En manos de quién está 'Aguas Vivas', el lote que tiene al exalcalde Daniel Quintero en líos con la justicia

Desde que se conoció la noticia de la imputación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, por lo correspondiente al caso del lote Aguas Vivas, en el que desde hace más de una década se proyectó la construcción del Ecoparque Las Palmas, el exmandatario ha estado defendiendo su caso a través de redes sociales, exponiendo evidencias y documentos que, según afirma, indicarían que el responsable real de las múltiples improcedencias ocurridas respecto a este terreno de 146.000 metros cuadrados, habría sido el alcalde Federico Gutiérrez durante su primer mandato al frente de la capital de Antioquia.

Los líos legales del lote

Por su parte, desde su llegada a la Alcaldía por segunda vez, Gutiérrez ha denunciado hallazgos relacionados con este lote que se corresponderían con el actuar del exalcalde Quintero y un puñado de sus funcionarios de la época. 

Particularmente, una de esas denuncias, la relacionada con el Decreto 412 de 2023 por medio del cual se reglamentaba el Valle del Software, llevó a la Fiscalía a imputar por prevaricato a Quintero, en tanto se consideró que este documento representaba una modificación —cuya competencia es exclusiva del Concejo de Medellín— arbitraria al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín normado a través del Acuerdo 048 de 2014.

Tal como lo ha venido informando EL TIEMPO, este lote, que fue de propiedad de dos firmas constructoras —IDC Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S.— fue entregado a la ciudad como compensación de obligaciones urbanísticas futuras, bajo la figura de cesión a título gratuito e irrevocable en 2019. Así quedó consignado en la escritura pública 5762 vinculada en la Notaría 19 de Medellín.

Luego de que la Alcaldía recibiera el predio, se realizó un avalúo comercial del mismo, que, precisamente, a través del POT, se había quedado por fuera de las posibilidades de intervención comercial por las condiciones ambientales características de este terreno, en el cual abundan cuerpos de agua y bosques.

A través de este nuevo avalúo, el predio, que al momento de su cesión estaba valorizado en algo más de 2.700 millones de pesos, terminó avaluado por más de 48 mil millones de pesos. Un aumento del 1.700 por ciento con respecto a su precio original.

La cuestión es que, tras estos avalúos, los anteriores dueños del lote —las firmas constructoras ya mencionadas— llamaron a una conciliación extraordinaria en la que argumentaban que se cometieron irregularidades en el proceso de elaboración de la escritura pública 5762, en tanto, para el momento de la cesión del lote, no tenían licencias constructivas que los hicieran sujetos de obligaciones urbanísticas, y que por ende, la figura que se debió aplicar en el ‘negocio’ del lote no debía ser la de cesión a título gratuito para compensación de obligaciones urbanísticas, sino la de enajenación voluntaria.

Adicionalmente, las dos firmas también argumentaron que en la escritura quedó otro aparte irregular en el que el distrito se comprometía a realizar los pagos eventuales de dichas obligaciones, responsabilizando a la Secretaría de Gestión y Control Territorial de definir los proyectos urbanísticos con las que se iba a solventar el acuerdo, no obstante, esta cartera señaló que dicha actividad excedía sus competencias.

Dicha conciliación, a la que atendieron la Alcaldía y los cedentes, fue dejada sin efecto por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, y posteriormente, el subsecretario de Ejecución Contractual de la Secretaría de Suministros y Servicios de Quintero, Fabio Andrés García Trujillo —que también será imputado por la Fiscalía— emitió una resolución —que posteriormente fue declarada ilegal en tanto el funcionario no contaba con las competencias para realizarla— a través de la cual se les retornó el lote de Aguas Vivas a los cedentes, sus originales dueños.

¿Quién quedó con Aguas Vivas?

Recientemente, el debate ha estado girando en torno a cuál de los dos alcaldes —Gutiérrez o Quintero— es el responsable de las improcedencias que llevaron a que este lote que hizo parte del banco de tierras de la Alcaldía según certificados de tradición y libertad a los cuales EL TIEMPO tuvo acceso, terminara regresando a la propiedad de sus antiguos dueños.

Sin embargo, también se planteó el interrogante en torno a qué sucedió con lote y a quién pertenece en la actualidad, partiendo de la noción de que en primera instancia había regresado a IDC Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S. efecto de la resolución emitida, pero entendiendo que este documento fue declarado ilegal posteriormente, era incierto qué había pasado con el terreno.

EL TIEMPO investigó y estableció que, a pesar de que la resolución 202250110923 de octubre de 2022 fue declarada ilegal, el lote regresó a poder de las firmas constructoras, tal como quedó consignado en el Certificado de Libertad y Tradición asociado a Aguas Vivas.

En la anotación realizada en dicho documento con fecha del 17 de febrero de 2023, se dejó constancia de que, por Resolución 10923 del 26 de octubre de 2022 emitida por la Alcaldía de Medellín como titular de derecho real del dominio de Aguas Vivas, el lote fue sujeto de la resciliación del contrato de cesión obligatoria de zonas con destino a uso público, por tanto, en efecto, Aguas Vivas retornó a poder de IDC Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S.

Sin embargo, ahí no terminaron los movimientos del lote, pues en el mismo Certificado de Libertad y Tradición al cual EL TIEMPO tuvo acceso, se dejó constancia de una nueva modificación de la propiedad de Aguas Vivas.

A través de escritura pública número 3253 del 14 de noviembre de 2023, certificada en la Notaría 3 del municipio de Bello, se realizó una transferencia de dominio del lote de Aguas Vivas por adición a fiducia mercantil.

El trámite, realizado por IDC Inversiones S.A.S. y Técnicas Constructivas S.A.S., constó de la transferencia del 85 por ciento del lote bajo la figura de proindiviso —que establece que dos personas comparten la propiedad de un bien común— a la Alianza Fiduciaria S.A., convirtiéndola en “vocera y administradora del patrimonio autónomo del fideicomiso lote Aguas Vivas”.

En los documentos oficiales del trámite a los cuales este medio accedió, quedó registrado que el valor de esta diligencia fue de más de 3 mil millones de pesos.

Según expertos del sector inmobiliario consultados por EL TIEMPO, el trámite realizado por las firmas propietarias del lote responde a una ‘jugada’ clásica que se realiza para poder generar ventas previas sobre un terreno en el cual se planea realizar una construcción.

Y a pesar de que no es seguro que ese sea el plan de las firmas constructoras al enviar el lote a esta fiducia, dado el caso, esto iría, nuevamente, en contra de lo establecido por el POT para el terreno de Aguas Vivas.

De hecho, en ese sentido, el secretario General de Medellín, Sebastián Gómez Sánchez, le explicó a EL TIEMPO que para el momento de la cesión del lote por parte de las firmas constructoras a la ciudad, la cláusula 11 establecida en la escritura pública 5762 —que no se cumplió— indicaba que, a la hora de entregar el terreno, “los cedentes se obligan a entregar materialmente el inmueble debidamente acondicionado con los planes aprobados por la Secretaría de Gestión Territorial dentro de los seis meses siguientes”.

Las adecuaciones inmuebles a las que hacía referencia dicho postulado fueron unos senderos y unas pequeñas casetas de descanso que se habían proyectado en diferentes puntos del lote Aguas Vivas, que quedaron evidenciados en un mapa del proyecto al cual este medio accedió. 

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín. 

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