En el Catatumbo se recrudece la violencia por guerra entre Eln y disidencias de las Farc: 23 muertos en un día

La situación de seguridad en Norte de Santander, y en particular en el Catatumbo, se ha convertido en una preocupación de proporciones alarmantes. Las cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las autoridades locales son un reflejo de la crisis humanitaria que atraviesa esta región fronteriza, que durante décadas ha sido azotada por la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

Según el CICR, en su más reciente balance, más de 1.250 personas fueron desplazadas de forma masiva, mientras que los desplazamientos individuales alcanzaron los 10.220 casos en el departamento durante el 2023. Además, Norte de Santander ocupa la cuarta posición en casos de desaparición, con 16 confirmados. Estas cifras son un testimonio del impacto devastador que tiene el conflicto armado. 

La situación se agrava más con el alza de homicidios. El Observatorio de Orden Público, Social y Político de la Gobernación de Norte de Santander reportó 516 homicidios en 2024, una tendencia que, con excepción de 2014, 2015 y 2022, ha superado los 500 homicidios anuales en la última década.

En Tibú, epicentro de la violencia en el Catatumbo, la presencia del Estado es limitada. La Policía permanece resguardada en las estaciones por temor a ser atacada, y desde el asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas en 2021, no hay oficina de la Fiscalía en el municipio. Los fiscales encargados de los casos deben trabajar desde el búnker en Cúcuta.

La masacre de ua familia en Tibú

Precisamente en la vía Tibú-Cúcuta se presentó el crimen del tanatólogo Miguel Ángel López y parte de su familia, baleados en el carro fúnebre en el que se movilizaban la noche del miércoles. Las víctimas fatales fueron él, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de ocho meses. La Alcaldía confirmó que en el carro viajaba también su hijo de 10 años, quien sobrevivió.

A pesar de que el Eln aseguró no tener “ninguna responsabilidad en los hechos” por medio de un comunicado y culpa al Frente 33 de las disidencias, EL TIEMPO tuvo acceso a documentos de agencias de inteligencia que aducen lo contrario. “López habría realizado en las últimas semanas el levantamiento de personas que habían sido asesinadas por estructuras del Frente de Guerra Oriental del Eln señaladas de pertenecer al Frente 33 de las disidencias de las Farc, y ser colaboradores cercanos de alias Andrey (sic)”, se puede leer en los archivos. Añaden que la guerrilla había ordenado no recoger los cadáveres y López, sin tener idea de que preparar y sepultar los cuerpos lo pondría en la mira del grupo armado, llevó a cabo su labor y por eso habría sido asesinado junto a sus familiares.

Combates entre el Eln y las disidencias de las Farc

Como si se tratara de hechos consecuentes, el jueves en la mañana se reportaron múltiples combates en la región. La estructura 33 del Estado Mayor de los Bloques (EMB), comandada por alias Calarcá, y el Eln son los grupos involucrados en el conflicto que tiene cinco municipios de esa zona seriamente afectados: Convención, Hacarí, El Tarra, Teorama y Tibú. En videos se ha evidenciado cómo los miembros del Eln, con armas de alto alcance y actitud amenazadora, golpean y dan patadas a puertas en viviendas de familiares de firmantes de paz para secuestrarlos y arremeter contra sus vidas.

Según el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en el departamento, hasta la noche del jueves iban 23 muertos –entre ellos cinco excombatientes– y ocho heridos. Sin embargo, en la reunión de ayer se habló de 30 muertos, los cuales no se han podido confirmar plenamente. En la región se declaró la alerta amarilla en hospitales y se suspendieron las clases. Se trata del mayor el mayor ataque guerrillero en el gobierno Petro. 

Las casas de la ola de violencia en el Catatumbo

Fuentes de la Fuerza Pública indicaron que esta ola de violencia se debe, en gran parte, a la pelea que mantienen estas dos estructuras por el control del corredor Tibú-Cúcuta, usado para sacar grandes cantidades de coca de la región. Según los más recientes resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Norte de Santander tiene más de 30.000 hectáreas sembradas. De hecho, en un comunicado firmado por el ‘frente de Guerra Nororiental’ y conocido por fuentes del Ejército, la guerrilla señaló que “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que ‘Richard’, de las disidencias, no se entregue.

“Hacemos un llamado a todos los comerciantes, al gremio de mototaxistas de Tibú, a El Tarra y sus alrededores y a todos los que colaboran con dinero a esta cúpula, que dejen de hacerlo o serán declarados objetivo militar”, dice la comunicación. Además, incluyen como objetivo a empresas como Ecopetrol, Disico y Cens, a las cuales se amenaza hasta que no se presenten a dar explicaciones.

La grave situación en el Catatumbo llevó a que el Ejército anunciara ayer el despliegue de 300 uniformados para consolidar el control del territorio en esa región. Además, se realizan operaciones aéreas como parte de la ayuda humanitaria. “En coordinación con la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), el Ejército también ha desarrollado operaciones de evacuación para trasladar a las personas heridas en medio de los enfrentamientos armados”, informó Presidencia en un comunicado.

“Las acciones del Eln, que violan el DIH y generan desplazamiento, no quedarán impunes. Nuestra Fuerza Pública actúa con firmeza para devolver la tranquilidad a la región”, agregó el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

Amenazas a los firmantes de paz

En conversación con EL TIEMPO, Diego Ferney Tovar Henao, conocido como Federico Montes, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) que la próxima semana se plantará frente al Consejo de Seguridad de la ONU, habló sobre las amenazas que los firmantes habían recibido meses antes del ataque y de la responsabilidad del Gobierno en esta crisis de violencia. 

“Habíamos advertido que no definir claramente las reglas en el manejo de las mesas negociación con los diferentes actores armados de cara a la población firmante, a las comunidades, a los procesos organizativos y los territorios, podría generar una agudización de los hechos de violencia”, aseguró Tovar.

Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, dice que el inicio de una guerra en el Catatumbo tiene antecedentes que pasan por la confrontación que hubo entre 2018 y 2019 entre Eln y Epl, quienes se enfrentaron por el control de territorios y rentas que había dejado el Frente 33 de las antiguas Farc al desmovilizarse. 

“Esa guerra la ganó el Eln y significó la virtual desaparición del EPL”, apunta. “La Defensoría (...) ya había advertido sobre la eventual confrontación armada entre estos actores armados. En estos documentos quedaba en evidencia que el acelerado crecimiento y expansión del Frente 33 estaba produciendo tensiones con el Eln por la administración de rentas ilegales y el control sobre territorios y comunidades que el Eln consideraba suyos”, añade el académico.

Jorge Mantilla, experto en conflicto, considera que el incremento de las tensiones entre grupos armados en esa zona se debe a disputas por territorio y rentas ilícitas del narcotráfico y la extorsión. “De alguna manera también es un coletazo del conflicto que se ha venido presentando en Arauca desde hace ya varios años y particularmente la intención del Eln, con el apoyo del gobierno venezolano, de convertirse en el actor más importante de la frontera”, indica.

Desde 2020, el Eln, según fuentes de inteligencia, había restringido la entrada de compradores de pasta base de coca, lo que provocó la reacción de disidencias. “El reto fundamental es entender que ambas organizaciones parecen haber iniciado una confrontación muy grave que tiene como víctimas a los pobladores de esa región”, enfatiza Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.

Tres preguntas a William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

¿Cómo está la situación en el Catatumbo tras el recrudecimiento del conflicto entre la estructura 33 de las disidencias del ‘Estado Mayor de los Bloques’ (Emb) y el Eln?

Es muy triste, estamos hablando de 23 muertos, según un informe de la Defensoría del Pueblo del jueves, y nosotros tenemos ya información en el terreno que dice que ya superan los 40 muertos. Una cifra de más de 20 heridos, seis de ellos pudieron ser evacuados por el Ejército Nacional, y la población de varios municipios confinada y buscando corredores humanitarios para lograr salir y desplazarse hacia Ocaña y Cúcuta. 

¿Qué medidas se adoptaron tras las recomendaciones que dio la Defensoría del Pueblo en distintas alertas tempranas para evitar, precisamente, que se presentaran estas confrontaciones en el territorio?

Se sacaron comunicados, no solo para el Eln y las disidencias de las Farc, sino también para el Gobierno Nacional, para que, en ese momento en que estaban las mesas de negociación, se pudiera escalar la problemática. También lo hicimos con la Iglesia, en los diferentes consejos de seguridad, en los que siempre lo primero que recalcamos a las Fuerzas Militares fue la posibilidad de proteger a la sociedad civil en el evento en que se presentara esta situación. Intentamos por todos los medios que no se diera esta situación, pero no se llevó el mensaje a cada una de las mesas, no fuimos escuchados. Debemos entrar a atender a la población afectada.

¿Qué está desatando esta guerra en Catatumbo entre las disidencias y el Eln?

La situación es una disputa territorial porque en el Catatumbo tenemos más de 52.000 hectáreas de coca. Ahora que se ha reactivado ese negocio ilícito, obviamente, empieza toda una disputa del territorio. Esto debemos sumarlo al hecho de que el Eln estaba en una mesa de negociaciones y las disidencias de las Farc, en otra. Pero con las disidencias se ha continuado, hay un cese bilateral, y con el Eln se suspendió.

STEFANÍA LEÓN, MELISA MÚNERA y JESÚS BLANQUICET

Redacción Justicia y Nación