'Es una olla a presión que cuando explote será peor que Catatumbo': hablan autoridades en Chocó

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No han pasado ni tres meses desde el último paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del San Juan, en el departamento de Chocó, para que las comunidades afrocolombianas e indígenas nuevamente quedaran en medio del fuego cruzado.

La nueva crisis humanitaria inició el pasado 5 de febrero por fuertes combates entre miembros de dicha guerrilla y el ‘clan del Golfo’ en la cuenca media del río San Juan, con epicentro el corregimiento Puerto Murillo.

Esta situación fue denunciada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien señaló que, para el 8 de febrero, ya se habían desplazado comunidades para salvaguardar sus vidas.

“Ya se han desplazado las comunidades para ponerse a salvo y las que no han podido quedaron confinadas. De nuevo tendremos que hacer el despliegue humanitario”, manifestó la gobernadora.

Agregó la mandataria seccional que se había convocado, a través de la Secretaría del Interior, a un consejo de seguridad con todas las fuerzas, incluidos Ejército, Policía y Armada, para sesionar desde Istmina.

La situación se ha agravado

Jaison Mosquera Sánchez, alcalde de Istmina, en diálogo con EL TIEMPO, contó que las comunidades afectadas en su territorio son las que habitan los corregimientos que están sobre el río San Juan, donde algunas han logrado salir, mientras que otras se encuentran confinadas a la espera de la llegada de ayudas humanitarias.

“En este momento hay más de 150 familias desplazadas, hay otras que están confinadas que no se pueden mover porque el Eln dio orden de que no se podía mover ninguna embarcación sobre el río porque no respondían por la vida de las personas. Es complejo lo que está pasando”, dijo el alcalde.

Tras recrudecimiento de la violencia en Chocó, se anunció un despliegue de tropas del Ejército.

Por esta restricción a la movilidad, la misión médica no ha podido trasladar alimentos, lo que complica aún más la situación.

De los desplazados que han salido huyendo de las balas entre los ilegales, algunos se han ido para Quibdó, mientras que otros han tomado la decisión de trasladarse a Medellín y Bogotá.

“Buscando otras opciones, otras oportunidades, porque los campos están minados y no ha habido un desminado por parte del Ejército, así que la gente no puede salir a pescar, no puede salir a cultivar porque tiene temor de pisar un artefacto explosivo”, concluyó el mandatario local.

Un conflicto que no para y que ahora se recrudeció

El obispo de Istmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez, dio cuenta de lo frágil que es la estabilidad en la región por cuenta de los grupos armados. Los municipios más afectados son Istmina, Sipi y algunas partes de Nóvita.

"Hay un grupo desplazado de dos comunidades rurales. Una es Puerto Murillo, que está cerca de Noanamá, que es un corregimiento ubicado ahí en todo el medio de la región. Hay unas familias desplazadas de allá de Puerto Murillo y otras de Fugiadó. Son unas 80 familias desplazadas allí en Noanamá", contextualizó la autoridad episcopal de la región.

De acuerdo con el obispo, la partida de las extintas Farc dio paso a que el Eln se apropiara de la zona, pero con los años llegó el 'clan del Golfo' a competir por este territorio, dando paso a que se encontraran en la cuenca media del río en días pasados e iniciaran lo que hoy es la tragedia de muchos pobladores que tuvieron que escapar de la zona.

"La situación en el Medio San Juan no es solo de ahora, eso viene desde mucho tiempo atrás. Yo llegué aquí en el 2018 y ya estaba claro que estaba bajo el dominio del Eln, que tomó el espacio que habían dejado las extintas Farc EP. De unos años para acá, viene el ‘clan del Golfo’ tomando más espacio, y ellos van bajando por el río San Juan, aguas abajo, y se encontraron ahí en la cuenca media", aseguró.

Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina - Tadó, en Chocó.

En su opinión, la confluencia de acciones armadas puede llevar a que este conflicto escale al nivel de la crisis humanitaria que se presenta en el Catatumbo (Norte de Santander) o, incluso, peor: "Esto no es por decirlo, no es por denunciarlo, no es porque se vuelva repetitivo; es porque es toda una realidad en toda esa parte del departamento de Chocó y de acá del sur de Chocó. Esto es una olla a presión que, cuando realmente, ojalá no, explote, será algo peor que lo del Catatumbo. Es lo que nosotros, y también la Defensoría del Pueblo, también el Consejo Comunitario Mayor del Río San Juan, y demás instituciones, estamos denunciando".

Falta acción por parte de la Fuerza Pública

En su diálogo con EL TIEMPO, denunció que se está volviendo costumbre para la sociedad colombiana ver que la población de las zonas más afectadas por el conflicto armado del país sufra a manos de los grupos armados: "El Gobierno Nacional y las entidades no paran ciernes en la situación que se vive allí en el Medio San Juan, como que si eso fuera parte de una realidad que así tiene que ser".

Su llamado a las autoridades fue que se tomen cartas en el asunto: "No es que estemos azuzando una confrontación bélica, pero sí falta como mucha más presencia de la Fuerza Pública, darle más seguridad a la gente, el cumplimiento de los tan anunciados alivios humanitarios que no se han dado, y otras medidas para la gente".

Organizaciones piden que se ponga el foco en el Chocó

La situación humanitaria en el departamento fue alertada desde el 7 de febrero por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), quienes advirtieron que, desde el 5 de febrero, comunidades de Sesego, en Nóvita y en Puerto Murillo, Medio San Juan, por enfrentamientos entre Eln y ‘clan del Golfo’, un total de 93 familias, representadas en 372 personas, se desplazaron.

“Niños, niñas, ancianos y mujeres en estado de embarazo, las cuales se encuentran en estado de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable, atención médica y psicológica o en condiciones mínimas de seguridad”, dice el comunicado de las organizaciones.

Además de estas comunidades, Fisch y Conpa alertaron del riesgo en que estaban las comunidades de Fujiadó, Noanamá, La Lerma y Unión Wounan, en el municipio de Medio San Juan. Desde allí también se denunció el riesgo de confinamiento para más de 25 mil personas impuesto desde Bocas de Sipí hasta la comunidad de Potedó en Istmina.

“La misma situación viven las comunidades indígenas de Puerto Alegre, Morro y Nauca en el municipio del Alto Baudó. Esta práctica de guerra no solo viola sus derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la supervivencia física y cultural”, concluye la misiva.

Otra zona con desplazamientos

Aunque la situación más preocupante se está viviendo con las comunidades de las regiones del San Juan y Baudó, desde la Alcaldía de Medellín se informó que en los últimos días han llegado a la capital de Antioquia 63 familias desplazadas, conformadas por 156 personas, provenientes de Chocó.

Según el reporte de las autoridades, la mayoría de estos hogares, 45 en total (106 personas), llegaron provenientes de Quibdó, huyendo de un conflicto intraurbano marcado por enfrentamientos entre bandas locales.

“Debido al conflicto armado que se vive en Chocó, al parecer por el grupo armado ‘Los Mexicanos’ y por extorsiones, amenazas y desplazamientos, se ha generado esta situación”, afirmó el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila Valencia.

Los casos de extorsión afectan a mineros artesanales, propietarios de pequeños negocios y comerciantes informales, quienes se han visto obligados a dejarlo todo, como consecuencia de las amenazas de muerte por negarse a pagar las exigencias de los delincuentes.