Estructuras ilegales de Medellín y Gobierno extienden tres meses el piloto contra la extorsión

Durante la socialización de los resultados del plan piloto para la reducción de las violencias en el Valle de Aburrá, firmado el 19 de enero del año pasado, Jorge Vallejo Alarcón, cabecilla financiero de la organización criminal ‘El Mesa’, señaló que las estructuras armadas ilegales que hacen parte del espacio sociojurídico con el Gobierno extendieron por tres meses más el compromiso de no extorsión en 25 de barrios.

“Algunos nos dicen que es demasiado poco, pero para nosotros es enorme el esfuerzo que estamos haciendo para avanzar en compromisos medibles y cumplibles”, señaló la senadora Isabel Zuleta, principal vocera del Gobierno.

Cabe recordar que el acuerdo firmado el año pasado incluye cuatro puntos más, además del ligado al asunto de la extorsión: fin a las confrontaciones entre las bandas y de las fronteras invisibles; la defensa de la vida; la no participación en actividades relacionadas con la explotación sexual; y el fin a la venta de estupefacientes en las instituciones educativas.

“Es preciso un gran pacto social. Las estructuras quieren dar un paso en este sentido, por lo tanto, anunciamos que, atendiendo una solicitud de la delegación del Gobierno, y luego de diferentes consultas, comunicamos que se ha decidido extender por tres meses más este piloto de paz”, señaló el jefe criminal.

El balance del plan piloto

En el encuentro, que tuvo lugar en la Universidad de Antioquia, el Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz (Eosap) entrego un informe de los resultados del piloto, a partir de la información recabada por Pares, Ideas para la Paz, Corporación Nuevo Arcoiris y la Arquidiócesis de Medellín, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Según el reporte entregado por el mecanismo de monitoreo, las denuncias de extorsión cayeron en Medellín y en Bello. “Sin embargo, el mapa de calor dice que ya había una tendencia a la baja”, manifestó Alejandro Sierra, coordinador del Eosap.

Sierra señaló que para realizar el análisis tuvieron varios desafíos, incluidas limitaciones de recursos, tiempo y de apoyo institucional. Además, que el subregistro de denuncias impidió una línea base confiable. El vocero añadió que durante el monitoreo identificaron casos en los que no hubo denuncias, pero en los que sí se pagaron extorsiones por temor a represalias. “Esta percepción refleja una problemática estructural más profunda: la extorsión ha sido naturalizada como un mecanismo de gobernanza criminal”, señaló.

El debate jurídico

Uno de los grandes interrogantes de este espacio es la ausencia de una oferta jurídica para los miembros de estas agrupaciones armadas -igual que sucede en los diálogos de paz urbana de Buenaventura y Quibdó-.

Hay que recordar que la Corte Constitucional estableció a través de la sentencia C-525 del 2023 declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de las bandas y advirtió que eso se debía hacer el Congreso a través de una ley.

Por tal motivo, los esfuerzos de la delegación de Gobierno, anteriormente liderada por Jorge Mejía, se han concentrado en sellar treguas entre las temidas bandas de Medellín, como la pactada en septiembre de 2022.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz de junio de este año presentó un balance del número de homicidios antes y después de dicha tregua. La organización analiza los 606 días previos y los 606 días posteriores y concluye que hubo una reducción del 8 por ciento si se suman los datos de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta. Asimismo, hubo una variación del 143 por ciento en las capturas, es decir, se pasó de 14.092 a 34.287, según datos de la Policía.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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