Empresas mineras tienen demandada a Colombia por más de US$ 1.300 millones: estas son las razones

Varias empresas mineras han tomado la decisión de demandar a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque sus operaciones en Colombia se han visto afectadas por decisiones judiciales y temas de orden público.

En total, las demandas suman más de 1.300 millones de dólares (aproximadamente 5,5 billones de pesos) y fueron presentadas por cuatro compañías internacionales que están dedicadas a la producción de carbón y oro en el país.

Una de estas demandas es la que presentó en el 2021 Glencore, dueña de Cerrejón, porque una decisión de la Corte Constitucional sobre la desviación del arroyo Bruno habría generado afectaciones a su inversión en esta empresa.

Específicamente, en noviembre de 2017 la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del cauce del arroyo Bruno que adelantaba Cerrejón para expandir sus operaciones de explotación de carbón en La Guajira.

Por estas afectaciones, Glencore espera que el Estado colombiano le page una compensación de 489 millones de dólares, convirtiéndose en el pleito minero más grande que enfrenta actualmente el país. 

Glencore también tiene demandada a Colombia desde noviembre del año pasado por un tema relacionado con Prodeco, empresa de la cual es propietaria y que en 2021 decidió cerrar sus minas de carbón Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el Cesar.

Está reclamando una compensación que supera los 70 millones de dólares por las demoras en la liquidación de los contratos de concesión de Calenturitas y La Jagua, y por medidas relacionadas con la post consulta previa a la comunidad indígena Yupka establecidas en una sentencia de la Corte Constitucional.

Otra minera que tiene demandada a Colombia es Zijin-Continental Gold, dueña de la mina de oro Buriticá, ubicada en el departamento de Antioquia y que comenzó su etapa de producción en el segundo semestre de 2020.

El pleito está relacionado con supuestas omisiones del Estado colombiano frente a actividades de minería ilegal y presencia de grupos armados al margen de la ley en su mina Buriticá.

La demanda fue registrada en julio de este año ante el Ciadi y la empresa está reclamando 430 millones de dólares, según datos reportados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El cuarto pleito lo protagoniza Aris Mining y comenzó en el 2018 porque la empresa argumenta supuestas omisiones del Estado ante disturbios en la zona minera de Segovia y Marmato, en Antioquia, donde están ubicadas sus minas de oro.

Además, asegura que sus operaciones se han visto afectadas por la falta de decisión sobre los recursos de amparo presentados por la compañía, y la invasión a las zonas de los títulos mineros del inversionista por parte de mineros "ancestrales". Sus pretensiones por estas afectaciones ascienden a 383,4 millones de dólares.

Adicional a los pleitos internacionales, en Colombia avanza un arbitramento por 152.000 millones de pesos porque Minera El Roble demandó a la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El Roble es la única mina de cobre que produce cobre en el país y en el segundo trimestre del año reportó 3,7 millones de libras, un incremento del 32 por ciento frente a la producción de hace un año.

La empresa reclama una modificación en las prestaciones del contrato minero que hizo la ANM de forma unilateral, específicamente en lo relacionado con el pago de regalías por la producción de cobre.

Ha generado afectaciones económicas y problemas reputacionales

Según manifestó Minera El Roble, esta situación ha generado afectaciones económicas y problemas reputacionales para la compañía y sus accionistas, que le han causado "enormes pérdidas económicas".

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también reporta que al cierre del primer semestre del año existían 43 procesos judiciales activos de empresas mineras contra entidades estatales, incluida Ecopetrol.

Las pretensiones de estos procesos ascienden a 3,82 billones de pesos y los demandantes argumentan una indebida planeación y toma de decisiones para el objetivo del proyecto minero e indebidas modificaciones e interpretaciones unilaterales realizadas por las autoridades.

También, incumplimientos en las condiciones contractuales pactadas, ejecuciones contractuales que implicaban sobrecostos, órdenes de trabajo adicionales que exceden el valor inicial del contrato y afectaciones al goce de un ambiente sano y daños ambientales.

La mayoría de estos procesos (39 por ciento) están relacionados con ilegalidades en el acto administrativo proferido por alguna autoridad, pues los demandantes rechazan modificaciones hechas a los contratos de concesión minera. Suman 369.000 millones de pesos.

Entre estos procesos, se destaca uno de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Ladrillera Prisma y Ladrillera Zigurat en contra de la Agencia Nacional de Minería (ANM), por 154.000 millones de pesos. Este proceso está relacionado con la actividad minera de las ladrilleras en el suelo y subsuelo de los predios del Parque Entrenubes de Bogotá, en la localidad de Usme.

Mientras que, en el caso de los procesos con las pretensiones más altas, se destacan los asociados a los actos administrativos que han negado licencias de explotación minera y de hidrocarburos, con una participación del 51 por ciento en el total de las pretensiones.

El caso más relevante es el de Projects of Energy Investment contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas y Energía por 1,9 billones de pesos.

Este proceso está relacionado con unas resoluciones que expidió el Ministerio de Minas y Energía en el 2015 para negar la explotación de hidrocarburos sobre los yacimientos de petróleo y gas natural (incluyendo el pozo Buenavista-1), ubicados en los municipios de Pivijay, Salamina y Remolino, en el departamento de Magdalena.