En terreno desconocido / Análisis de Ricardo Ávila

Quienes le siguen la pista a la evolución del gobierno de Gustavo Petro discuten todavía respecto a cuándo este comenzó a radicalizarse. Algunos dicen que el punto de inflexión tuvo lugar en abril de 2023, momento en el cual se completó la primera purga de personas de la línea moderada que estaban en el gabinete ministerial, como Cecilia López y José Antonio Ocampo.

Otros piensan que realmente el viento tomó una dirección distinta hace un año, justo cuando las cosas en el Congreso comenzaban a complicársele otra vez al Gobierno del Cambio. Tras una andanada de ataques dirigidos a sus contradictores, el mandatario pasó a invocar el poder constituyente y la posibilidad de convocar una Asamblea encargada de reescribir la Carta Política, una opción con la que elucubró durante meses.

Sin embargo, más allá del debate sobre la marcha de un proceso caracterizado por posturas cada vez más extremas, es válido argumentar que el martes pasado, en la plaza de Bolívar, se alcanzó una pugnacidad inédita. Al hablar frente a los participantes en la marcha convocada días atrás, el Presidente de la República sostuvo que quienes se le oponen “no son seres humanos y, cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone (…), el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”.

Detrás de ese llamado a sus partidarios, en el que tantos ven la negación de quien piensa distinto y el preámbulo de la figura de la consulta popular, hay una clara estrategia electoral que va mucho más allá de conseguir el respaldo de la ciudadanía a las llamadas reformas sociales. De manera creciente, los objetivos de la administración se concentran en los comicios del próximo año, tanto para que el Pacto Histórico logre una cuota importante en el Legislativo como para tratar de retener el control de la Casa de Nariño.

Otro paradigma

Semejante propósito no tiene mucho de novedoso. Lo que sí es distinto es el rompimiento de una serie de diques, que hasta hace poco, mantenían la impresión de cierto equilibrio institucional, junto con la disposición de jugar con las cartas de siempre.

Por ejemplo, la designación de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior se vio como una manera de intentar recomponer las mayorías gubernamentales en el Capitolio a punta de prebendas y el ofrecimiento de cargos en la nómina oficial. Durante unos días, existió la impresión de que una maquinaria mejor aceitada lograría su cometido, hasta que en la Comisión Séptima del Senado se hizo inevitable el archivo de la reforma laboral.

Frente al descalabro, la opción no fue la de buscar algún tipo de acercamiento, sino de romper relaciones con el Congreso. Ello pone en entredicho la viabilidad de cualquier propuesta cuyo origen sea de carácter gubernamental, aunque probablemente lo que vendrá ahora será una especie de calma chicha hasta que se acerque el final del actual periodo de sesiones a mediados de junio y más de una iniciativa naufrague por falta de trámite.

Por su parte, todo apunta a un Petro todavía más atrincherado en sus actitudes confrontacionales. Si en algún momento existió un debate interno entre el dirigente político que llegó a apelar a la unidad nacional y el revolucionario que busca romper las estructuras sin importar los costos que ello conlleva, ahora ese dilema se ha dirimido en favor del segundo.

Y esa aproximación va mucho más allá de las palabras, pues los conocidos epítetos de “mafioso”, “fascista” o “nazi” se le endilgan de manera creciente a cualquiera que se aparte del dogma petrista. La degradación del discurso no solo apunta a exacerbar la lucha de clases, sino a intimidar al adversario y a legitimar los ataques que este reciba.

Dicha táctica resulta muy peligrosa en un país en el cual los argumentos son fácilmente remplazados por las vías de hecho. Debido a ello, la obligación de los demás dirigentes es mantener la cabeza fría para no caer en las provocaciones y enrarecer todavía más el clima de crispación actual.

Junto a ese riesgo al alza aparece ahora el papel que tendrá el Ministerio de Hacienda, no como garante de la estabilidad macroeconómica y la credibilidad frente a los tenedores de bonos emitidos por la Tesorería de la Nación, sino como ejecutor de la voluntad presidencial. Para los más inquietos, con la apresurada salida de Diego Guevara, el mensaje proveniente de la Casa de Nariño parecería encaminarse a que Colombia se libera de la camisa de fuerza que obliga al manejo ortodoxo de las finanzas estatales.

Si bien el nuevo titular de la cartera señaló en un mensaje que los “buenos resultados deben continuar y afianzarse” y que “continuaremos atendiendo los compromisos de la deuda pública y realizaremos los ajustes necesarios para mejorar los ingresos tributarios que nos permitan atender la estrechez fiscal de esta coyuntura”, hay dudas sobre lo que viene. Para citar un caso, la semana pasada el aumento en la prima de riesgo de los títulos colombianos, frente a un eventual incumplimiento, fue el más alto en América Latina, duplicando al de Brasil, el segundo en la tabla.

Poner la casa en orden era ya un desafío mayúsculo. Tal como lo señaló unas semanas atrás el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), ajustarse a la realidad prevista en el presupuesto nacional vigente y mantener el déficit público en niveles aceptables exigiría este año un recorte del gasto de 46 billones de pesos.

Para colmo de males, los recaudos de impuestos en el primer bimestre de 2025 se comportaron por debajo de lo esperado. De mantenerse esa tendencia, el tijeretazo tendría que ser mayor, aunque habrá que esperar hasta el mes que viene, cuando los grandes contribuyentes presentarán sus declaraciones de renta, a ver si por ese lado hay mejores noticias.

De la técnica al activismo

Sea como sea, a Gustavo Petro le cae mal la idea de apretarse el cinturón. Aplicar un plan de austeridad siempre es antipático para un gobernante, y más si este tiene puesta la mira en las elecciones que vienen. “Un político pobre es un pobre político”, dijo hace más de medio siglo el mexicano Carlos Hank González, una máxima que para muchos es válida, más allá de la ideología que se profese.

No se trata tan solo de mantener o subir los giros para las organizaciones de base o los programas que son considerados prioritarios por el Gobierno. También se asoman los castigos a cualquiera que se considere enemigo, una lista que da la impresión de aumentar a medida que pasa el tiempo.

Es conocida la antipatía que le tiene la Casa de Nariño a la figura de las vigencias futuras, independientemente de que se trate de un compromiso contractual del Estado. Tampoco hay mucho interés en pagar la cuenta de los subsidios a las tarifas de electricidad o de ayudarles a los alcaldes de las principales capitales que, además, ignoraron el decreto que calificó el martes 18 como un día cívico.

Estrangular a las empresas de servicios públicos o a los concesionarios de la infraestructura y completar el derrumbe del sistema de la salud es algo que se consigue de manera más expedita si el Ministerio de Hacienda se suma a las filas del activismo. De manera complementaria, otras entidades dan la impresión de estar dispuestas a apretar las tuercas, como lo sugiere la llegada de la exministra Irene Vélez a la dirección de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que cuenta con herramientas para demorar o entorpecer proyectos en marcha.

Hechas las advertencias, vale la pena recordar que el margen de maniobra para quien crea que puede llegar a hacer borrón y cuenta nueva con el manejo de las finanzas públicas es limitado. Desde el punto de vista del endeudamiento, tanto el presupuesto actual como el plan financiero dado a conocer el mes pasado establecen una senda a la que hay que atenerse.

Junto a esa realidad aparece otra todavía más despiadada. La situación de caja es muy estrecha y se encuentra en “mínimos históricos”, de acuerdo con el Carf. Y esto a pesar de que la colocación de bonos de tesorería –TES– de largo plazo va mucho más rápido de lo usual.

A su vez, por el lado del gasto, eso de sacar de un bolsillo para ponerlo en otro es menos sencillo de lo que parece. En un escenario extremo, cualquier intento de desconocer las normas presupuestales pondrá en riesgo de sanciones al funcionario que ponga su firma en un acto administrativo cuestionable, el cual respondería incluso con su patrimonio.

Así las cosas, este no es un tema de falta de voluntad, ni de la presencia de “elementos infiltrados” que conspiran contra el Pacto Histórico desde el propio Gobierno, sino de matemáticas. En cuestión de días, el nuevo minhacienda debería entender, si no lo ha hecho ya, que el problema de plata es serio y que la situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar.

En caso de que esa comprensión se demore y las señales emitidas sean incorrectas, el mercado acabará reaccionando negativamente. La historia de América Latina abunda en ejemplos de mandatarios que creyeron salirse con la suya a la hora de ignorar las reglas básicas de la hacienda pública, dando lugar a largos periodos de inestabilidad e inflación que empobrecieron a sus respectivos pueblos.

Tales lecciones fueron entendidas en su momento por varios de los presidentes que simbolizaron la llamada “ola rosa”, el término que describe el auge que tuvo la izquierda en la región en lo que va de esta década. Para citar el caso más emblemático, Gabriel Boric escogió en Chile a Mario Marcel, un exbanquero central con una larga trayectoria profesional como encargado de la cartera a cargo de la economía, posición que todavía detenta.

Si bien en Colombia ese ejemplo duró poco, la imagen de una relativa seriedad se mantuvo. Hasta noviembre, la presidencia aceptó la necesidad de hacer recortes para mantener la casa medio en orden, así fuera a regañadientes.

No obstante, se abre ahora el interrogante sobre si la lealtad pesa más que la capacidad técnica. De ser así, el país se apresta a entrar en un terreno desconocido que comprende una probabilidad mayor de trastornos ocasionados no por causas exógenas, sino por determinaciones adoptadas al interior de la administración.

Al elevar la apuesta y poner, como se dice coloquialmente, toda la carne en el asador, lo que está en juego no es solo la viabilidad del Pacto Histórico como opción de poder, sino el bienestar de los colombianos. Un descalabro en este frente traería consecuencias graves y duraderas que tomarían tiempo en revertir en una nación agobiada por la inseguridad y las tensiones sociales.

Ante los peligros potenciales que traería dar pasos en falso, solo queda apelar a que la razón prime sobre la calentura asociada a la radicalización. Debido a ello, se requieren señales contundentes cuanto antes, que sirvan para dejar en claro que el manejo económico responsable seguirá siendo parte de la impronta de Colombia.

Corría el 24 de octubre de 2011 cuando Gustavo Petro Urrego recibió una carta firmada por Germán Ávila, su antiguo compañero de filas del M-19. La comunicación, que significó un largo periodo de distanciamiento entre remitente y destinatario, contenía una frase que hoy en día cobra toda la vigencia, justo cuando la salud de las finanzas públicas puede verse aún más afectada por las prioridades electorales: “Si para ganar hay que sacrificar los principios, los valores y las dignidades, no vale la pena ganar”.

RICARDO ÁVILA PINTO

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO

@ravilapinto

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