En promedio, 34.000 capturados al año en flagrancia son reincidentes: la conducta que más se repite es el tráfico de estupefacientes, que los ‘jíbaros’ camuflan con la dosis mínima

Tiene menos de 30 años, nació en Medellín y ha sido capturado en menos de cinco años, entre el 2020 y lo corrido del 2024, 43 veces. Ese es el récord del delincuente reincidente con más detenciones por la Policía Nacional.

Increíblemente, una y otra vez ha quedado en libertad sin avances en el proceso judicial. Y como no tiene condenas, incluso ha llegado a reclamar que su nombre no se puede dar a conocer porque se vulnerarían sus derechos al buen nombre y la presunción de inocencia.

Este hombre fue capturado en 2020 dos veces, una por hurto a personas y otra por fuga de presos. En 2022 reporta 9 capturas por tráfico de estupefacientes; en 2023, 17 por el mismo delito, y este año, otras 15.

De acuerdo con fuentes de la Policía Metropolitana de Medellín, en este momento hay “zonas grises” en cuanto al porte de alucinógenos y la llamada dosis mínima: “Hasta los fiscales se cansan y nos dicen: ‘yo no le recibo ese caso; para qué si sabemos que va a quedar en libertad’”, aseguró una fuente.

Las puertas abiertas por la Corte Suprema para el porte de la dosis mínima –la posibilidad de que una persona lleve en algún momento lo que se supone es para su consumo personal por una semana o más– son conocidas a la perfección por los jíbaros de todo el país. 

La Policía reporta detenciones de personas que llevan en un solo viaje 19 gramos de marihuana, 2 o 3 papeletas de bazuco y poco menos de un gramo de cocaína. Todo, dentro de los máximos legales, pero en diferentes momentos del día, todos los días. “Por ahí evaden a las autoridades. El juez nos mira exigiendo algo más contundente. Pero los ‘jíbaros’ ya se conocen la trampa”, puntualiza un oficial.

Bogotá con el mayor número de reincidentes

"La inteligencia policial es la llamada a atender ese tipo de circunstancias frente a los vacíos legales que hay. Los criminales conocen dichos huecos por su evidencia empírica, que les permite acceder a cuáles son las formas de acción del Estado", coincidió el experto en seguridad y defensa César Niño.

En el vergonzoso ranking se encuentra otro hombre de Bucaramanga, que tampoco llega a los 30 años, y que ha sido capturado 39 veces. En 2020 fue reportado por violencia intrafamiliar y en 2022 otras ocho por el mismo delito. En 2021 registró cinco anotaciones por tráfico de estupefacientes, en 2022 siete más, al año siguiente otras 10 y este año ya acumula 15.

Este hombre, aparte de Bucaramanga, distribuye drogas en Girón. “Cuando se encuentran en los despachos judiciales se ríen y hasta se citan para tomarse una cerveza al rato, porque saben que van a quedar en libertad; es una burla a la justicia y un desgaste para el sistema”, dijo un oficial de la capital de Santander.

EL TIEMPO solicitó a la Policía Nacional información sobre esos delincuentes que a pesar de ser capturados una y otra vez siempre logran regresar a las calles. Entre 2020 y el 30 de noviembre de este año se han registrado al menos 204.149 delitos cometidos por 73.881 personas con ‘anotaciones’ judiciales previas.

El desgaste para la Policía es aún mayor porque el agente que captura a un ciudadano queda de inmediato “inhabilitado”, hasta que no se legalice la detención, lo que puede demorar entre 4 y 6 horas. “Es un uniformado de vigilancia que se pierde, que deja de proteger a los ciudadanos de bien”, señaló una fuente de la Policía Nacional.

De acuerdo con el documento, Bogotá es la ciudad que registra el mayor número de eventos recurrentes entre 2020 y 2024: 31.271 hechos, lo cual corresponde a un 15 por ciento del total registrado. Le sigue Medellín, con 18.540 hechos (lo que equivale al 9 por ciento). En tercer lugar se encuentra Bucaramanga con 8.533 hechos (4 por ciento), Barranquilla con 6.479 hechos (3 por ciento) y en el quinto lugar Pasto con 5.773 hechos (3 por ciento).

En Pasto delinque un hombre de 43 años que ha sido capturado 36 veces, la mayoría por crímenes carcelarios. Por fuga de presos fue capturado cinco veces en 2022, 19 veces en 2023 y seis este año. También registró 4 capturas por tráfico de estupefacientes hace dos años y el restante por robar personas: una en 2023 y otra en 2024.

“Es un hecho que se nos salió de las manos, parece ‘Houdini’, pero es una clara burla al sistema carcelario, se vuela de las URI o de las estaciones. Es una situación grave con este hombre”, dijo un miembro de la Fiscalía en la capital de Nariño.

La alerta es más grave aún porque según la investigación de la Policía, “del total de capturas por los eventos de recurrencia, el 83 por ciento, es decir 169.688 hechos, fueron en flagrancia y el 17 por ciento restante de capturas (34.441), por orden judicial”.

En el seis por ciento de las capturas reportadas (12.403 casos), quienes cometen el delito son mujeres. Y un dato importante es que de los llamados ‘eventos de recurrencia’ 202.741, es decir, el 99 por ciento, fueron cometidos por colombianos: solo uno de cada 100, es decir 1.408 hechos, tienen como protagonistas a ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos.

Top 5 delitos

De acuerdo con el informe, los cinco delitos de mayor impacto e incidencia en la recurrencia, desde el año 2020, han sido el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un total de 66.549 hechos, lo que corresponde al 33 por ciento. 

El hurto a personas con un total de 33.734 hechos, que corresponde al 17 por ciento. El tercer lugar lo ocupa la fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, con 18.627 hechos, que corresponde al 9 por ciento de los hechos; la fuga de presos ocupa el cuarto lugar, con un total de 11.181 (hechos), lo que corresponde al 5 por ciento. 

En este ranking, en el quinto lugar se ubican las lesiones personales con un total de 10.132 (hechos), lo que corresponde al 5 por ciento.

La falta de denuncia es uno de los factores que, según los expertos, incide en el fenómeno. Muchos policías señalan a jueces y fiscales de ser laxos en la aplicación de la ley y de excederse en la protección de los derechos de los detenidos en detrimento de los de las víctimas.

 Jueces y otros funcionarios de la Rama Judicial señalan también que buena parte de las capturas se caen por errores cometidos por los policías. Por su lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, asegura que un factor básico de la reincidencia es, en esencia, “que la persona quiere seguir en la criminalidad”. Reconoce además fallas en la resocialización, como discriminación y falta de oportunidades para quienes ya han pagado una condena penal.

Mientras abundan los diagnósticos y las recriminaciones entre autoridades, lo cierto es que los ciudadanos ven una y otra vez que se cometen delitos en sus comunidades y que, muchas veces, los protagonistas son los mismos de siempre, sin importar si eventualmente son capturados. Lo anterior incide en la percepción de inseguridad y en que los ciudadanos no denuncien.

Según el más reciente “Estudio General de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el país”, publicado este año por Cifras & Conceptos y el Ministerio del Interior, el 58 por ciento de los encuestados manifestó sentirse menos seguro en el país, y el 48 por ciento de los que han sido víctimas de delitos, dijo que no quería denunciar. En el 52 por ciento de los casos porque sienten que las autoridades no hacen nada y en 13 por ciento de los casos porque ya denunciaron previamente.

Este año, según las estadísticas de seguridad del Ministerio de Defensa, han sido denunciados más de 275.000 hurtos a personas en el país (con corte a octubre). La cifra es menor en un 16 por ciento a la del mismo lapso del año pasado (326.000), pero en plata blanca significa que cada hora del día se han cometido este año 38 atracos y robos. Muchos de ellos, perpetrados por personas con anotaciones o que, incluso, tenían casa por cárcel o beneficio de salida de prisión.

Fatiga del sistema

Ya se estableció que cuando la persona tiene un antecedente dentro de los cinco años anteriores al hecho, no procede ningún beneficio.

El informe de la Policía expone que esta situación genera una fatiga del sistema de administración de justicia, frente a la cantidad de eventos de captura y el tiempo promedio para judicializar a una persona recurrente por el delito, por ejemplo, de hurto en menor cuantía, que es de 4 horas y 30 minutos aproximadamente.

Quedan en libertad y el ciudadano que fue su víctima lo ve nuevamente en la calle al otro día, lo que conlleva a la “pérdida de confianza y credibilidad de las personas en la administración de justicia y actores involucrados como lo son los policías, la Fiscalía y jueces”. 

A eso se suma que cada uniformado que tiene que legalizar la captura deja su cuadrante (barrios, calles, puntos específicos) sin seguridad y a veces se registran “tensiones procedimentales entre los uniformados del servicio de vigilancia y los fiscales que atienden de manera primaria las capturas”, se lee en el documento.

A lo que se puede añadir, el incremento de la población en hacinamiento en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía. 

Para el penalista Francisco Bernate, el tema de la reincidencia se ha tratado de abordar desde todos los puntos que permite la ley. “Ya se estableció que cuando la persona tiene un antecedente dentro de los cinco años anteriores al hecho, no procede ningún beneficio”, dice. Pero como casi no hay condenas, esta solución tampoco funciona.

“La realidad es que el problema no está en zonas grises, sino que está en que en Colombia los procesos penales duran ocho años y eso explica que las personas tengan 40, 50 entradas y salidas, porque aquí los procesos son eternos”, señaló Bernate.

Mientras que el penalista Duván Castañeda consideró que el tema de la reincidencia no se va a combatir incrementando las sanciones penales o prohibiendo beneficios para ciertos delitos, como comúnmente se hace.

“La reincidencia se combate o tiende a disminuir cuando el Estado crea una política criminal seria a través de la cual se le brinde esa posibilidad al condenado de trabajar en compañía con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo clínico y forense, por un psiquiatra, por un médico, que sí se tomen el tiempo de hacer un proceso en la psique de esa persona”.

El jurista manifestó, sin embargo, que una de las primeras medidas a tomar para combatir el fenómeno de la reincidencia “es corregir las fallas en el sistema”, aplicando cabalmente las normas que ya existen.

Reincidencia reciente

La privación de la libertad de la mujer, tanto en condiciones como en oportunidades, es muy diferente a la de los hombres, y asimismo el estudio de la reincidencia tiene un fenómeno diferente. Por ejemplo, en mujeres cabeza de familia.

De acuerdo con el informe de la Policía, en el 2023 se registraron 43.980 eventos de recurrencia a nivel nacional que involucran a 30.439 personas, de los cuales el 35 por ciento quedaron anotadas en Bogotá (7.137), Medellín (3.852), Bucaramanga (1.874), Barranquilla (1.580) y Pasto (1.157).

Más de la mitad de esos casos estuvieron relacionados con delitos de alto impacto social: hurto a personas (7.277), fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (4.100), hurto a entidades comerciales (2.127) y lesiones personales (2.084).

Este año, en reacción a 40.406 delitos han sido detenidos 27.434 personas con anotaciones o condenas previas.

Tanto Fiscalía como Policía se declaran preocupadas por el incremento de los casos de violencia intrafamiliar en todas las instancias, lo que se podría ver reflejado hoy en la muerte de 745 mujeres, feminicidios en los que la mayoría de los victimarios son las parejas o exparejas. También hay casos de violencia sexual que terminan en la muerte de la víctima.

Uno de estos casos es el de Brayan Campo, violador y asesino de menores con reincidencia criminal, confeso asesino, el 29 de septiembre, de la niña Sofía Delgado, de 12 años de edad, en el corregimiento de Villagorgona, de Candelaria, Valle. Campo tiene vigente un proceso de juicio por un abuso sexual en 2018 a una menor, también llamada Sofía. Salió libre por vencimiento de términos.

Para Laura Kamila Toro, abogada penalista, las políticas de resocialización sí son fallidas. “Resocializarse es un derecho de los privados de la libertad y realmente hay un problema y un déficit de oferta institucional para brindar herramientas de estudio, trabajo y enseñanza, que generen de manera competitiva opciones para que cuando salgan de la cárcel, tengan opciones laborales contundentes”, puntualizó.

Toro indicó que el derecho penal, “al ser tan populista y tan reactivo”, desconoce que finalmente el penado va a salir de prisión, “entonces más que pensar políticas para que todo se castigue, es sensibilizar a la sociedad para que cuando estas personas salgan se les brinden oportunidades”, y en esa línea añadió que es clave la justicia restaurativa, lo cual permite recomponer el tejido social y buscar medidas alternativas de castigo.

Y destacó que el enfoque de género es fundamental. “La privación de la libertad de la mujer, tanto en condiciones como en oportunidades, es muy diferente a la de los hombres, y asimismo el estudio de la reincidencia tiene un fenómeno diferente. Por ejemplo, en mujeres cabeza de familia”.

Al día, se capturan en promedio 567 personas

En términos generales, la Policía reportó que entre el 1.º de enero y el 22 de noviembre de este año, han sido capturadas 185.520 personas, lo que equivale a que al día, en promedio, se capturan 567 personas por diferentes delitos. De ellas, 30.264 son por orden judicial y en flagrancia, 155.256.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación reporta entre enero y octubre de este año 38.718 capturas. 

De acuerdo con el Inpec, bajo su custodia se encuentran 24.861 reincidentes, de ellos, 20.092 están privados de la libertad en establecimientos carcelarios, 3.925 en casa por cárcel y 844 con vigilancia electrónica.

El juez Camilo Pardo, coordinador de control y garantías, resaltó que la congestión judicial y la falta de un proceso integral de resocialización contribuyen a este círculo vicioso. “Todo lo queremos procesar penalmente, pero el sistema no da abasto. Si no logramos juzgar a los detenidos en los plazos razonables, obtienen libertad provisional y, en muchos casos, reinciden porque no existe un proceso real de reintegración social”, señaló.

Para María Fernanda Chica, abogada penalista, al derecho penal no le falta nada, porque se ha arraigado en la sociedad la errónea idea según la cual el derecho penal y la judicatura son los llamados a tomar medidas para garantizar la resocialización de criminales.

La penalista llamó la atención sobre la necesidad de adoptar políticas públicas de prevención del delito, pues en su criterio, “no es un secreto que aún no se ha logrado superar el estado de cosas inconstitucionales sobre la situación de hacinamiento de los centros carcelarios y penitenciarios; lo cual dificulta sustancialmente la implementación de medidas efectivas y sostenibles en el tiempo en la lucha contra la reincidencia”.

¿Qué dice la ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago se refirió al tema de la reincidencia en entrevista con EL TIEMPO

¿Cómo analiza que en los últimos cinco años se haya capturado a 78.000 reincidentes?

Lo primero que debemos explicar es que la reincidencia es la denominación jurídico penal del fenómeno que consiste en que el sujeto que fue condenado “reincide” en comportamiento criminal. Por lo tanto, hay requisitos importantes para determinar que nos encontramos frente a esa figura. A su vez, la reincidencia penitenciaria se refiere a la población privada de la libertad que fue condenada y que, cumplida la pena, sale del establecimiento y reincide, aunque puede darse un evento en que estando condenado y descontando pena, dentro del centro penitenciario, realice un nuevo comportamiento delictivo.

¿Cuál es, para el ministerio, la tasa de reincidencia?

Según los estudios que adelantan varias instituciones, se ha podido determinar que la tasa de reincidencia en Colombia es una realidad que está más o menos entre un 25 y un 30 por ciento. En el último mes, según la estadística, la población carcelaria reincidente asciende a 24.861 personas, de las cuales están en intramural el 80,8 por ciento. Pero también se presenta reincidencia en condenados extramurales en un 19,2 por ciento. Así mismo, es mayor el nivel de reincidencia de los hombres, que llega más o menos a 94,4 por ciento, y el 5,6 por ciento en mujeres.

¿Por qué quedan libres los reincidentes cuando son presentados ante la justicia?

Por regla general un reincidente es una persona que ha pagado una condena, y después de cumplirla sale nuevamente a la sociedad. No es que queden libres, es que la pena impuesta se cumplió. Si hablamos de las personas que no son cobijadas con medida de aseguramiento y dentro de una investigación el juez las deja en libertad, significa que no se cumplen los requisitos para la detención intramural, que es una medida procesal para garantizar unos fines y que es distinta a la pena. Los requisitos están previstos en la ley procesal penal. Sin embargo, esta segunda situación nada tiene que ver con la reincidencia, dado que hemos afirmado que debe haber en este caso una condena ejecutoriada o en firme.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia

Abusadores sexuales y el vencimiento de términos 

Hárold Echeverry, quien cumple una condena de 47 años de prisión por el feminicidio agravado de Michel Dayana González (de 15 años), el 7 de diciembre de 2023, ya había estado en la cárcel.

De acuerdo con el exfiscal y abogado Élmer Montaña, el confeso asesino de esta adolescente, en el barrio San Judas, en el sur caleño, “ha sido un violador serial que andaba suelto, debido a las graves deficiencias del sistema de justicia en Colombia”.

Echeverry había sido capturado por el delito de acceso carnal violento a una menor en el barrio Mojica, sector vulnerable del distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, el 4 de marzo de 2019, y fue puesto en libertad por vencimiento de términos en 2022. 

Hubo una solicitud de prórroga de la defensa de Echeverry por el caso de violación de 2019, frente a la medida de aseguramiento que había pedido la Fiscalía. El juzgado acogió los planteamientos de la defensa y le sustituyó la detención preventiva.

“Se sabe que Echeverry Orozco cambiaba constantemente de residencia y se puede deducir que el modus operandi de este depredador sexual consistía en ganarse la confianza de algunas adolescentes y, cuando las condiciones eran propicias, las introducía a la fuerza en el sitio donde laboraba y las violaba, luego las amenazaba con quitarles la vida y hacer lo mismo con sus familiares”, dijo Montaña.

‘Toro Pote’, reincidente con más de 10 capturas

Rafael Antonio Toro Pote, de 42 años, alias Toro Pote, es un nombre recurrente en los registros judiciales de Barranquilla, con más de 10 capturas. La última fue hace tres semanas, junto a cuatro personas más por porte ilegal de armas y receptación. 

Su historial incluye robos violentos, condenas por hurto y reincidencias constantes. El año pasado fue capturado en junio por hacer parte de una red de apartamenteros, y para esa fecha registraba 15 anotaciones: fuga de presos, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, receptación, utilización ilegal de uniformes e insignias, amenazas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En 2017, mientras cumplía detención domiciliaria, fue sorprendido conduciendo una motocicleta. Pese a sus múltiples antecedentes, logró argumentar que su captura había sido errónea por una supuesta falla en la actualización del sistema judicial.

Su primer registro data de 2008, cuando fue acusado por porte ilegal de armas de fuego y fue sentenciado a siete años de cárcel que debía cumplir en el centro penitenciario de El Bosque, pero se terminó fugando.

Cuatro años más tarde, el 10 de agosto de 2012, el rostro de ‘Toro Pote’ quedó grabado en cámaras de seguridad de una óptica en Barranquilla, en momentos en los que, con un arma de fuego, intimidó a una mujer y la obligó a entregarle un dinero que había retirado minutos antes en una entidad bancaria.

Redacciones Justicia y Nación.