¿En qué consiste la nueva reforma judicial de México y por qué provoca incertidumbre en ese país?

Elegir por voto popular a los jueces del país, reducir la cantidad de magistrados de la Suprema Corte de Justicia e incorporar la figura de “jueces sin rostro” en casos de narcotráfico y violencia son algunas de las nuevas medidas que acaba de aprobar México en una nueva reforma judicial.

La iniciativa, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), recibió luz verde definitiva en el Senado mexicano esta semana y se espera que el Ejecutivo la promulgue hoy tras el visto bueno de la mayoría de los estados federados de ese país.

Con esta reforma, a partir de junio de 2025, la ciudadanía tendrá que ir a las urnas para elegir un total de 1.688 cargos de la Rama Judicial –21 de ellos son puestos nacionales y el resto se dividen por estados–. En otras palabras, los mexicanos deberán elegir tanto a los magistrados que componen la Suprema Corte (el máximo tribunal del país) como a los jueces de todo el territorio nacional.

El nuevo sistema de elección popular ha sido defendido por el gobierno de Amlo porque les entrega a los electores la responsabilidad de elegir a las personas que imparten justicia en el país. De hecho, el propio presidente, desde que inició su mandato, ha acusado a la justicia de favorecer la corrupción y a los grupos criminales.

Sin embargo, la comunidad internacional y sectores mexicanos han lanzado duras advertencia sobre los nuevos cambios porque fulminan la independencia de poderes en el país. Además, analistas consultados para este artículo advierten sobre una politización de la justicia con este modelo.

Lo cierto es que Amlo y el Poder Judicial han tenido diferencias desde el inicio de su mandato. El máximo tribunal, de hecho, ha bloqueado reformas de López Obrador que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares, entre otras.

Con este telón de fondo, consultoras internacionales y el mismo Banco Central mexicano han advertido también de un posible efecto negativo en una de las mayores economías de la región por cuenta de esta reforma.

Desde ya, este nuevo capítulo que se abre para la política mexicana será el primer gran desafío que tendrá que enfrentar la mandataria electa, la oficialista Claudia Sheinbaum, quien el próximo 1.º de octubre reemplazará a Amlo.

Inconvenientes y efectos

En México, la organización Impunidad Cero asegura que el 94 por ciento de los delitos no se reportan y solo un uno por ciento se resuelve. De ahí que tan solo un 10,3 por ciento de los ciudadanos confían en el Poder Judicial. A propósito, una encuesta del partido gobernante Morena de junio asegura que ocho de cada diez mexicanos respaldaban una reforma judicial.

“Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia”, dijo Amlo en el pasado tras expresar la necesidad de modernizar el sistema judicial y arrancar de raíz la corrupción del poder público.

Pese a estos datos, la ciudadanía está dividida. Una joven de 21 años, entrevistada por la prensa local, aseguró que le parecía que la reforma supone una “democratización” del sistema judicial. Sin embargo, otro joven estudiante de derecho aseguró que los jueces “son la voz de la ley y la Constitución, no del pueblo”.

La polarización que provoca este tema también quedó evidenciada esta semana, cuando cientos de manifestantes irrumpieron el martes en la sede del Senado para evitar que se votara la reforma, lo que obligó a los legisladores a trasladar a otro recinto la votación, que finalmente fue aprobada a altas horas de la noche.

Los detractores también denuncian que la reforma en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a Morena en el poder. Además, advierten que limita la carrera administrativa basada en méritos. Con los nuevos cambios, los únicos requisitos para ser juez son ser mayor de 35 años y tener más de 10 años de experiencia como abogado.

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en diálogo con la cadena británica BBC, advirtió sobre por qué son inconvenientes estas medidas.

La influencia política-electoral de los grupos de crimen organizado les ha permitido imponer mediante la violencia a candidatos afines a sus intereses, principalmente en elecciones municipales. En ese sentido, estos grupos seguramente lograrán incidir de igual forma en la elección de jueces, magistrados y ministros

“Para los jueces y ministros debemos establecer que no se trata de representantes populares. No son políticos. Son personas que están capacitadas para resolver un conflicto en la sociedad. Los jueces federales, además, resuelven problemas entre el particular y la autoridad. Si se vuelve una cuestión política, lógicamente, ¿qué tanto le va a responder ese juez a su electorado por una cuestión popular, en lugar de resolver como las leyes establecen?”, aseguró Piña.

El otro obstáculo sería la enorme cantidad de jueces y cargos por elegir. Como se mencionó, son 1.688 cargos en todo el territorio mexicano.

“¿Tú crees que el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?”, acotó Piña en diálogo con el medio británico.

Otra línea roja es el temor que entren dineros del narcotráfico y los carteles mexicanos en las campañas de elección. “La influencia política-electoral de los grupos de crimen organizado les ha permitido imponer mediante la violencia a candidatos afines a sus intereses, principalmente en elecciones municipales. En ese sentido, estos grupos seguramente lograrán incidir de igual forma en la elección de jueces, magistrados y ministros”, le explicó a este diario Edmundo Sandoval, director asociado de Control Risks en México.

Toda esta incertidumbre jurídica se suma a posibles efectos que ya han advertido analistas y que deberá sortear Sheinbaum en su primer año de presidencia.

A propósito, la agencia Moody’s, al igual que otros entes financieros internacionales, alertó de que la iniciativa “deteriorará la independencia del Poder Judicial del país”, por lo que “podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México”.

Aun así, López Obrador opinó este jueves que “no es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país” al citar un récord de más de 30.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre del año.

Pero Sofía Ramírez, directora de la asociación económica México, ¿Cómo Vamos?, recordó que las empresas internacionales han anunciado más de 100.000 millones de dólares en inversiones, que ahora tardarán en concretarse en lo que pasa la incertidumbre jurídica.

Además, las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y Canadá también parecen estar entrando en una fase incómoda para los inversionistas.

El mismo López Obrador declaró una “pausa” en su relación con las embajadas estadounidense y canadiense, ambos socios del Tratado T-MEC.

“A la futura presidenta le tocará la revisión del T-MEC en 2026 en un momento en el que hay un sentimiento proteccionista en Estados Unidos, por lo que hay presión para que la Casa Blanca exija a México garantizar la certeza jurídica para la inversión estadounidense”, dijo a Efe William Jensen, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).