Estados Unidos y Panamá cometieron múltiples violaciones tras expulsión masiva de migrantes: HRW

Estados Unidos y Panamá cometieron serias irregularidades y violaron normas nacionales e internacionales durante la reciente expulsión masiva de casi 300 migrantes de terceros países que fueron enviados a esta nación centroamericana como parte del agresivo plan de deportación que adelanta la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo afirma un informe publicando este jueves por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en el que piden poner fin de la práctica y solicitan a otros gobiernos no recibir a ciudadanos de terceros países enviados por Estados Unidos, salvo que exista un acuerdo que les asegure sus garantías procesales y el derecho a solicitar asilo en cumplimiento de los convenios internacionales.

El informe, titulado 'A nadie le importó, nadie nos escuchó: Expulsión de ciudadanos a terceros países desde Estados Unidos a Panamá', documenta la odisea y maltrato que vivieron la mayoría de migrantes y que aún persiste, pues muchas permanecen todavía en este país bajo una especie de limbo jurídico.

El texto está basado en entrevistas con 48 de estas personas, entre los que hay hombres, mujeres y niños provenientes de Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Etiopia, Irán, Nepal, Pakistán, Rusia, Somalia, Sri Lanka y Afganistán.

Todas estas personas -en total 299- entraron a EE. UU. poco después de la posesión del presidente Donald Trump -el pasado 20 de enero- y solicitaron asilo tras declararse perseguidos en sus países de origen por razones étnicas, religiosas, orientación sexual y/o opiniones políticas, entre otras.

Ese mismo día, sin embargo, el nuevo presidente declaró que Estados Unidos enfrentaba una emergencia nacional por la "invasión de migrantes" y prohibió las solicitudes de asilo a quienes cruzaran la frontera de manera irregular.

Pese a que las leyes de Estados Unidos -y los convenios internacionales- le garantizan a una persona el derecho a solicitar asilo, la administración procedió a deportarlos de manera expedita y sin ofrecerles las garantías procesales vigentes, alegando que estas se habían suspendido con la declaratoria de emergencia.

"El gobierno de Estados Unidos mantuvo detenidas a estas personas bajo malas condiciones. A menudo, fueron retenidas en habitaciones muy frías, se les impidió́ ponerse en contacto con familiares y abogados y se les mintió o no se les dijo lo que les estaba ocurriendo, incluyendo cuando las esposaron, encadenaron e hicieron subir a aviones militares con destino a Panamá", dice el reporte.

Ya en Panamá, las autoridades los mantuvieron en condiciones equivalentes a una detención en régimen de incomunicación: primero, en un hotel en Ciudad de Panamá y, después de una semana, en una estación de recepción migratoria (ERM) en la provincia de Darién, frontera con Colombia. Además, les retuvieron sus teléfonos, les impidieron las visitas y se esforzaron para evitar que tuviesen contacto con el mundo exterior.

A principios de marzo fueron liberados, después de que las autoridades panameñas les expidieron un “permiso temporal humanitario” de 30 días, prorrogables hasta 90, y les dijeron que debían aprovechar ese tiempo para gestionar su traslado, ya fuera regresando a sus países de origen o yéndose a otro destino

De los 299 expulsados, 180 optaron por regresar a sus países con el patrocinio del programa de “retorno voluntario asistido” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero, otros 119 aún permanecen en Panamá, a la espera de otra solución, ya que temen por sus vidas en caso de un retorno a su nación de origen. Sin embargo, el país centroamericano no les ha ofrecido la posibilidad de asilo.

Los perfiles de los migrantes que permanecen en Panamá porque temen por su vida

Entre los que permanecen está una mujer iraní de 27 años que huyó del país tras convertirse al cristianismo, otra mujer afgana que se escapó de un matrimonio forzado, y un hombre gay ruso de 28 años que huyó de la persecución debido a su orientación sexual.

Según HRW, todos intentaron comunicarle a las autoridades de EE. UU. las razones por las que solicitaban asilo, pero fueron ignorados.

“Estados Unidos envió́ a personas encadenadas a un país desconocido, sin darles ninguna oportunidad para solicitar asilo. Tanto Estados Unidos como Panamá tienen el deber de garantizar procesos de asilo justos: nadie debería ser devuelto por la fuerza a un lugar en el que correría peligro y sin realizar una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio”, dice Bill Frelick, director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch.

De acuerdo con Frelick, su expulsión fue claramente injusta y deberían tomarse medidas para rectificar el maltrato que sufrieron. Pero ahora, dice el activista, Panamá tiene la responsabilidad de protegerlos. Y esa protección comienza por garantizarles un proceso completo y justo de evaluación de sus solicitudes de para obtener el estatus de refugiado”.

Panamá y El Salvador, casos similares de deportación desde Estados Unidos

Aunque HRW no lo menciona directamente, el caso de los enviados a Panamá es similar a la situación de otros 300 venezolanos que fueron deportados a EL Salvador, donde permanecen en una cárcel de máxima seguridad.

La administración Trump, que los acusa de ser miembros del grupo criminal El Tren de Aragua, los expulsó basándose en una ley con más de 200 años de antigüedad que le permite remover del país a ciudadanos de un país con lo que está en guerra o lo pretende invadir.

Sin embargo, este fin de semana, la Corte Suprema de Justicia, le pidió suspender este tipo de deportaciones, exigiendo previamente garantizarles el debido proceso antes de deportarlos.

Se da, además, justo cuando otros países -entre ellos Colombia- negocian con Estados Unidos la posibilidad de recibir a extranjeros deportados por la administración Trump.

Las recomendaciones que hace HRW a Estados Unidos y Panamá

En el informe, HRW ofrece una serie de recomendaciones tanto para Estados Unidos, como para Panamá y naciones que consideren este tipo de arreglos.

A Washington le pide poner fin a la expulsión o al traslado forzado de personas a terceros países con los que no tengan vínculos reales cuando no exista un acuerdo formal que garantice el acceso a un procedimiento justo para solicitar asilo o una protección equivalente, así como la provisión de protección efectiva a quienes la necesiten.

Así mismo, ofrecer un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias o de interés público a cualquiera de las 299 personas que fueron expulsadas injustamente con el fin de permitirles solicitar asilo en EE. UU. y respetar el derecho, consagrado en la legislación estadounidense, de toda persona a solicitar asilo si se encuentra físicamente en Estados Unidos o llega a su territorio, independientemente de si lo hace por un puerto de entrada oficial y de su estatus migratorio.

Al gobierno panameño, por otro lado, le solicitan abstenerse de aceptar a nacionales de terceros países sin que exista un acuerdo formal con EE.UU. que asegure las garantías procesales, el derecho a solicitar asilo y el respeto al principio de no devolución.

También que se abstenga de retener en cárceles o centros de detención a ciudadanos de otros países, facilite la reunificación familiar o la repatriación voluntaria y garantice que las personas expulsadas por Estados Unidos tengan acceso a servicios médicos, psicosociales y de salud mental.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

@sergom68