En 10 años, hubo 446 solicitudes de localización de colombianos en México: familias claman por sus desaparecidos

Wendy Henao ha tocado todas las puertas posibles para encontrar a su hermana. En 9 meses ha acudido a la Cancillería, a la Fiscalía de Colombia y de Tijuana, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Cruz Roja y hasta instauró una acción ante las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía no hay rastro de Lizeth Yoana Henao Orjuela, desaparecida desde el 4 de julio de 2024 en México.

Entre 2014 y 2025 (con corte al 4 de marzo) la Cancillería ha recibido 446 solicitudes de asistencia para localizar a connacionales en México, según datos proporcionados por el Ministerio a EL TIEMPO. Esa cifra representa el 17,7 por ciento del total de 2.520 solicitudes recibidas en ese período. Fue el país con más solicitudes reportadas, seguido por Estados Unidos (407), España (307) y Ecuador (219).

Según la información, proveniente de la base de datos del Sistema Integral de Atención al Ciudadano –Sitac– se registraron, en México, 200 casos de presunta desaparición en ese periodo (en esta subcategoría lo siguen España y Ucrania con 121 y 109 casos, respectivamente). En la subcategoría de “pérdida por causa no determinada”, que refiere a casos en los que las autoridades no determinaron si la persona estaba desaparecida de manera forzada o si se trataba de otro tipo de circunstancia, se contabilizaron 241 en México. Finalmente, en la subcategoría de “ruptura de contacto familiar”, que podría referirse a casos en los que las personas han perdido contacto con sus familias por razones personales o no criminales, se reportaron 5 casos.

“Nos sentimos totalmente solas. El Estado no se preocupa por representar y hacer que haya justicia para los colombianos, nos dieron la espalda total. Por eso tuvimos que acudir a la ONU”, señala Wendy sobre el caso de su hermana.

Paola Morales es la presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California. Hace siete meses (el 30 de septiembre de 2024) viajó hasta Ciudad de México, concretamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí, el presidente Gustavo Petro iba a dar una conferencia sobre cambio climático. Cuando terminó, Paola se acercó y le entregó una carpeta con varios documentos y denuncias. Entre esos, un informe sobre las principales problemáticas en materia de derechos humanos de la población colombiana en México.

Ese documento que recibió el Presidente señala que hay 158 personas colombianas en la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (RNPDNO, por sus siglas). Estas personas desaparecieron principalmente en Ciudad de México (24 por ciento), Quintana Roo (11 por ciento), Veracruz (8 por ciento) y Michoacán (7 por ciento).

El informe, elaborado por Migrante 33, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, indica que, para dicha fecha, en ese grupo de personas había 31 mujeres (20 por ciento) y 127 hombres (80 por ciento). Asimismo, se observa una mayor concentración en adultos jóvenes, de 26 a 35 años.

“Se lo entregamos a la Cancillería, se lo entregamos al presidente Petro como un grito de auxilio y nadie responde. Nadie responde”, asegura Paola.

EL TIEMPO contrastó con datos de Medicina Legal. El sistema del instituto reportó 31 casos de colombianos desaparecidos en México en 2024: 10 mujeres y 21 hombres. De esos, 6 mujeres y 19 hombres siguen desaparecidos, mientras que 4 mujeres y un hombre aparecieron vivos. Uno fue hallado muerto. En 2025 se ha reportado un caso hasta el momento. Entre 2020 y 2025 se reportaron en total 93 casos.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aproximadamente 30 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría mujeres, salieron a protestar al Zócalo, la icónica plaza de la Ciudad de México. Con velas y pancartas, clamaron por Lizeth Yoana Henao (2024), Mabel Yulieth Chacón (2023), Yiseth Ramírez Rojas (2022), Yesly Tatiana Gómez Guisao (2018), Tatiana Zuluaga (2021), Nataly Ángel Sáenz (2021), Jakelin López Patiño (2014), Alia Vanesa Uribe (2013) y María Camila Díaz Grajales (2025), todas víctimas de desaparición.

Qué hay detrás

Lizeth Yoana Henao es chef de profesión. En 2022 recibió una oferta laboral para ir a trabajar a Cancún y, movida por el sueño de aprender de la gastronomía mexicana, decidió irse del país. A mitad de ese año cambió de trabajo y se mudó a Playa del Carmen. Allí conoció a una mujer mexicana quien, tras volverse su pareja, la convence de irse juntas a Tijuana.

Al cabo de unos meses se casaron, pero a partir de entonces todo se comenzó a torcer para Lizeth. “La pareja la golpeaba, la maltrataba. En junio de 2024 llegan a la conclusión de que se van a divorciar y terminan en muy malos términos”, cuenta su hermana.

En busca de un nuevo rumbo, Lizeth tomó la decisión de trasladarse a Playas de Rosarito. El 4 de julio, antes de salir para dicho municipio, le dijo a su madre y a su hermana: “Cuando llegue las llamo”. Han pasado 9 meses y la llamada nunca llegó. Hoy, Wendy señala a la expareja de su hermana como la principal sospechosa de la desaparición de su hermana.

“En las relaciones amorosas entre mexicanos y colombianos también existen muchas desapariciones. La violencia intrafamiliar que no es visible ante las autoridades porque el migrante generalmente decide no denunciar y tiene miedo porque está ilegal, o porque lo amenaza su pareja”, asevera la presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California.

A inicios de abril, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda (CLB), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), el colectivo Fuerzas Unidas Hasta Encontrarles y familiares, se realizaron acciones en puntos estratégicos de Tijuana y en el municipio de Playas de Rosarito, con el objetivo de recabar información que permita localizar a Lizeth Yoana. Durante la brigada se entrevistó a personas que se encontraban en los lugares en donde se tiene información que fue vista por última vez, asimismo se colocaron boletines de búsqueda en las principales vialidades y negocios de las áreas visitadas.

Según Migrante 33, en México, al ser un país fronterizo y de tránsito hacia Estados Unidos, existe una serie de problemas que conllevan graves violaciones de derechos humanos de las personas migrantes. Esta población, no solo colombiana, vive expuesta a la extorsión, el secuestro (con fines diversos), redes de trata, homicidios y feminicidios, además de la desaparición forzada.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de México, entre enero y octubre de 2024, 108 extranjeros manifestaron ser víctimas o testigos de secuestro (31 casos), delitos de tráfico ilícito de personas migrantes (24 casos) o trata de personas con otros fines (18 casos). En ese reporte, quienes más manifestaron ser víctimas o testigos de alguno de estos delitos fueron ciudadanos colombianos (27) con el 25 por ciento. Los siguieron los hondureños (21), chinos (13) y guatemaltecos (12).

Ahora bien, la abogada Graciela Zamudio, fundadora y directora ejecutiva de Alma Migrante, una asociación civil dedicada al diseño e implementación de estrategias de acceso a la justicia de la población migrante en México, asegura que los migrantes no solamente son acechados por los delincuentes, sino también por el Estado.

“Lo que nos dicen los migrantes y diferentes actores de la sociedad es que las policías están involucradas. Hemos tenido casos en donde las autoridades amenazan a personas colombianas de ser masacradas o encobijadas”, expone. En México, encobijar a una persona en este contexto significa envolver su cuerpo en una cobija para poder propiciarle golpes sin dejar rastros de moretones.

El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas anunció que solicitará información al Estado mexicano para documentar y analizar si existe una práctica de desaparición forzada de forma generalizada y sistemática.

La respuesta de autoridades

Ante este panorama, Paola Morales asevera que las respuestas del Consulado de Colombia y la Cancillería no son óptimas y sus protocolos, lejos de facilitar la atención, la obstaculizan. Ella es una de las personas que más puso bajo lupa la labor del ahora excónsul Andrés Hernández. “Nos mandaron un cónsul sin ninguna capacitación, sin ninguna preparación en derechos humanos. A nosotros nos llaman terceros. Andrés Hernández siempre dijo que con terceros no trabajaba, pero resulta que nosotros los terceros somos los que conocemos realmente cuáles son las necesidades de la comunidad”, comenta.

Este diario consultó en la Cancillería por las acciones adelantadas en México frente a las desapariciones y desde el Ministerio se limitan a decir que se hacen los respectivos seguimientos a lo que sucede en el país centroamericano con los connacionales. En la última visita de la canciller Laura Sarabia a Ciudad de México, se acordó mejorar las condiciones para los colombianos que entran legalmente a México, pues las inadmisiones son otra problemática que se presenta desde hace un tiempo. Hace poco se posesionó como embajador el exdirector de Migración Colombia, Fernando García Manosalva. En el consulado asumiría el periodista Alfredo Molano Jimeno.

“La impunidad en México y las problemáticas en instituciones como el Instituto Nacional de Migración (Inami) se cobija con los silencios institucionales de la Cancillería colombiana, que nunca ofrece posturas o defensas claras hacia nuestros connacionales”, se lee en el informe que recibió el presidente Petro hace siete meses.

El 28 de marzo fue el cumpleaños 35 de Lizeth Yoana Henao. “La extrañamos demasiado, todos los días”, expresa su hermana Wendy. Tanto ella como su madre todavía esperan avances en las investigaciones de las autoridades, sobre todo las internacionales.

JUAN PABLO PENAGOS
Redacción Política