¿Estudiantes internacionales en Harvard podrían ser deportados inmediatamente? Los efectos de la puja con Trump

Miles de estudiantes internacionales, entre ellos unos 75 colombianos, amanecieron este viernes en el limbo luego que la administración de Donald Trump decidió retirar la acreditación que le permite a la Universidad de Harvard registrar a extranjeros en el sistema que les otorga visas para ingresar y permanecer en el país.

En una decisión sin precedentes, el Departamento para la Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) anunció que, a partir de ahora, el prestigioso centro educativo ya no tendrá acceso al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis), que maneja esta dependencia y sin el cual no podrán acreditar a nuevos estudiantes.

Incluso, según una carta que envió el DHS a Harvard, los estudiantes ya matriculados tendrán que transferirse a otras universidades o perderán su estatus (es decir, la visa) si no lo hacen.

La administración le dio al centro educativo un plazo de 72 horas para cumplir con una lista de exigencias que -dice- son mandatarias si quiere volver a ser certificada nuevamente.

Se trata de un golpe tremendo contra, quizá, la universidad más prestigiosa del mundo, y donde el 27 por ciento de sus estudiantes proviene del exterior.

De acuerdo con datos oficiales, en este año escolar 2024-2025, que está por concluir, había 6.800 estudiantes internacionales matriculados. Entre ellos, los 75 colombianos que estudian o una carrera regular o un máster.

Anualmente, los costos de estudiar en Harvard oscilan entre los 85.000 y 90.000 dólares. Es decir, si el veto se mantiene, la Universidad de Harvard perdería unos 610 millones de dólares netos, pues, a diferencia de los estudiantes de Estados Unidos que a veces califican para subsidios, los internacionales por lo general pagan la matrícula plena.

Y que se sumaría a los más de 2.000 millones en recortes a aportes federales que también ordenó Trump posterior a que la universidad, que es privada, se negó a modificar su pénsum y aceptar una especie de veeduría del Gobierno.

Harvard ya había demandado a la administración por esta medida, también inusual, y se espera que haga lo propio con el veto a los estudiantes internacionales.

“Estamos plenamente comprometidos con que Harvard pueda acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales, provenientes de más de 140 países, quienes enriquecen enormemente a la universidad y a esta nación. Estamos trabajando con rapidez para brindar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta represalia amenaza con causar graves daños a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, dijo Jason Newton, director de comunicaciones de la universidad.

El viernes, un juez estadounidense bloqueó de manera temporal la restricción. "Se prohíbe a la administración Trump implementar (...) la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio) del demandante", ordenó la jueza Allison Burroughs.

El origen de la disputa de Trump con Harvard

El conflicto tiene su raíz en una solicitud de documentos emitida por el DHS como parte de una investigación iniciada el pasado 16 de abril.

En la solicitud, el Gobierno exigía que Harvard entregara información detallada sobre sus estudiantes internacionales, incluyendo el historial académico de cada uno, así como cualquier vínculo con actividades ilegales o que se consideraran parte de un “entorno hostil para estudiantes judíos”.

Harvard expresó su preocupación por el carácter excesivo e ilegal de dicha solicitud y respondió el 30 de abril que solo proporcionaría información exigida por ley.

Ese mismo día, la vicepresidenta ejecutiva de la universidad, Meredith Weenick, publicó una carta instando a la comunidad universitaria a mantenerse centrada en sus estudios, asegurando que la institución protegería los datos de sus estudiantes.

Una semana después, el gobierno Trump respondió indicando que la respuesta no satisfacía sus exigencias. Finalmente, este jueves, el DHS descalificó a Harvard del programa de visas estudiantiles, alegando “incumplimiento de requisitos básicos de notificación”, ampliando además el número de criterios requeridos.

En el fondo, la actual disputa es un escalamiento del primer rifirrafe entre Harvard y la administración, luego que el centro educativo se negó a cumplir con sus exigencias pese a la amenaza de suspensión de la ayuda federal.

Ante la negativa -que aún está por resolverse en las cortes- la administración Trump optó por otra vía legal, dando inicio a una investigación encabezada por el departamento de Justicia cuyo fin era obtener los récords de los estudiantes internacionales.

“Esto no tiene antecedentes. El DHS nunca había intentado reestructurar el alumnado de una universidad revocando el acceso a sus sistemas de verificación de antecedentes, y es excepcional que se centre en una institución entre los cientos que certifica cada año”, afirma Andrea Flores, ex funcionaria del DHS durante la presidencia de Barack Obama y actual vicepresidenta de política migratoria de FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración.

Aunque polémica, la jugada de la administración tiene cierto sustento jurídico.

Cuando un estudiante es aceptado en una universidad de Estados Unidos, este tiene además que obtener una visa para ingresar al país, decisión que depende del departamento de Estado y el DHS. El DHS, en particular, maneja un programa, el SEVIS, para monitorear a estos miles de estudiantes.

Sin embargo, para que una institución educativa y sus estudiantes tengan acceso a SEVIS, debe contar con una certificación gubernamental. La administración de Donald Trump aprovechó esta vulnerabilidad al revocar la certificación de Harvard, impidiendo que acceda a Sevis, a pesar de que los estudiantes aún puedan tener visas válidas.

Como resultado, Harvard ya no puede registrar oficialmente a sus estudiantes internacionales en el sistema y demostrar que están inscritos de tiempo completo y cumpliendo con los requisitos de sus visas.

La pérdida de acceso a Sevis significa que todos los estudiantes internacionales en Harvard quedarían en una situación legal incierta y podrían ser deportados inmediatamente, a menos que se transfieran a otra universidad o que un tribunal judicial bloquee la decisión del DHS.

Los estudiantes que no actúen para cambiar de institución estarían violando las condiciones de su visa y serían susceptibles de expulsión del país.

De acuerdo con Carl Tobias, experto en tribunales federales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, es muy probable que Harvard, tras presentar una demanda, salga victoriosa si alega que la suspensión de la acreditación a SEVIS fue arbitraria o caprichosa.

O, al menos, que acote las exigencias de la administración.

La Universidad, de hecho, se mostró dispuesta a entregar algunos récords de estudiantes internacionales -los que infringieron normas- pero no los de todos.

En cualquier caso, eso puede tardar tiempo y deja muchas dudas y preguntas por resolver.

Para los estudiantes ya matriculados constituye un golpe ya que, de momento, no es ni siquiera claro que puedan permanecer en el país. Además, la opción de cambiar de universidad en este punto no es fácil pues la gran mayoría de los centros educativos ya distribuyó los cupos para el año escolar entrante, que inicia en agosto.

Y aun si lo lograran, verían su sueño truncado: su aspiración, precisamente, era obtener un título de Harvard, considerada la mejor universidad del mundo.

Peor es el caso para los que ya fueron aceptados y se encuentran por fuera del país, que ni siquiera tienen la certeza de que los dejarán ingresar mientras persista el impasse.

A largo plazo, si no se resuelve la disputa, sería también un golpe no solo para la institución sino para Estados Unidos, pues Harvard, con sus altos requisitos de aceptación, solo recluta a las mejores mentes del mundo. Y, muchas de ellas, ante la incertidumbre, puede que apunten a otros destinos como en Europa o Asia.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington