Exalcalde de Pereira Carlos Maya, imputado por irregularidades en contratación, seguirá en la cárcel

hace 3 horas 12

El exalcalde de Pereira, Carlos Maya López, continuará enfrentando el proceso judicial que se realiza en su contra desde la cárcel. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira negó la apelación que instauraron los defensores de Maya con la cual buscaron que se revocara la medida de aseguramiento intramural que ordenó una juez de control de garantías en su contra.

Maya, quien fue alcalde de Pereira en el periodo 2020- 2023, fue imputado por varios delitos relacionados con presunta corrupción en la construcción de la avenida Los Colibríes, proyecto vial que no fue concluido y que está abandonado actualmente.

Además de Maya, otros exfuncionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira están siendo procesados por los mismos hechos.

Uno de ellos es el exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García, cuyos abogados defensores también apelaron la medida de aseguramiento en su contra, pero el mencionado Juzgado igualmente la negó.

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, obtención de documento público falso, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Maya fue detenido el 21 de junio del año pasado, junto con el exsecretario de Infraestructura, y uno de los interventores. Después fueron detenidos contratistas e interventores de la avenida Los Colibríes.

Los abogados defensores de Maya y Hurtado solicitaron la revocatoria de estas medidas argumentando que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para justificar la privación de la libertad. Además, cuestionaron la validez del procedimiento judicial.

Adicionalmente, según El Diario, señalaron que la Fiscalía no presentó motivos suficientes ni material probatorio fehaciente para justificar la necesidad de la diligencia de una diligencia de allanamiento que se realizó en la residencia de Maya.

El abogado explicó que en la residencia del exalcalde no se halló evidencia de que se estuviera ocultando información, ni que la casa del exalcalde fuera el lugar donde se encontraba la información relevante sobre un contrato estatal.

También pretendieron demostrar que la Fiscalía no cumplió con los requisitos legales para emitir la orden de allanamiento y que la inspección a la Alcaldía ya había demostrado que la mayor parte de la información estaba disponible.

Tramo de la inconclusa avenida Los Colibríes, en Pereira.

Los abogados defensores han argumentado que Maya no tenía acceso ni control sobre la información del contrato en cuestión, ya que había dejado su cargo como alcalde y han cuestionado la interpretación de la Fiscalía de una conversación interceptada, alegando que se basó en una lectura errónea para justificar la medida. En esa llamada Maya habría hablado con su esposa sobre los trámites para realizar un viaje al exterior.

¿Qué dijo el Juzgado?

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira concluyó que las pruebas y actuaciones fueron realizadas conforme a la ley, manteniendo así las decisiones del Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira.

El fallo del Juzgado ratifica que los allanamientos y registros emitidos por la Fiscalía el 20 de junio de 2024, así como los procedimientos y resultados consignados en los informes de la Policía Judicial del 21 de junio de 2024, son legales.

Además, el Juzgado declaró legal la captura de los investigados, la incautación de los elementos probatorios y la medida de detención preventiva en un centro de reclusión. Explicó que la detención en un centro carcelario es necesaria debido a la gravedad de los delitos imputados a Carlos Alberto Maya López y Milton Hurtado García.

"Los cargos no solo afectan a los implicados, sino que también generan un impacto significativo en la comunidad y en los intereses del Estado", se puede leer en el fallo.

Adicionalmente, el Juzgado asevera que existe un riesgo de obstrucción a la justicia y que la detención preventiva es una medida proporcional para proteger el proceso penal. Determinó que la magnitud de los delitos y el riesgo de intervención en la investigación justifican la reclusión en un establecimiento carcelario hasta que los hechos sean completamente esclarecidos