesar de que los territorios recibirán el dinero, deberán suministrarle al Ministerio de Educación la información del respectivo año “relativa a los factores indispensables para el cálculo de los costos y de los incentivos del año siguiente”. En caso de requerirse información financiera, ésta deberá ser refrendada por el Contador General o por el contador departamental.

Con respecto a la salud, los recursos del SGP se destinarán a financiar las competencias de los entes territoriales en materia de “aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado de salud. Se mantendrá un aporte constante y sostenido en el tiempo para esta competencia, correspondiente al promedio del valor aportado entre 2019 y 2024. Acciones de autoridad territorial en salud pública para la fiscalización sanitaria y la respectiva inspección, vigilancia y control, ejecutadas por las Dirección Territorial de Salud. Cofinanciación del funcionamiento de los prestadores públicos que prestan servicios de salud del componente primario”.

Uno de los temas que más preocupa a los gobernadores es el de seguridad y dentro del borrador se plantea que a través del Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces, se asigne y transfiera “anualmente los recursos necesarios para que los departamentos diseñen, implementen y evalúen programas y proyectos integrales de protección y seguridad”.

Contrario a lo que se ha planteado anteriormente, el borrador señala que no será el texto el que defina cuáles entidades desaparezcan, sino que sea posterior por medio de un proyecto de ley que radicaría el Gobierno en el Congreso seis meses después de que entre en vigencia.

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MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política